El gobierno había anunciado que el plan de rescate para la Caja de Profesionales incluía medidas de shock para evitar un default previsto para junio cuando se terminan las reservas financieras y ya no se podrá hacer frente al pago de las obligaciones.
El jueves pasado, una delegación del Poder Ejecutivo (encabezada por el director nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Leonardo Di Doménico) se reunió con el directorio de la institución para trasladar los principales puntos del proyecto.
En el caso de los profesionales activos se propuso un aumento del aporte desde el 18,5% al 22,5%. Para los jubilados y los pensionistas planteó una contribución pecuniaria mensual de 9% en promedio, lo que generaría entre US$ 40 y US$ 45 millones. Según el último balance de la institución, la jubilación mensual promedio es de $ 94.721 y las pensiones de $ 56.951.
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En tanto, el Estado destinará el equivalente al 66% (dos tercios) de la aportación de los pasivos, estimado en US$ 30 millones al año.
Además, el proyecto establece un incremento en los valores de los timbres profesionales vinculado a la evolución del Índice Medio de Salarios (IMS) y del Índice de Precios del Consumo (IPC).
La institución cerró 2024 con un déficit de US$ 51 millones. Un año atrás las pérdidas habían llegado a US$ 57 millones. Eso números profundizaron la crisis y completaron un quinquenio de resultados negativos. Conociendo esa realidad, equipos técnicos oficiales comenzaron a delinear una alternativa que devuelva viabilidad financiera a la Caja.
Desde la visión del gobierno, el conjunto de medidas le permitirá a la Caja volver a tener capacidad financiera para poder soportar los compromisos asumidos en el corto y mediano plazo.
El rescate y las críticas
Di Doménico había adelantado que la intención era presentar en los próximos días el proyecto de rescate en el Parlamento para que tenga un rápido tratamiento parlamentario.
Sin embargo, el proyecto generó críticas en la interna del directorio de la Caja de Profesionales. Luego del encuentro con la representación del Poder Ejecutivo, el presidente de la Caja de Profesionales, Daniel Alza, comentó que la propuesta oficial recogió varias iniciativas que el directorio ya había presentado en 2022 y 2023 y también tomó en cuenta otras aportadas por las distintas gremiales.
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Daniel Alza, presidente de la Caja de Profesionales.
Foto: Inés Guimaraens
“Es un proyecto que el Poder Ejecutivo tiene en carpeta y ya está firmado por el ministro de Trabajo (Juan Castillo) para ser enviado al Parlamento por el presidente Yamandú Orsi. Eso quiere decir que todo se va a hacer de forma rápida, por lo que tenemos poco tiempo para analizarlo”, dijo.
Sin embargo la postura del director Fernando Rodriguez Sanguinetti fue crítica. “El proyecto atenta contra la propia Caja, viola todos los derechos de los afiliados y de los jubilados ni que hablar, porque se les cambia las reglas del juego”, dijo en diálogo con El Observador.
Dentro del directorio hay dos posiciones enfrentadas: de un lado está Alza y la vicepresidenta Virginia Romero, del otro hay un grupo compuesto por los otros tres representantes electos, entre los que se encuentra Rodríguez Sanguinetti.
En un comunicado, el director expresó que el nuevo texto tomó el proyecto de ley express del gobierno anterior, que fue endurecido por “los mismos tecnócratas de escritorio que elaboraron aquella ley que fue rechazada en el Parlamento”.
La iniciativa mencionada no logró aprobación en la Cámara de Diputados en octubre de 2023 básicamente por no contar con los votos de los legisladores del Frente Amplio.
“En general es un mal proyecto. A los activos los mata. Subir de 16,5% a 18,5% la aportación ya generó en estos dos años un descenso importante y marcado de las declaraciones juradas de no ejercicio y de bajas a las categorías menores”, expresó.
Una de las medidas que se tomaron cuando fracasó el anterior proyecto en el Parlamento fue aumentar el porcentaje de aporte a 18,5% desde el 1º de enero del año pasado.
Según el balance divulgado días atrás, en el cierre del año pasado la Caja contaba con 173.748 profesionales registrados.
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Caja de Profesionales
Inés Guimaraens
De ese total, el 63% (109.719) presentó declaración de no ejercicio. La cantidad aumentó 7,1% en la comparación interanual. De los 109.719 que no declararon actividad hubo 21.712 contadores, 8.403 enfermeros, 7.763 psicólogos y 7.161 ingenieros industriales.
Integración del directorio y elecciones
El proyecto también propone un cambio en la gobernanza de la institución. Actualmente, el directorio está compuesto por siete integrantes: cinco que representan a los afiliados y dos al Poder Ejecutivo. La intención es que el nuevo ámbito de conducción tenga cinco directores, bajando a tres la representación profesional.
Di Doménico había dicho a El Observador que “los cinco, de acuerdo a la norma orgánica de la Caja, tienen la capacidad de control político total. Pueden gobernarla con prescindencia de los otros dos integrantes”.
Sin embargo, Rodríguez Sanguinetti tiene otra postura. “Es una intervención real de la Caja. Ya el Poder Ejecutivo mete la cuchara en todo. Imaginate con dos integrantes de cinco. Precisan a uno más y siempre van a tener mayoría”, sostuvo.
En la reunión del jueves pasado, el Poder Ejecutivo informó que enviará al Parlamento otro proyecto con un artículo único para modificar la fecha de las próximas elecciones de la institución, previstas para el 12 de junio.
Rodríguez Sanguinetti comentó que la idea es que se efectúen en octubre o noviembre ya con la aprobación parlamentaria del proyecto de rescate.
“Necesitan que no haya ruido de los profesionales interesados en el futuro de la Caja para poder aprobar esta mala ley express II”, concluyó.
