La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que actúa como acusación popular en la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, solicitó al Tribunal Supremo que lo envíe a juicio por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos.
En su escrito de acusación, la asociación pide una pena de seis años de prisión y 12 años de inhabilitación para García Ortiz.
El documento, firmado por los letrados Juan Antonio Frago, Verónica Suárez y Napoleón Cánovas, también solicita una condena de cuatro años de prisión y 12 años de inhabilitación para la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a quien se señala como cooperadora necesaria en los hechos investigados.
La acusación de la APIF se centra en lo ocurrido el 13 de marzo de 2024, jornada clave en la causa.
Según el relato, ese día se produjo la filtración de correos confidenciales relacionados con la investigación por fraude fiscal y falsedad documental contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
La información, intercambiada previamente entre el fiscal Julián Salto y el abogado de González Amador, Carlos Neira, fue recogida esa noche en una noticia publicada por El Mundo, titulada: "La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales".
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Isabel Díaz Ayuso y Álvaro García Ortíz
Los argumentos de la Asociación de Fiscales
Sin embargo, la APIF subraya que la publicación omitió un correo previo del abogado, en el que él mismo proponía el pacto y admitía que su cliente había cometido los delitos, lo que, según la acusación, desvirtúa el relato de los hechos.
Tras la publicación, se desencadenó un "intercambio frenético" de mensajes entre varios fiscales, con el fin de trasladar los correos electrónicos a García Ortiz, quien habría utilizado su posición para filtrar deliberadamente la información a un periodista de la Cadena SER. Aunque el periodista negó ante el juez que la fuente fuera el fiscal general, la APIF sostiene que fue él quien proporcionó los documentos.
El escrito también resalta los efectos perjudiciales de la filtración, tanto sobre la reputación y derechos procesales de González Amador como sobre el prestigio del Ministerio Fiscal.
La asociación califica los hechos como un delito de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito continuado de revelación de secretos. De forma subsidiaria, propone que se considere también un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos públicos.
Además de las penas, la APIF solicita al Supremo la práctica de varias pruebas, incluyendo declaraciones testificales de fiscales, periodistas y abogados, así como la comparecencia de políticos como Santos Cerdán, Juan Lobato y Francesc Vallés.
