El Gobierno británico ha sacado a la luz un conjunto de documentos históricos relacionados con el nombramiento del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor como enviado comercial en el año 2001. Los archivos publicados demuestran que no se realizó ningún tipo de investigación, auditoría o verificación de antecedentes sobre su persona para identificar posibles conflictos de interés o riesgos reputacionales antes de otorgarle el cargo.
El ministro de Comercio y Seguridad Económica de Reino Unido, Chris Bryant, ha confirmado en un comunicado que no se han encontrado pruebas de que se llevara a cabo un proceso formal de diligencias debidas, ni indicios de que se hubiera considerado tal posibilidad. Según el titular de Comercio, el nombramiento en aquel momento representaba una continuación de la participación de la Familia Real en la promoción del comercio y la inversión, tras la renuncia del duque de Kent a sus funciones como vicepresidente de British Trade International, la organización gubernamental responsable de la promoción del comercio internacional y la inversión extranjera.
Una petición parlamentaria para esclarecer los lazos con Jeffrey Epstein
La difusión de este lote de documentos por parte del Ejecutivo de Londres responde a una solicitud formal realizada el pasado mes de febrero por los diputados británicos. El objetivo de la Cámara era esclarecer los motivos y las condiciones que propiciaron la designación del expríncipe Andrés, quien ha sido investigado por sus estrechos vínculos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.
Chris Bryant ha detallado la complejidad de reunir dicha información, explicando que hace 25 años los departamentos gubernamentales utilizaban principalmente sistemas de archivo en papel. Esto obligó a las autoridades actuales a localizar los archivos pertinentes, recuperarlos del archivo y realizar búsquedas manuales exhaustivas.
Documentos editados bajo consulta policial y la petición de Isabel II
Muchos de los textos publicados han sido redactados o editados de forma selectiva. El ministro ha justificado estas modificaciones para eliminar información personal y proteger aquellos datos que pudieran perjudicar las relaciones exteriores del Reino Unido. Asimismo, el Gobierno británico realizó consultas directas con la Policía para garantizar que la divulgación de estos expedientes no interfiera ni perjudique las investigaciones en curso.
En los documentos también se ha editado material relativo a las comunicaciones con la Realeza, aunque Bryant ha asegurado ante la Cámara que han actuado con la máxima transparencia. Entre la documentación que ha salido a la luz, destaca una carta del entonces director ejecutivo de British Trade International en la que se revela que fue la difunta reina Isabel II quien solicitó formalmente que su hijo Andrés Mountbatten-Windsor fuera nombrado enviado comercial del país.
El Gobierno británico defiende que la falta de auditoría "era la norma"
Durante su comparecencia ante la Cámara de los Comunes, el ministro de Comercio se enfrentó al escrutinio de los parlamentarios y defendió las prácticas de la época, argumentando que "era la norma" no solicitar auditorías ni investigaciones previas para los miembros de la Corona británica. Bryant ha afirmado que, con los datos disponibles en el año 2001, los ministros no habrían tenido la capacidad de identificar los vínculos del príncipe Andrés con Epstein.
De igual forma, ha querido marcar distancias con el funcionamiento actual de la institución, aclarando que los enviados comerciales de hoy en día distan mucho de las atribuciones y el estatus que poseía el expríncipe, dado que en la actualidad son miembros del Parlamento y están estrictamente sujetos a su código de conducta. El ministro dio por cerrada la investigación documental al asegurar que se ha publicado todo lo relacionado con ese período y que no es probable que el Gobierno del primer ministro Keir Starmer emita nuevos informes al respecto.
Ampliación de la investigación policial por conducta sexual indebida
En paralelo a las revelaciones parlamentarias, la Policía del valle del Támesis (TVP) ha emitido un llamamiento público urgente para recabar información sobre la investigación abierta al expríncipe tras su detención en febrero. Las autoridades han querido aclarar el alcance real de las pesquisas ante la percepción pública de que el caso se limitaba a la filtración de información confidencial hacia Jeffrey Epstein durante el periodo en que Andrés ejerció como representante comercial (2001-2011).
El subdirector jefe de la TVP, Oliver Wright, ha advertido en un comunicado de que el delito de conducta indebida en cargo público es un proceso complejo que puede adoptar diferentes formas. Según la definición legal británica, este cargo abarca desde la corrupción, el abuso de posición, el fraude o los conflictos de interés, hasta la conducta sexual indebida.
Actualmente, un equipo de detectives experimentados trabaja meticulosamente sobre una cantidad significativa de información recibida. Además, la Policía británica ha solicitado formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos el acceso a las versiones originales de los expedientes del 'caso Epstein' y se encuentra a la espera de una respuesta oficial.
Los vínculos con la trama de Epstein y la pérdida de títulos oficiales
La investigación penal se nutre de los denominados 'archivos Epstein' difundidos el año pasado en Estados Unidos, los cuales sugieren que el antiguo duque de York pudo remitir información confidencial del Gobierno británico al pederasta estadounidense y millonario empresario Jeffrey Epstein, quien falleció en prisión en 2019.
A esto se suman las numerosas evidencias fotográficas y la denuncia de la estadounidense Virginia Giuffre, quien acusó a Andrés de haber abusado sexualmente de ella en tres ocasiones en 2001, cuando era menor de edad, bajo la intermediación del magnate. Aunque el expríncipe siempre ha negado las acusaciones, en 2022 desembolsó un acuerdo millonario extrajudicial para frenar la demanda civil en EE.UU. presentada por Giuffre, fallecida en abril de 2025.
A pesar de que el investigado mantiene su inocencia, el avance de las revelaciones judiciales motivó al rey Carlos III a retirarle de forma definitiva todos sus títulos oficiales el pasado mes de octubre y a exigirle el desalojo inmediato de Royal Lodge, la residencia que ocupaba en los terrenos del castillo de Windsor.
