El Gobierno de Javier Milei cosechó hoy un nuevo revés en la Justicia. En este caso, un juzgado de primera instancia hizo lugar a los reclamos de la CGT y de ATE y dictó una medida cautelar para frenar la aplicación del DNU 340 que en términos concretos restringía el derecho a huelga.
Así las cosas, el Ejecutivo acumula una serie de fallos en contra que cercenan la posibilidad de llevar adelante, entre otras cosas, una reforma laboral de facto.
Si bien el último episodio tuvo que ver el fallo del juzgado laboral N° 3, a cargo de Moira Fullana, que hizo lugar a los pedidos de medidas cautelares de la CGT y de ATE contra el DNU 340 que planteaba la ampliación de los servicios esenciales y de los de importancia trascendental, la historia de frenos judiciales ya acumula más de un capitulo.
En ese marco, no es la primera vez que la justicia pone límites a las ambiciones del gobierno libertario. En el principio de la gestión el oficialismo avanzó con el DNU 70. Su capítulo IV estaba totalmente dedicado al universo laboral. “Una reforma laboral por decreto”, denunciaron en aquel entonces los sindicatos y en ese marco decidieron acudir a la justicia.
En aquel entonces, la reforma laboral contenida en el Título IV del DNU 70/2023 fue declarada inconstitucional por la Cámara Nacional del Trabajo. Esta decisión invalidó todos los artículos entre el 53 y el 97 del DNU, que introducían cambios significativos en el régimen laboral. La Cámara de Apelaciones del Trabajo amplió esta declaración de inconstitucionalidad a todo el capítulo laboral, lo que implicó la suspensión de la aplicación de estas reformas hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
El fallo fue apelado. La Corte Suprema de Justicia tendrá que pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. Sin embargo, el máximo tribunal que no tiene plazo para falla, por ahora no parece tener apuro en saldar la discusión.
El contra punto con el Poder Legislativo es claro. El Gobierno pudo avanzar con temas centrales con el visto bueno de sus aliados en el Congreso. Si bien tuvo que morigerar algunas cuestiones, el saldo es positivo. Ley Bases, blanqueo, facultades delegadas, el veto a la ley de movilidad jubilatoria y el veto a la ley de financiamiento universitario, son tan sólo algunos de los éxitos libertarios en el parlamento.
En ese marco, está claro que la Justicia aparece como mucho menos permeable a los avances de la Libertad Avanza. Entre los fallos que perforaron la línea de flotación del oficialismo se suman el freno a las Sociedad Anónimas Deportivas, la obligación a repartir los alimentos acumulados en galpones del ex ministerio de Desarrollo a los comedores y la sentencia que obliga al Gobierno a seguir adelante con el FISU.
En menor medida, la Justicia también restringió el avanza de la motosierra en los organismos del Estado. Los despidos masivos encontraron cierta resistencia en la justicia laboral y los gremios lograron la reincorporación de algunos trabajadores.
Así las cosas, el Gobierno parece encontrar en la Justicia, los limites que no logra imponer el Congreso. Los ejemplos, en este caso, exceden a lo laboral y llegan hasta lo previsional. Mientras Javier Milei logró sostener su fórmula previsional en el Congreso, ya son tres las Cámaras que fallaron en contra del Gobierno y lo obligan a reformular el cálculo para evitar el perjuicio de los beneficiarios. Sin bien, se trata de casos particulares la jurisprudencia empieza a parir un nuevo problema para la ANSES.
