Entre quienes buscaron sin éxito evitar el juicio están Ángelo Calcaterra (primo del expresidente Mauricio Macri), Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, el financista Ernesto Clarens, Juan Orazi, Hugo Dragonetti y Patricio Gerbi.
Intentaron extinguir la acción penal mediante la reparación integral prevista en el artículo 59, inciso 6, del Código Penal, pero se toparon con la férrea oposición de la fiscal de juicio Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera.
El Tribunal consideró "vinculante" la postura de la fiscalía: "Establecido el carácter vinculante de la oposición fiscal a la reparación integral del perjuicio cuando ésta supera las exigencias de debida fundamentación, logicidad y razonabilidad, deviene infructuoso el estudio de discusiones como la procedencia del instituto cuando se trata de delitos contra la administración pública".
Los montos más altos correspondieron a Ángelo Calcaterra, con 1,68 millones de dólares; Ernesto Clarens, con 1,5 millones; y Aldo Roggio, con 1,26 millones. También presentaron propuestas Gabriel Pedro Losi (557.000 dólares), Juan Manuel Collazo (603.000), Héctor Javier Caballero (460.000) y Mario Rovella (494.000).
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Los jueces en la audiencia virtual
Otros oferentes fueron César y Juan Carlos De Goycochea, de Isolux Corsán (1,08 millones); Hugo Dragonetti, de Panedile (960.000); Osvaldo Acosta, de Electroingeniería (295.000); Santiago Altieri, de Iecsa (309.000); Miguel Marconi, de Supercemento (342.000); Rubén Valentí y Enrique Pescarmona, de IMPSA (344.000); y Benjamín Romero, de Hidrovías y Ferrovías (344.000).
También figuraron las propuestas de Patricio Gerbi (139.000), Miguel Aznar (162.000), Claudio Glazman (206.000), Ricardo Scuncia (221.000), Julio Paulecci (256.000) y Jorge Benolol (290.000).
En el caso de los exfuncionarios, Juan Manuel Abal Medina ofreció una suma cercana a los 40.000 dólares, mientras que Fabián García Ramón, exdirector de Energías Renovables, propuso casi un millón. Ambos habían reconocido la recepción de dinero como parte de supuestos aportes de campaña.
Algunos ofrecimientos fueron de escasa entidad: Alberto Taselli propuso 10.000 dólares, Mario Marcussi 203, Carlos Román 1.823 y Carlos Arroyo la misma cifra. Luis Armani, de Vialmani, ofreció 3.379; Roberto Orazi, de Hidraco, 92.000; Rodolfo Poblete, de Hidrovía, 33.000; y Juan Luciano, de Luciano S.A., 60.000. Los hermanos Adrián y Mauricio Pascucci, de Alquimaq, comprometieron 133.000 pesos.
En uno de los casos más llamativos, el financista arrepentido Ernesto Clarens llegó a ofertar un yate y un departamento en Miami.
El Tribunal rechazó todos los pedidos en una decisión tomada tras escuchar cada uno de ellos en dos extensísimas audiencias en septiembre pasado.
"No se puede pagar para zafar"
La fiscal federal Fabiana León se opuso a todas las presentaciones y afirmó que "no se puede pagar para zafar". En la audiencia, señaló que aceptar esos montos implicaría "tarifar la impunidad".
La Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante, adhirió a esa posición. Su director, Paul Starc, sostuvo que las propuestas equivaldrían a "mercantilizar la corrupción", mientras que el representante del organismo, Mariano Galpern, advirtió que "la complejidad del proceso no habilita la impunidad".
Los argumentos del Tribunal
"La gravedad institucional de los hechos investigados, su carácter sistémico y la pluralidad de conductas imputadas impiden equipararlos a supuestos de contenido patrimonial individual susceptible de resarcimiento económico", sostuvieron los jueces.
El artículo 59, inciso 6, del Código Penal "constituye una causal de extinción de la acción penal, pero su procedencia exige una reparación integral, cierta, efectiva y proporcional al daño ocasionado".
"No puede homologarse una reparación que no se corresponda con la magnitud del perjuicio derivado de los hechos imputados ni con la naturaleza de los bienes jurídicos afectados, particularmente cuando se trata de delitos pluriofensivos que lesionan el interés público".
La reparación integral "no puede erigirse en una vía para eludir el juicio oral en casos de corrupción que comprometen el funcionamiento de la Administración Pública y la confianza social en las instituciones".
La finalidad de este mecanismo "no es sustituir el proceso penal ni desnaturalizar la respuesta punitiva frente a hechos de corrupción estructural".
La defensa de los acusados y la oposición de Centeno
Las defensas argumentaron que la reparación integral es una figura vigente que no distingue por tipo de delito y que puede aplicarse cuando los montos ofrecidos provienen de fondos lícitos. Señalaron que la oposición de la fiscalía se apoyó en razones de carácter general sin sustento jurídico.
Algunos abogados destacaron además la magnitud del juicio, que involucrará a cerca de un centenar de acusados y podría extenderse durante varios años.
Además de la fiscalía y la querella, el arrepentido exremisero del Ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno —cuyas anotaciones dieron origen a la causa— también se había opuesto a través de su defensa oficial a que medio centenar de acusados paguen o entreguen bienes para evitar el juicio.
La causa Cuadernos, en rigor, se inició en 2018 a partir de los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó durante años supuestos traslados de dinero desde empresas contratistas del Estado hacia funcionarios del Ministerio de Planificación Federal.
