La Ciudad de Buenos Aires decidió avanzar hacia la eliminación definitiva de los planes sociales bajo su órbita. Así lo anunció el jefe de Gobierno Jorge Macri, con un eje claro: cortar de raíz la intermediación de organizaciones sociales y establecer un vínculo directo entre el Estado y los beneficiarios.
La medida, alineada con la lógica que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei, marca un cambio de paradigma en la política asistencial porteña. "Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo", escribió Macri en su cuenta de X.
El anuncio implica que los programas dejarán de canalizarse a través de estructuras intermedias -cooperativas, movimientos sociales o unidades de gestión- para pasar a un esquema de asignación directa. El objetivo es terminar con lo que el oficialismo denomina “intermediarios” o “gerentes de la pobreza”, una figura cuestionada desde hace años en el debate público.
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Un giro en la política social
La decisión no surge en el vacío. En los últimos meses, el Gobierno nacional ya había avanzado en la misma dirección, desarticulando programas como el Potenciar Trabajo y reemplazándolos por esquemas más focalizados, como vouchers de capacitación laboral para cerca de 900 mil beneficiarios.
En ese contexto, la Ciudad se acopla a una tendencia más amplia: reducir la transferencia monetaria directa sin contraprestación y reemplazarla por herramientas orientadas a la inserción laboral o la asistencia sin mediación política.
El trasfondo es tanto ideológico como operativo. Desde el oficialismo sostienen que el sistema anterior generaba dependencia y estructuras paralelas de poder. Informes previos señalaban que las unidades de gestión -muchas en manos de organizaciones- implicaban costos millonarios y un circuito burocrático que no lograba traducirse en inserción laboral genuina.
Impacto en empleo y lectura política
El fin de los planes sociales en la Ciudad tiene varias lecturas. En lo inmediato, representa un recorte en el esquema tradicional de asistencia y una redefinición del rol estatal: menos transferencia directa y más énfasis en la “autonomía” del beneficiario.
Pero el impacto más profundo es político. La eliminación de intermediarios golpea el poder territorial de las organizaciones sociales, históricamente vinculadas al peronismo y a los movimientos piqueteros, que durante años administraron programas y construyeron capacidad de movilización a partir de ellos.
No es un dato menor: el manejo de los planes fue una herramienta clave de articulación social en contextos de crisis. Su desmantelamiento abre interrogantes sobre cómo se reorganizará ese entramado, especialmente en un escenario económico todavía frágil.
La incógnita social
La apuesta oficial es que la eliminación de intermediarios reduzca distorsiones, mejore la transparencia y promueva una salida hacia el empleo. Sin embargo, el interrogante es si el nuevo esquema -más directo pero potencialmente más limitado- alcanzará para sostener a los sectores más vulnerables en el corto plazo.
En ese equilibrio entre eficiencia y contención social se juega, en buena medida, el éxito o el costo político de la medida. Porque detrás del “chau intermediarios” hay un rediseño profundo del vínculo entre el Estado, la política y la pobreza.
