El pasado viernes, poco antes de que finalizara el horario judicial, la jueza Laura Bruniard dictó el procesamiento de cinco personas relacionadas con el fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction.
El 16 de octubre, Payne se precipitó desde el balcón de su habitación en el hotel CasaSur de Palermo, mientras atravesaba una crisis de salud mental que, según las autoridades, fue desencadenada por el consumo de alcohol y cocaína, tanto inhalada como fumada. Estas sustancias reaccionaron con sertralina, un antidepresivo que había en su organismo.
Rogelio Nores, el empresario que estaba con Liam Payne durante su visita al país, fue procesado por homicidio culposo, según lo estipulado en el artículo 84 del Código Penal, que se refiere a la “imprudencia” o “negligencia” que resulta en la muerte de una persona. Este delito conlleva una pena de hasta cinco años de prisión, pero es excarcelable. También recibieron la misma acusación Gilda Martín y Esteban Reynaldo Grassi, quienes ocupaban los cargos de gerente y jefe de recepción del hotel, respectivamente. Esta decisión se produce tras la rigurosa investigación llevada a cabo por el fiscal Andrés Madrea, que incluyó el examen de 800 horas de grabaciones de cámaras de seguridad y otras evidencias, convirtiéndose en una de las indagaciones más exhaustivas en la memoria reciente.
Braian Paz, un camarero de un restaurante en Puerto Madero, y Ezequiel Pereyra, empleado del hotel CasaSur, fueron procesados por la venta de drogas a Liam, enfrentando el cargo de suministro de estupefacientes a cambio de dinero. La jueza Bruniard solicitó la prisión preventiva para ambos acusados.
Bruniard declaró que “se le atribuye responsabilidad penal respecto de la muerte de Liam James Payne mediante la ejecución de acciones y omisiones en el período previo y contemporáneo a la muerte". Esta afirmación está incluida en una resolución publicada en Fiscales, la plataforma de noticias del Ministerio Público Fiscal, del cual forma parte Madrea, quien había solicitado una acusación más severa contra el empresario, específicamente por abandono de persona seguido de muerte, que conlleva una pena de hasta 15 años. Es probable que Madrea presente un recurso en los Tribunales para intentar revertir esta decisión.
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Liam Payne junto a Rogelio Nores
Con esta decisión, Nores logra evitar una condena de prisión, al menos por ahora, aunque continúa enfrentando una acusación seria en su contra.
De acuerdo con la acusación presentada por Madrea y reproducida por la jueza Bruniard: “El imputado Nores omitió cumplir con sus deberes de cuidado, asistencia y auxilio que tenía respecto a Liam James Payne en razón, no solo de un deber jurídico preexistente sino también con funciones específicas de conducción y acompañamiento personal, coordinadas y aceptadas previamente por la relevancia y actividades propias de su profesión, abandonándolo a su suerte, sabiéndolo incapaz de valerse por sí mismo a sabiendas de que el nombrado sufría múltiples adicciones previas -de alcohol y cocaína-, y teniendo pleno conocimiento del estado de intoxicación, vulnerabilidad e indefensión en el que se encontraba -en razón de su vínculo previo-“.
Así, “no solo omitió ayudarlo colaborando y colocándolo en circunstancias incapacitantes peligrosas para su vida o su salud, incluso permitiendo su continuidad y excesos y/o impidiéndole cursos salvadores al mencionado Payne, sino que además de privarlo de medios concretos para repeler o salir de dicha situación de incapacidad por la adicción".
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Nores, quien optó por no contestar las preguntas de la jueza y en su lugar presentó un documento, sustentó su defensa afirmando que “no era médico, abogado, representante ni acompañante terapéutico de Payne”, y que “los unía una relación de amistad”. En consecuencia, “negó haber facilitado estupefacientes a su amigo”, en contraposición a la acusación inicial hecha por Madrea.
“Expuso que Payne tenía problemas de adicción y nadie podía controlarlo. Asimismo refirió que, a su entender, el padre de su amigo fue quien lo involucró en esta causa por motivos que desconoce”, mencionó, refiriéndose a Geoff Payne, quien fue un testigo fundamental para la fiscalía durante su estancia en el país tras la muerte del famoso cantante. Como evidencia, Geoff entregó a la fiscalía un correo electrónico de la psiquiatra estadounidense que atendía a su hijo, en el cual le advertía a Nores sobre los riesgos de combinar sertralina con alcohol.
Luego, “realizó una serie de consideraciones jurídicas relacionadas a que no tenía posición de garante”.
Más tarde, durante su declaración, Esteban Reynaldo Grassi, quien hizo la llamada al 911 para notificar al SAME sobre la emergencia de salud de Payne, dirigió sus acusaciones hacia Nores. “Nores lo inculpa pero (...) siempre se le informó lo que estaba pasando”, declaró.
La jueza desestimó la acusación de abandono seguido de muerte, ya que, en esencia, Nores no se encontraba en el hotel en el instante en que ocurrió el deceso. “Esa hipótesis debe ser descartada por el hecho que había muchas personas en el lugar donde se produjo el desenlace fatal”, señaló en su resolución. “Tampoco ha sido demostrado que Nores le haya facilitado estupefacientes a Payne aunque el se lo pidiera”, agregó.
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Geoff Payne, padre de Liam
Reuters
Sin embargo, la jueza no tomó por completo en serio las declaraciones del empresario. “Nores es responsable del delito de homicidio culposo como autor dado que había asumido una posición de garante frente a la familia del fallecido”, declaró Bruniard.
“A diferencia de lo que plantea Nores, no se necesita ser familiar para estar en dicha posición. Lo que debe tenerse en cuenta es el vínculo que existía entre las partes y es evidente que este imputado era el referente de contacto de Liam James Payne para el hotel”, continuó Bruniard.
Por otro lado, se señala que Nores “estuvo presente en el hotel instantes antes que se diera la situación de peligro creada por Martin y Grassi”: abandonó el CasaSur a las 16:11 del 16 de octubre, cuando la exposición de Liam era más que evidente.
“En el caso de Nores, debió haberse constituido con un médico dado el compromiso asumido con la familia del fallecido. Ello debió hacerlo sin confiar en lo que pudieren llevar adelante los empleados del hotel”, concluyó.
Aparte de establecer un embargo de 50 millones de pesos sobre el empresario, Bruniard le prohibió salir del país.
