Desconcierto entre empresas y profesionales por la prórroga de Verifactu a última hora
Las organizaciones empresariales celebran la extensión de un año en el plazo para aplicar las obligaciones de la Ley Antifraude, mientras que los fiscalistas afirman que haberlo hecho con menos de un mes de antelación supone un agravio para las pymes que han invertido en aplicarlo.
Una de las principales concesiones a Junts que el Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros para tratar de recuperar la senda del apoyo de los de Carles Puigdemont es la prórroga de un año para la aplicación de las obligaciones recogidas en la Ley Antifraude, entre las que destaca el sistema Verifactu de verificación de facturas que iba a entrar en vigor en apenas unas semanas, el próximo 1 de enero, para las empresas; y el 1 de julio para los autónomos persona física.
Tras la prórroga, el sistema no será obligatorio hasta el 1 de enero de 2027 para los declarantes del Impuesto sobre Sociedades (las empresas) y hasta el 1 de julio del mismo ejercicio para los trabajadores por cuenta propia que tributen como personas físicas.
Se trata de una de las exigencias que la formación independentista realizó en las últimas semanas, y que también ha sido una reclamación de la principal organización de autónomos del país, ATA, en los últimos meses. Por ello, su presidente, Lorenzo Amor, celebró ayer la noticia agradeciendo a Junts "que haya hecho bandera de la demanda", señalando que "quedaban muy pocos días para finalizar el año y este tema estaba generando muchas dudas entre el colectivo".
En el mismo sentido, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, se pronunció afirmando que la decisión "avanza en la buena dirección y reconoce la realidad de miles de pymes y microempresas cuyos tiempos, recursos y capacidades técnicas no son equiparables a los de la gran empresa".
Por su parte, Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, señaló que "este retraso aporta, por fin, la tranquilidad que las empresas y los autónomos no han tenido en todo este año", si bien "sólo tendrá sentido si se utiliza para hacer bien aquello que no se ha hecho hasta ahora".
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Quejas en Hacienda
La noticia no sentó bien en el seno del ministerio que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, desde donde el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, lamentaron que el Ministerio no les haya informado de la medida, a pesar de ser los futuros responsables de la gestión de Verifactu, pese a lo cual consideraron que la prórroga "puede ser útil para casi cinco millones de pymes y autónomos, los cuales debían adaptarse a partir de 2026".
La cercanía con la fecha señalada para la entrada en vigor de las nuevas obligaciones para las pymes que utilizan sistemas informáticos de facturación (SIF) es el motivo por el que otras voces no se muestran tan satisfechos con la extensión del plazo. Según explican, muchas empresas llevan meses invirtiendo importantes recursos de sus presupuestos y tiempo en introducir en sus sistemas los nuevos requisitos de facturación electrónica. "Muchas empresas han tenido que elegir la adaptación a Verifactu entre sus prioridades este año, dejando de atender otras cuestiones importantes para su crecimiento por falta de tiempo y dinero", afirma a EXPANSIÓN Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Economistas (CGE).
En este sentido, desde Hostelería de España cifran el impacto económico de la adaptación en hasta 8.000 euros por pyme "en los casos de programas de desarrollo propios", una cifra especialmente elevada para los pequeños comercios o los establecimientos de hostelería.
Para el presidente del Reaf, la medida "no tiene razón de ser y sólo atiende a una cuestión política". En su opinión, "una vez más, el marco normativo no da seguridad a las empresas", y "afecta directamente a la labor de credibilidad de los asesores fiscales", que en los últimos meses han venido recomendando a sus clientes la adaptación temprana al sistema. Sin embargo, reconoce que la extensión del plazo "debería dar el tiempo suficiente para adaptarse a las empresas que todavía no hubieran cumplido con las nuevas obligaciones".
Segunda prórroga
La aprobada ayer es la segunda prórroga -la primera fue en abril- que aprueba el Gobierno sobre la fecha inicial de entrada en vigor de Verifactu, prevista en un primer momento para junio. Con esta extensión, Hacienda acerca el inicio de las obligaciones de la Ley Antifraude a la puesta en marcha de la factura electrónica obligatoria, una medida paralela sobre la que aún no hay una fecha definida. En este último caso, desde la publicación de la orden ministerial correspondiente, aún pendiente, las empresas tendrán un año para adaptarse cuando facturen más de ocho millones de euros; y dos, si sus ingresos son inferiores.
En diferente situación se encuentran las empresas desarrolladoras de sistemas informáticos de facturación (SIF), cuya obligación de adaptar sus programas para impedir que las empresas y los autónomos que los utilicen puedan llevar una doble contabilidad entraron en vigor el pasado julio.
En su caso, estas obligaciones se mantendrán, por lo que "aquellos que ya han invertido en soluciones adaptadas han logrado adelantarse, incorporando la digitalización en sus procesos y negocios de manera efectiva. Esta implementación temprana no sólo les permite cumplir con los requisitos legales, sino que también les ofrece la oportunidad de optimizar sus operaciones y centrar sus esfuerzos en generar valor añadido en su actividad", concluyen desde el desarrollador TeamSystem.
