Canelones fiscaliza venta ilegal y cierra paradores

La Intendencia de Canelones lanzó un operativo de control sobre los negocios informales instalados en la Ciudad de la Costa y Costa de Oro. La fiscalización comenzó la semana pasada con puestos ambulantes ubicados en las playas pero también abarca a paradores e incluso a empresas que hacen publicidad en la arena, y que ahora serán intimadas a pagar por los espacios que utilizan hasta ahora sin permiso.

El director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Canelones, Horacio Yanes, dijo a El Observador que los operativos buscan "recuperar los espacios públicos y el medioambiente" y es una "señal" para que quienes quieran "regularizarse" se presenten a la Intendencia. De lo contrario serán desalojados y clausurados, indicó.

"En la Ciudad de la Costa hay una rambla nueva en la que hemos licitado paradores y kioscos para darle servicios al visitante. Llamamos a las empresas a cumplir como se cumple en todo el país", dijo Yanes.

El operativo comenzó de forma sorpresiva con el decomiso de mercadería y el desalojo de vendedores de comida ambulantes, sobre todo tortafriteros. Estos van a ser reubicados en aquellos espacios para la venta que quedaron desiertos luego de la licitación de lugares en la costa. Además se les ofrecerá cursos de manipualación de alimentos.

"Llegan en camionetas con bizcochos, alfajores y productos que no se saben como fueron elaborados y con personas trabajando en negro. Algunos se ponen en lugares donde existen kioscos licitados en la playa, entonces están infringiendo una zona de exclusión de venta en favor de quienes fueron autorizados para estar allí", dijo Yanes.

Además del desalojo de vendedores ambulantes, el operativo incluye por ahora el cierre de tres paradores sobre la costa: el restaurant Maríntimo que está en la zona de Shangrila, otro que está a su lado, denominado El Piola, y el ex parador Waikiki en Lagomar. No obstante, según Yanes puede haber más clausuras en función de las inspecciones que viene realizando la comuna. "Son paradores que nacieron como casas de pescadores y se fueron agrandando y en algunos casos tienen 300 metros cuadrados edificados en la faja costera o en los médanos donde está prohibida la construcción", dijo.

El director de Desarrollo Económico explicó que el restaurante Maríntimo no tiene ninguna autorización para operar y además allí se va a licitar una concesión para parador por diez años en donde se planifica una inversión de unos US$ 400 mil.

Sin embargo, el director de Maríntimo, Nicolás Quinke, aseguró a El Observador que su establecimiento tiene todos los permisos y las deudas al día y acusó a la comuna de querer "matar" a la pesca artesanal, una actividad que está protegida por ley.

Quinke intentará pelear legalmente la clausura y aseguró que la comuna no tiene jurisdicción en su local ya que es un terreno fiscal bajo la órbita de otros organismo como Prefectura o Dinama.

Además del control del establecimiento, la comuna dispuso que las empresas que realicen publicidad en la playa empiecen a pagar por las banderas y la cartelería que colocan.

Yanes sostuvo que esa actividad de control estuvo descuidada porque "había otras prioridades". "La costa de Canelones no ha tenido el mismo respeto por parte de empresas, empresarios y trabajadores que se tuvo en Montevideo y Maldonado. La idea es organizar y regularizar", sostuvo el jerarca.