28 de mayo 2024 - 3:51hs

Todo cambia a veces muy rápidamente. En 2019, para las anteriores elecciones europeas, la pequeña y enardecida figura de la sueca Greta Thunberg emergía como símbolo de un momento de particular efervescencia. Miles de jóvenes que copaban las calles exultantes en su furia ante un sistema al que había que recordarle que “no hay planeta B”.

El cambio climático-empujado por el reclamo masivo de estos chicos que manifestaban en simultánea en toda Europa para que se cumpliera con el Acuerdo de París de 2015- se apoderó de la agenda y consagró a los Verdes (ecologistas) como grupo de poder en el Parlamento.

Se logró que el Gobierno moviera los hilos necesarios para que las emisiones de los distintos sectores de la economía fueran un 40% inferiores a sus registros de 1990, como estipula el Acuerdo de París.

Además, al año siguiente, la UE estableció el Pacto Verde o Green Deal, su propia hoja de ruta para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia energética y medioambiental.

El coche eléctrico como símbolo de resistencia

Si pudiéramos adelantar en pocos segundos los años que transcurrieron hasta 2024, nos encontraríamos con que los Verdes están prácticamente desdibujados como partido (perderían un tercio de su representación según las encuestas).

Los partidos de derecha y ultra-derecha -aún con las fracturas internas recientes- parecen encaminados a ganar un espacio que explotarían sobre todo para frenar el avance hacia las cero emisiones netas de carbono en 2050, esto es, la transición hacia la llamada neutralidad climática.

Pero como las campañas necesitan mensajes bien claros y pre-digeridos, desde Francia hasta Alemania han convertido al coche eléctrico en el nuevo objeto político, que pueda encender otra vez la cólera.

“El diesel es lo mejor”, gritan en las manifestaciones de la ultra-derecha alemana, mientras que en Francia se argumenta que la decisión de eliminar los autos a combustión interna en 2035 es una traición al poder de compra del trabajador.

Los oponentes ridiculizan el punto diciendo que terminarán como Cuba con autos que son reliquias. Pero el votante, hoy más urbano, más pobre y más dependiente de su coche para trasladarse, no le encuentra la gracia.

El temor a que la transición a una Europa sin combustibles fósiles deje atrás a más ciudadanos no es una inquietud exclusiva del Este. Y de hecho, fue en Francia donde el conflicto estalló con mayor intensidad.

“La transición debe ser y debe considerarse justa. La UE debe garantizar que el apoyo financiero esté disponible en las regiones más afectadas. Muchos jóvenes provienen de la periferia, más allá de París”, asegura el presidente ejecutivo de la oficina de Bruselas del Programa de Liderazgo Sostenible de la Universidad de Cambridge, Martin Porter.

De la tremenda Greta y los ríos de jóvenes pidiendo por el planeta a ultraderechistas utilizando el coche eléctrico para sumar adhesiones a la necesidad de olvidarse de la transición energética. Así de rápido pueden cambiar las cosas.

Inmigración ilegal, un pacto que llevó casi una década

El otro gran tópico que va a secuestrar la agenda europea en caso de una “derechización” importante del nuevo Parlamento es, claramente, la inmigración.

El timing no podría ser menos nefasto. Llevó casi una década de interminables discusiones, negociaciones y peleas en el recinto europeo, además de un intento fallido.

Finalmente, en una votación que hizo contener la respiración hasta último momento, se aprobó con la oposición de la izquierda más intransigente y los Verdes, el Pacto de Migración y Asilo.

Esto ocurrió hace minutos. Estamos hablando de abril de este año. Son en realidad un conjunto de diez proyectos de ley diferentes que reemplazan al llamado Pacto de Dublín, que regía hasta ahora.

La norma hacía cargo por completo a cada país de manejar la compleja situación del creciente flujo de inmigrantes sin papeles y los refugiados en busca de asilo.

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La nueva legislación -a la que se oponían Hungría y Eslovaquia- refuerza los controles de las fronteras exteriores y prevé mecanismos extraordinarios para hacer frente a una “afluencia excepcional” de migrantes.

También dispone la instalación de centros para tramitar de forma acelerada las solicitudes de asilo en los puntos de llegada. Puntos que los detractores llamarían centros de detención para agilizar el proceso de acogida en la UE.

Pero aún más relevante, crea un nuevo sistema basado en la solidaridad -y el absoluto pragmatismo habría que agregar- entre los Estados miembros.

Si un país no quiere acoger inmigrantes ilegales u ofrecer asilo puede pagar una “penalización” de hasta 20.000 euros por inmigrante al país que esté dispuesto a acogerlo.

Durante la gran crisis de los refugiados en 2015 por la guerra civil en Siria, se ensayó un reparto obligatorio por cuotas con un resultado desastroso.

Sólo se pudo contener la solución pagando a Turquía para que evitara el cruce de la frontera a Grecia o Bulgaria.

El punto es que así como la izquierda y los Verdes consideran este esquema un ataque a los derechos humanos, la extrema derecha entiende que no es lo suficientemente estricto para frenar el avance la inmigración ilegal.

Si la derecha logra ganar un espacio de cierto peso, sólo cabe esperar que las condiciones de ese pacto se endurezcan. O como remarcan algunos especialistas, basta con una aplicación inadecuada de los consensos mínimos que establece.

Pagar a un país de tránsito para interceptar ilegales

Algunas de sus propuestas puntuales incluyen una vigilancia electrónica exhaustiva de todos los puntos de llegada y reforzar la actuación y el presupuesto de Frontex, la agencia de fronteras y guardacostas del bloque, con 30.000 efectivos, el triple de la dotación actual.

Otros partidos incluyen en sus plataformas directamente la “expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales” e impulsan acuerdos con países de tránsito para que ejerzan un mayor control de la inmigración ilegal y acepten “las devoluciones de los expulsados”.

En un debate reciente, a Ursula von der Leyen, le preguntaron sobre la inmigración. Se trata de la presidente de la Comisión Europea, que aspira a un segundo mandato y es, como siempre, miembro del mayor bloque del Parlamento, el grupo de centro-derecha European People’s Party (una alianza de 84 partidos de 44 países).

Von der Leyen viene acercándose a los grupos de derecha. Hace poco expresó que estaría dispuesta a trabajar con el partido European Conservatives and Reformists o ECR, del que forma parte la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

Y fue muy criticada por eso. El principal candidato de la izquierda dijo al respecto: “Haber renunciado a la idea de un cordón sanitario es una gran responsabilidad". Así se refieren en la jerga al cortafuegos que tradicionalmente impide a los principales partidos aliarse con socios de extrema derecha.

En todo caso, los comentarios de von der Leyen fueron bastante representativos de esa corriente. La raíz del fenómeno -aseguró- es la delincuencia organizada. No pueden ser los traficantes los que tomen la decisión de quién entra, quiénes están aquí irregularmente o no pueden tener ese asilo.

Sus oponentes rebatieron con un ejemplo:"lo que está pasando en Túnez, donde los refugiados son enviados al desierto, ocurre con fondos de la UE".

Curiosamente, Meloni (foto) suele decir que “hoy en el mundo no hay actividad criminal más rentable que el tráfico de inmigrantes”. Su estrategia, que de hecho está aplicando en Italia, es pasar de la cooperación bilateral a un enfoque regional estratégico para reducir los flujos migratorios ilegales.

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Así, viajó a varios países africanos como Libia, Túnez, Egipto y Argelia. El caso de Túnez es emblemático por lo lucrativo que resultó para el país: recibió más de 100 millones de euros de Italia y otros 287 millones hasta el 2027 por parte de la UE.

Su tarea es interceptar a las personas que intentan llegar por mar, que se duplicaron el año pasado hasta las 81.000.

Pero las propuestas de la derecha parecieran dar a entender que hasta ahora no se hizo nada. El presupuesto de la agencia de control de fronteras pasó de los seis millones de euros en 2005 a 750 millones el año pasado.

Las expulsiones de extranjeros en situación irregular han aumentado un 480% en los últimos dos años.

Mientras tanto, siete millones de ucranianos ya entraron a la UE, casi dos millones se concentraron en Polonia donde las tensiones están llegando al límite.

Los migrantes africanos suponen un tercio de los extranjeros residentes en la UE. El año pasado, la agencia fronteriza europea interceptó a más de 120.000 personas que trataban de llegar a Europa por las rutas atlántica y mediterránea, mientras que más de 6.500 murieron intentando sentirse a salvo en España.

Euroescépticos: menos integración y menos regulación

En la agenda pendiente para el próximo mandato quedan también varios y muy diversos temas económicos que necesitan ponerse en marcha.

Los más apremiantes son proyectos relacionados con formular una política industrial que mantenga la competitividad de la UE frente a potencias globales como China y EE.UU., establecer una unión energética para bajar precios y mejorar la estabilidad del abastecimiento e implementar una unión de mercado de capitales que facilite la búsqueda conjunta de fondos entre inversores privados.

Pero si el equilibrio de poder cambia como se supone, va a ser difícil sacar algunas de estas iniciativas adelante.

Para entenderlo mejor, el gran bloque político del Parlamento es el European People's Party (EPP), que junto al partido de centro izquierda Socialists & Democrats (S&D) dominaron la institución casi desde que existe.

Esta vuelta, en muchos Estados miembros hay un cambio de ánimo. Y se trasluce precisamente en la voluntad de destinar su voto a partidos populistas de derecha o de ultra-derecha. Es una corriente que atraviesa la UE y que impactará sin dudas en las dinámicas políticas nacionales.

En este contexto, con una coalición central debilitada, el escenario más probable es que pierda influencia en políticas económicas clave, inclinándose a colaborar con el bloque de derecha, ya que el EPP suele hacerlo más que con los partidos de S&D de su propia alianza, así de extraño como suena.

Una de las tendencias generales más marcadas de estos partidos, que atravesarán el tratamiento de todos los proyectos económicos, es el euroescepticismo y anti-federalismo.

Además del European Conservatives and Reformists Party (ECR), que puede considerarse un euroescepticismo soft, está el Identity and Democracy Party (ID), la alianza nacionalista de derecha, populista y euroescéptica e incluso partes del EPP, que pueden llevar a conformar nuevas mayorías.

Todos promulgan una mayor independencia económica y regulatoria en relación a las directivas de la UE. Las iniciativas que tienden a fortalecer los lazos europeos con una mayor integración tienen mal pronóstico.

Son partidos que se alinean con países como Italia e Hungría que quisieran una menor supervisión europea.

Aumentar el gasto en defensa y el escándalo nazi

Y finalmente, está el objetivo europeo de mejorar la infraestructura militar con un mayor gasto en defensa en vista de un mundo plagado de conflictos geopolíticos. Algunos demasiado cerca.

El consenso asevera que los planes de reforzar el presupuesto militar podrían encontrar oposición de la ultra-derecha, donde subsisten reductos de simpatía hacia Rusia y su líder, Vladimir Putin.

Una parlamentaria de los Verdes denunciaba: "La extrema derecha quiere destruir los fundamentos de Europa. Tenemos esta amenaza y no podemos permitirla porque hace que Putin esté en el parlamento", en referencia a las supuestas amistades de algunos miembros de estos partidos con el presidente ruso.

El tema remite inexorablemente al reciente escándalo que se dio en las filas de la derecha y que podría tener un costo político que todavía es difícil de calibrar.

La francesa Marine Le Pen (foto) y su partido National Rally (RN) decidieron romper relaciones con Alternative for Germany (AfD) luego de que su principal candidato dijeron que no todos los miembros de la SS, la organización paramilitar nazi, eran criminales.

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Un segundo golpe llegó cuando Identity and Democracy, la alianza de derecha que incluye a RN, decidió expulsar a AfD. La fractura que supuso este episodio confirma uno de los problemas recurrentes de los partidos de ultra-derecha y es que no logran mantener la cohesión necesaria para impulsar una agenda conjunta.

La guerra en Ucrania generó fragmentación por la abierta simpatía que también muestran otros grupos hacia el Kremlin como fue el caso del partido

Fidesz (Hungarian Civic Alliance), del ultranacionalista Viktor Orban, que decidió alejarse del bloque.

Es bastante sucinto pero sagaz lo que dice Jacob Kirkegaard, senior fellow en el German Marshall Fund en Bruselas: “Estos son todos partidos nacionalistas que no están de acuerdo en gran cosa a nivel de la UE salvo que realmente se oponen a la UE”.

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