La Asamblea de Madrid, con los votos a favor de la mayoría absoluta del PP, elevará a la Fiscalía y al juez Juan Carlos Peinado el dictamen de la Comisión de investigación del caso Begoña Gómez que los 'populares' llevarán a la Justicia, a pesar de que Vox pide una suspensión cautelar al Tribunal Constitucional.
El hemiciclo debatió este jueves el dictamen que ya fue aprobado de manera preliminar -y con el apoyo de Vox, que ahora lo rechaza y elevó un recurso de amparo al Constitucional- en la sesión final de la propia comisión, y en él se da por probado que hubo irregularidades en la cátedra de la mujer del presidente.
La mayoría del PP en la Cámara -con el rechazo del resto de grupos de la izquierda (Más Madrid y el PSOE llegaron a abandonar la comisión antes de su finalización al calificarla de "show") y Vox que decidió no emitir voto- aprobó el texto que se elevará a la Fiscalía tras la investigación parlamentaria que contó, entre noviembre y febrero, con 17 comparecientes vinculados a la cátedra de la Universidad Complutense.
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Pedro Sánchez y Begoña Gómez
Las conclusiones de la comisión sobre el caso Begoña
El dictamen de esta comisión, que arrancó con el silencio de Begoña Gómez a las preguntas de los diputados, concluye que la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno "se gestó de forma irregular"; que hubo un “desvío de fondos públicos”; que su creación fue “anómala, acelerada y dirigida desde La Moncloa” y que colocó a Gómez "en una posición académica de prestigio que no le correspondía ni por formación, ni por vinculación laboral ni por experiencia docente”.
Fuentes parlamentarias indicaron que aún quedan pasos para que el documento se eleve a la Fiscalía: primero tendrá que ser publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid (BOAM) para luego votar su elevación en la Mesa de la Cámara, el órgano rector del Parlamento donde el PP ostenta la mayoría absoluta.
Además, la Asamblea podrá remitir una "recomendación" al juez Peinado para que, según recoge el dictamen, rastree la huella digital del software de la cátedra de Gómez, investigada por la presunta apropiación indebida de ese programa, que según el PP debió quedar en propiedad de la Universidad Complutense.
A pesar de que Vox aprobó inIcialmente el dictamen, la formación liderada por Isabel Pérez Moñino mostró su disconformidad con el mismo y registró un voto particular al considerar que el texto estaba incompleto y, según han indicado fuentes del partido pidieron al Constitucional amparo para que sus derechos fundamentales no se vean vulnerados.
Durante el debate parlamentario, la diputada del PSOE-M, Marta Bernardo, dijo que esta comisión ha sido una “burla” a los ciudadanos con la que el PP ha transformado la Asamblea de Madrid en un “espectáculo” con la intención de “derribar al Gobierno de España”.
Por su parte, desde la bancada de Más Madrid, el diputado Antonio Sánchez también ha puesto en duda la validez de esta comisión, que su partido calificó desde un inicio como un "show", y ha recordado que su intención era que en ella se hablase de la infrafinanciación de la universidad pública madrileña.
Ambos partidos abandonaron su participación en la comisión después de que PP llamara a comparecer a Pedro Sánchez y pidiera un informe al Consejo de Estado para conocer si tenía obligación o no de acudir; con el resultado de que el presidente del Gobierno no está obligado a comparecer en un parlamento autonómico.
