La Gestión del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que administraron organizaciones cercanas a Juan Grabois durante el Gobierno de Alberto Fernández fue uno de los primeros blancos de la admiración libertaria. Las acusaciones de corrupción habilitaron el recorte presupuestario. Seis meses después la SIGEN determinó mediante una auditoria que no hubo delitos.
En los albores del gobierno de Javier Milei la estrategia fue clara y se extendió por casi todos los brazos del Estado: frenar el financiamiento de áreas y programas ante la aparición de supuestos casos de corrupción. La operación incluía poner en marcha auditorias y ejecutar el recorte. Así pasó con el FISU, así pasó con la compra de alimentos para los comedores, con el INADI, el INCAA y siguen las firmas.
En ninguno de los casos, las causas avanzan, pero los fondos no vuelven. La victoria estratégica a corto plazo del gobierno es evidente. Demonizar a un sector, en consonancia con el pensamiento de su base electoral, y avanzar con la motosierra.
Cambio de lógica y el olvido del FISU
Esa lógica surgida del mismo laboratorio que la candidatura dio sus frutos durante seis meses. La sanción de la ley bases parece haberlo cambiado todo. El foco salió del Congreso y se posó sobre la economía. En ese contexto el nuevo enemigo elegido es el exministro de Economía Sergio Massa. Por el momento los movimientos sociales parecen haber salido del radar.
Más allá de eso, con el visto bueno a la gestión de la SIGEN, lo esperable sería que el FISU vuelva a funcionar. Sin embargo, nada hace pensar que eso pueda llegar a suceder.
Juan Grabois ya no es el enemigo público número 1 del Gobierno. La discusión pública vira hacia otro lugar. Más allá de eso la reconstrucción de lo destruido llevará tiempo, por lo menos así lo entienden los referentes de los movimientos sociales. “El daño en lo público lo han terminado de construir y el daño que han hecho sobre las cooperativas es irreparable”, sostuvo en diálogo con El Observador el titular de la UTEP, Alejandro Gramajo. En tanto, al respecto del informe de la SIGEN, el dirigente sostiene: “El informe de la SIGEN es bueno, los deja sin argumentos legales”.
Más allá de los trascendidos, que en buena parte tienen que ver con la propia interna que empieza a atravesar el espacio libertario, aún no hay muestras de reactivación concreta de la política pública que llevaba adelante el FISU.
Desde los movimientos sociales entienden que la presión puede dar resultado para reactivar el programa, algo parecido a lo que sucedió con los alimentos. En sintonía con lo que empieza a percibir casi todo el arco político, el Gobierno comienza a mostrar síntomas de debilidad que pueden tener como consecuencia algún retroceso en los recortes. Esa mirada está extendida en diversas organizaciones sociales.
La auditoria de la SIGEN fue contundente y respaldó la visión del actual secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, quien había calificado como ejemplar la administración del FISU que ejecutó su antecesora, Fernanda Miño, mano derecha de Grabois.
Caputo y Pettovello no pudieron
Por un lado, la versión oficial dice que sobre esos fundamentos se dejó de lado la intensión de llevar adelante una nueva auditoría. El reclamo que había sido encabezado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y acompañado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quedó en la nada.
Lo cierto es que el recorte ya se hizo, las cooperativas quedaron desmanteladas y que el humor social empezó a cambiar. Bajo ese contexto el Gobierno parece haber decidido darle descanso a su pelea con Grabois y los movimientos sociales y construir en Sergio Massa al nuevo enemigo.
