El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó este jueves duramente al Tribunal Constitucional después de que este avalara la controvertida ley de amnistía, destinada a beneficiar a los implicados en el referéndum ilegal de Cataluña de 2017, entre ellos el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont.
"Esta autoamnistía es una vergüenza para cualquier demócrata, diga lo que diga un TC dividido", dijo Feijóo en alusión a la ajustada votación del tribunal, que se resolvió con seis votos a favor del sector progresista frente a cuatro del bloque conservador.
El dirigente popular aprovechó su intervención desde Bruselas para lanzar varias críticas. Por un lado, desacreditó la legitimidad de un Tribunal Constitucional que "para sorpresa de nadie" respaldó una norma que acumula numerosos recursos judiciales y cuenta con la oposición explícita del Tribunal Supremo, que ya advirtió sobre su inaplicabilidad en determinados delitos.
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Reproches por no escuchar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Feijóo también reprochó que el fallo se haya producido sin que se haya escuchado previamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, activado por el propio Supremo ante la duda de que algunos delitos puedan quedar amparados por la amnistía.
Durante su intervención, el líder del PP agradeció a los servicios jurídicos de la Comisión Europea por referirse a la norma como una "autoamnistía" y expresó su confianza en que el próximo informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea aclare esta situación.
"La ley es ilegal, inmoral, una transacción corrupta de impunidad a cambio de poder y un obús contra la separación de poderes", insistió, reiterando la postura que su partido mantuvo desde el inicio de la tramitación.
Además, Feijóo cargó contra el origen de la ley, que según considera responde a un "ejercicio de corrupción política" mediante el cual el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría asegurado su investidura a cambio del apoyo de Junts.
Recordó que la negociación de la norma estuvo en manos del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, actualmente imputado por corrupción ante el Tribunal Supremo.
"Es doblemente una transacción corrupta porque quien la ejecuta es una persona presuntamente corrupta", concluyó.
