Lo que importa
- El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires dispuso el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero por un valor actualizado de $684.990.350.139,86 en el marco de la causa Vialidad, alcanzando a Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner, otros condenados y sociedades vinculadas, así como a Máximo y Florencia Kirchner.
- La medida incluye 20 propiedades de la familia Kirchner (un inmueble a nombre de la ex presidenta y 19 cedidas a sus hijos) y más de 80 propiedades de Báez, incluyendo inmuebles de las empresas utilizadas en la maniobra defraudatoria.
- El monto inicial de $84.835.227.378,04 fijado en la sentencia de diciembre de 2022 fue actualizado por peritos oficiales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema. El tribunal intimó el pago voluntario y, ante el incumplimiento, ordenó la tasación y ejecución de los bienes.
- El tribunal consideró que la sentencia firme acreditó beneficios económicos directos e indirectos para Báez y la familia Kirchner derivados de la adjudicación y ejecución irregular de contratos de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó todos los reclamos de Cristina Kirchner contra la intimación al pago y la competencia del tribunal, habilitando así esta ejecución patrimonial que constituye la primera resolución para hacer efectivo el decomiso.
Contexto
¿Qué dispuso el Tribunal Oral Federal 2?
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires dispuso el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero por un valor actualizado de $684.990.350.139,86 en el marco de la causa por administración fraudulenta contra el Estado, según la resolución firmada el 18 de noviembre de 2025. La medida alcanza a Lázaro Antonio Báez, Cristina Fernández de Kirchner, otras personas condenadas y sociedades vinculadas, así como a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner en calidad de titulares de bienes identificados en el proceso.
Integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, el TOF 2 que ejecuta la pena resolvió que se debe proceder con la ejecución de bienes con la finalidad de que los nueve condenados en la causa Vialidad respondan con sus respectivos patrimonios, de forma solidaria, hasta cubrir la cifra exacta de $684.990.350.139,86.
¿Cómo se llegó a ese monto?
La sentencia, que adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente el decomiso en $84.835.227.378,04, monto que fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal adoptó la metodología de actualización propuesta y requirió el pago del monto actualizado a los condenados, quienes no cumplieron con la intimación.
El 15 de julio, el TOF 2 intimó a Cristina Kirchner, Báez, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti y los demás condenados por haber defraudado al Estado desde 2003 a 2015, a que paguen voluntariamente —como estipula la ley— el monto fijado como decomiso actualizado. Para entonces, el daño ocasionado en la sentencia condenatoria de diciembre de 2022 ascendía a $85.000 millones de pesos. Los peritos contables de la Corte Suprema indicaron que el valor actual es aquel por el cual se cursó la intimación.
El plazo impuesto por el tribunal para el pago del decomiso fue de diez días hábiles. Como nadie depositó en la cuenta correspondiente el dinero exigido, se puso en marcha la instancia siguiente: la ejecución patrimonial hasta cubrir los $685.000 millones de pesos.
¿Qué bienes quedan alcanzados por el decomiso?
El decomiso dispuesto incluye bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL, así como propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner. También se prevé la realización de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich en caso de que los activos decomisados inicialmente resulten insuficientes para cubrir el monto fijado.
En total son 20 propiedades que perderá la familia Kirchner: un inmueble inscripto a nombre de la ex presidenta y 19 propiedades que fueron heredadas a título gratuito y en partes iguales, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Lázaro Báez perderá más de 80 propiedades e incluso inmuebles que son propiedad de las empresas utilizadas para la maniobra defraudatoria alrededor de las 51 licitaciones viales otorgadas.
Una decisión importante que tomó el tribunal fue consolidar el lapso en el que se cometió el delito, lo que como consecuencia despeja qué bienes puede ser alcanzados por el decomiso, es decir aquellos incorporados al patrimonio durante el tiempo que duró la maniobra delictiva, entre 2003 y 2015.
La Fiscalía individualizó bienes inmuebles adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período delimitado por el tribunal como relevante para la maniobra delictiva.
¿Cuáles son las propiedades específicas de la familia Kirchner?
En este primer listado, se detalló que la ex presidenta perderá el hotel Los Sauces Casa Patagónica, lindante a la residencia de Cristina Kirchner en El Calafate, y un complejo de departamentos en Río Gallegos construido por Lázaro Báez para la inmobiliaria de la familia Kirchner.
El listado incluye terrenos y otras propiedades radicadas en la ciudad de El Calafate, que fueron cedidas en partes iguales a Máximo y a Florencia Kirchner. Se trata de inmuebles comprados por Néstor Kirchner entre 2006 y 2010.
Todos los departamentos del complejo ubicado en Río Gallegos, sobre la calle Mitre 535, fueron adquiridos por Néstor Kirchner el 10 de abril de 2007. Se trata de un edificio que construyó Lázaro Báez y que se concretó con la firma de un fideicomiso.
Otra de las propiedades se encuentra, también en la capital santacruceña, sobre la calle 25 de Mayo 255, un inmueble que compró el ex presidente el 6 de septiembre en 2010.
Sobre la avenida principal de Río Gallegos, "Presidente Néstor Kirchner" 490, se encuentra otro inmueble que el Ministerio Público Fiscal quiere ejecutar. El mismo fue obtenido por el ex mandatario el 22 de septiembre de 2006.
Las últimas dos propiedades se ubican en El Calafate: la primera fue adquirida el 7 de diciembre de 2007 por Néstor Kirchner y el 20 de febrero del año siguiente se sumó otro terreno. Este último después fue cedido por Cristina Kirchner a Lázaro Báez a cambio de otro terreno que otorgó el dueño del Grupo Austral para que la ex presidenta amplíe su hotel boutique Casa Patagónica Los Sauces.
¿Qué argumentó el tribunal para disponer el decomiso?
El tribunal consideró que la sentencia firme acreditó la existencia de beneficios económicos directos e indirectos para Báez y la familia Kirchner derivados de la adjudicación y ejecución irregular de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Según la resolución, el decomiso alcanza los bienes que constituyen instrumentos, efectos o provecho del delito, incluso si se encuentran en poder de terceros, salvo que estos sean adquirentes de buena fe y a título oneroso.
En su fallo, los jueces del TOF 2 resaltaron que la maniobra defraudatoria corroborada "tuvo su correlato en un resultado material concreto, un cambio objetivo en la realidad, claramente verificable: el dinero ilícitamente obtenido –proveniente de la competencia aparente y la cartelización de la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz (colusión), de los sobreprecios en la adjudicación de las obras licitadas, de la permisividad con la que eran analizadas las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo, y de los anticipos financieros y pagos anticipados otorgados en favor de Austral Construcciones SA".
Se tuvo en cuenta los múltiples acuerdos comerciales celebrados entre la ex presidenta y Lázaro Báez mientras éste se constituía en el principal adjudicatario de obra pública vial en suelo patagónico bajo un circuito amañado e irregular.
¿Por qué alcanza a Máximo y Florencia Kirchner?
Respecto a los bienes cedidos a Máximo y Florencia Kirchner por parte de la ex mandataria, los jueces explicaron que son alcanzados por el decomiso, porque "la finalidad de la medida, respecto de terceros ajenos y sociedades beneficiadas por el delito, consiste en restituir los bienes ilícitamente obtenidos –y sus derivados– al Estado como legítimo propietario, y al mismo tiempo en reparar a la sociedad por los daños materiales y simbólicos derivados de la conducta delictiva".
El TOF 2 señaló que en lo que respecta a los bienes que fueron individualizados y se encuentran en poder de sujetos no condenados, como Máximo y Florencia Kirchner, "el decomiso únicamente comprenderá los casos de personas jurídicas beneficiadas por el producto o el provecho del delito, así como de terceros que los hubieren recibido a título gratuito".
Como se probó, esta interconexión económica —de innegable existencia entre ambas partes— "se tradujo en diversos negocios –concretos, documentados y comprobados– que trascendieron el marco de una simple relación comercial y que, en lo que aquí resulta relevante, tuvieron como fuente originaria los fondos dinerarios provenientes de las contrataciones públicas convenidas de manera fraudulenta en favor de las empresas controladas por Lázaro Báez, con una especial coordinación entre ambos".
¿En qué marco legal se sustenta el decomiso?
La decisión se fundamenta en la normativa nacional e internacional, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que establecen la obligación de recuperar activos provenientes de delitos de corrupción. El tribunal estableció que el decomiso puede recaer sobre bienes transformados, sustituidos o mezclados con activos de origen lícito, siempre que exista una vinculación razonable y temporalmente concomitante con el delito fuente.
El decomiso de los efectos del delito por el que fueron condenados Lázaro Antonio Báez y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner "debe alcanzar sus bienes, de cualquier índole, cuando sean 'instrumentos, efectos o el provecho obtenido', con independencia de que se encuentren en poder del imputado o de terceros, salvo cuando éstos son de buena fe y los adquirieron a título oneroso".
Cómo sigue
El tribunal ordenó la tasación y ejecución de los bienes incluidos en el decomiso, dando prioridad a aquellos en poder de los condenados y de las sociedades identificadas en la maniobra delictiva. La resolución señaló que los bienes decomisados deben ser inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.
El tribunal comunicó la resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que determine el destino de los inmuebles, conforme al reglamento vigente. Las propiedades ejecutadas a los condenados del caso Vialidad pasarán bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia.
La resolución aclara que la Fiscalía mantiene la facultad de identificar nuevos bienes susceptibles de decomiso durante la ejecución de la sentencia, siempre que cumplan con los parámetros fijados por el tribunal. Fuentes judiciales indicaron a Clarín que vendrá una segunda etapa con más propiedades. El proceso de realización de los bienes se realizará conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
