Las dos iniciativas parten de la base de aportes adicionales de los afiliados -activos y pasivos- y una asistencia del Estado.
La primera -catalogada como ley "exprés"- fue elaborada en 2023 y no obtuvo los votos necesarios para su aprobación en la Cámara de Diputados en octubre de ese año.
La segunda fue confeccionada por técnicos de esta administración y elevada por el Ministerio de Trabajo (MTSS) al presidente, Yamandú Orsi. Se espera que en los próximos días ingrese al Parlamento para su posterior análisis.
Ley "exprés"
El primer proyecto de ley marcaba que la Caja de Profesionales tenía resultados operativos negativos desde 2020 y que las proyecciones mostraban una profundización de la pérdida patrimonial. Para el ejercicio de 2023 estimó un resultado negativo de $ 2.542 millones (US$ 65 millones al tipo de cambio de cierre de año). Finalmente, el déficit fue de US$ 57 millones.
Las proyecciones financieras incluidas en el texto indicaban que las reservas financieras se iban a agotar en el correr de 2025.
Con ese escenario, previó diferentes aportes de las partes involucradas en la institución de seguridad social profesional.
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Para los activos, marcó una nueva tasa de aportación de 19% (desde el 16,5% anterior). Añadió que si el resultado financiero fuera negativo en el anterior ejercicio y se proyectara una nueva pérdida para el siguiente o alguno de los próximos tres, el directorio quedaría habilitado para aprobar un aumento de entre 0,5% y 1% anual, con un máximo de 22,5%.
Para los pasivos estableció una prestación pecuniaria a favor de la Caja de Profesionales con diferentes porcentajes para cinco escalas propuestas.
La primera se fijó entre 0 y 6 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) con una tasa de 0%. Después, los que percibían entre 6 y 10 un aporte de 2%; entre 10 y 15 un 6%; entre 15 y 20 un 8% y de 20 a más un 10%. La BPC de 2023 fue de $ 5.660. Se previó que esa contribución especial de los pasivos aportarían $ 1.300 millones al año (US$ 33,3 millones).
El tercer punto fue una asistencia del Estado. El proyecto autorizó al Poder Ejecutivo a asistir desde 2025 a la Caja de Profesionales con transferencias por única vez en cada año que se produzcan ajustes en la tasa de aportación. La autorización no podía extenderse más allá de 2036.
El texto consideró que si se realizaban todos los aumentos previstos en la tasa de aportación, la cooperación de fondos estatales rondaría los $ 2.000 millones en total (US$ 51,2 millones).
Nuevo proyecto
Desde la asunción del actual gobierno un equipo oficial trabajó sobre las bases de una nueva iniciativa de solución financiera, con un escenario de déficit repetido y un próximo agotamiento de las reservas disponibles para afrontar el pago de las obligaciones.
El último balance de la institución (2024) tuvo un resultado negativo de US$ 51 millones y completó un quinquenio de pérdidas.
El director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, había dicho a El Observador que la propuesta incluía medidas de shock con el objetivo de evitar el default de la institución que llegaría en junio próximo.
El proyecto también planteó aportes de las tres partes. En el caso de los activos propone un aumento de la tasa de aportación del 18,5% actual a 22,5% (aumento del 4% de una vez) con una nueva escala de sueldos fictos. Para los que obtengan la habilitación profesional este año se mantendrá la escala de 10 categorías y para los que la consigan a partir del 1º de enero de 2026 habrá 15.
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Caja de Profesionales
Inés Guimaraens
Los pasivos tendrán una contribución pecuniaria que, esta vez, aportará más capital.
Se mantienen las cinco franjas, pero cambia el porcentaje de aportación. Las dos primeras mantienen el porcentaje (0% y 2%, respectivamente). La tercera franja de entre 10 y 15 BPC pasa a 7,5%; la próxima de entre 15 y 20 a 10% y en la de 20 a más la tasa es de 12%. La BPC para 2025 es de $ 6.576. El promedio que estableció el Poder Ejecutivo es de una tasa de 9%, que generará un piso de ingresos de US$ 40 millones al año.
La inyección financiera del Estado está planteada de otra manera. El proyecto de ley propone para el ejercicio 2025 una asistencia del Estado -a través de Rentas Generales- de $ 110 millones al mes. El total ascendería a $ 1.320 millones al año, equivalentes a US$ 31,1 millones.
Complementa que a partir de enero de 2026 el aporte será el equivalente a dos tercios (66%) del promedio mensual de lo recaudado por la contribución pecuniaria de los jubilados profesionales. Tomando en cuenta el piso previsto de US$ 40 por el impuesto a los jubilados, la inyección estatal de 2026 sería de US$ 26,4 millones.
Al Parlamento
La ley "exprés" no obtuvo aprobación en la Cámara de Diputados al contar con 40 votos de legisladores blancos, colorados e independientes y la negativa de los frenteamplistas.
El actual proyecto debe recorrer el mismo camino y ante eso el diputado de Vamos Uruguay (Partido Colorado) Adrían Juri planteó que la Comisión de Legislación del Trabajo reciba a todas las partes involucradas en el proyecto de reforma.
“Nos preocupa el diálogo social del que habló el Frente Amplio porque este proyecto no fue consultado con nadie. Y mucho menos con la Caja de Profesionales”, dijo.
“Apremia el tiempo para el tratamiento, pero no es verdad que la Caja no tiene para pagar ya las jubilaciones; tiene hasta agosto cubierto. Hay tiempo para hacer las cosas bien y no perjudicar a más de 180 mil profesionales”, añadió.
