Actualmente, hay más de 242,000 peticiones pendientes. Esta situación crítica llevó al gobierno a introducir un nuevo reglamento de extranjería que flexibiliza las vías de regularización
Oficina de Extranjería española.
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Contexto
El PEMA es un paquete legislativo de la Unión Europea que busca establecer un marco común para gestionar la migración y las solicitudes de asilo entre los Estados miembros. Uno de sus aspectos más criticados es la creación de listas de "países seguros", lo que podría llevar al rechazo automático de solicitudes de asilo desde países con baja tasa de reconocimiento de protección internacional. Este enfoque ha sido cuestionado por entidades sociales, que argumentan que puede vulnerar los derechos humanos de los solicitantes de asilo.
España se desmarcará de la tendencia de otros países europeos, como Alemania, Reino Unido, Francia y Austria, que han comenzado a limitar las solicitudes de asilo desde ciertos países. La ministra Elma Saiz asegura que esta es una "línea roja" para el gobierno español, que continuará tramitando todas las solicitudes, sin importar la nacionalidad, como parte de su compromiso con los derechos humanos y en contraposición a lo que describen como prácticas de "externalización" de personas adoptadas en otros países europeos.
El sistema de asilo en España enfrenta serias dificultades, como la escasa disponibilidad de citas para tramitar solicitudes y los largos tiempos de espera para obtener una resolución, que pueden extenderse hasta tres años. Actualmente, hay más de 242,000 peticiones pendientes. Esta situación crítica llevó al gobierno a introducir un nuevo reglamento de extranjería que flexibiliza las vías de regularización y busca agilizar la tramitación del asilo, asegurando que las personas más vulnerables reciban la atención que necesitan.
En el tercer aniversario de la guerra de Ucrania, la ministra destacó la rapidez con la que el gobierno español respondió a la crisis, duplicando la capacidad de su sistema de acogida y creando rápidamente 11,000 plazas. Además, se ha avanzado en la integración de los refugiados ucranianos, especialmente las mujeres. Un total de 14,500 mujeres refugiadas ucranianas trabajan en sectores diversos, con el 60% de ellas en contratos indefinidos.
El gobierno español continuará implementando reformas para mejorar su sistema de asilo, aunque algunos aspectos del nuevo reglamento, como la incompatibilidad entre la solicitud de asilo y el proceso de arraigo, siguen siendo un tema de debate y han llevado a entidades sociales a recurrir a los tribunales. La ministra Saiz ha subrayado la necesidad de clarificar las competencias y de abrir más oportunidades para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Por otro lado, la cuestión de los peticionarios rechazados se discutirá en el próximo Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, donde se podría definir cómo se manejará el posible aumento de retornos de solicitantes rechazados. Mientras tanto, el gobierno español sigue defendiendo su posición humanitaria frente a lo que consideran enfoques más restrictivos en otros países europeos.