El cierre de centrales abre mil frentes. Entre Endesa, Iberdrola y Naturgy. Entre éstas y el Gobierno. Dentro del PSOE. Y entre PSOE, PP, Junts y Vox.
Central nuclear de Cofrentes
El debate sobre el cierre de las nucleares en España, que aparentemente quedó zanjado en 2019, cuando eléctricas y Gobierno acordaron un apagón escalonado de centrales entre 2027 y 2035, ha vuelto.
Esta vez con una virulencia extrema. Se ha abierto una guerra sin precedentes. Ya no es sólo la tradicional batalla de las eléctricas propietarias (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) contra el Gobierno. Ahora, es una guerra multifrentes. De las eléctricas contra el Gobierno. Pero también entre las propias eléctricas, en el seno del Gobierno, dentro del PSOE, entre PSOE y PP, de Vox contra PP. De todos frente a Junts y ERC, y de éstos entre sí.
El debate debería ser sencillo. La pregunta es si se cierran o no las nucleares según el calendario previsto. Técnicamente, las nucleares españolas tienen suficientes garantías de seguridad para seguir decenas de años más de los previstos. Pero la discusión se ha trufado con problemas adicionales (políticos, autonómicos, empresariales, fiscales y financieros) que la envenenan.
Todo ha saltado con la central de Almaraz, en Extremadura. En concreto con uno de sus dos reactores, el número 1. Es el primero de los siete que quedan operativos en España que tendrá que echar el cierre, en noviembre de 2027.
Queda mucho, pero si Almaraz 1 quiere continuar, debería estar tomando ya una serie de medidas (contratos para recargar uranio, previsión de nuevo personal y, sobre todo, petición de licencia de continuidad). En lugar de esto, Almaraz I se ha convertido en un gigantesco pim, pam, pum político-empresarial, en el que cada parte cuenta el relato que le interesa. O solo una parte.
Iberdrola, eléctrica mayoritaria de la central, reclama diálogo con el Gobierno y menos impuestos. Ha advertido que sin nucleares la luz subirá el 25%. Lo que no dice es que para alargar las nucleares se necesita acuerdo unánime de las otras eléctricas propietarias y ese acuerdo aun no existe.
El PP, que ahora Gobierna en Extremadura, pide la continuidad de Almaraz. Olvida que fue un Gobierno del PP el que propició el cierre de Garoña en Burgos. Y no menciona que Extremadura es, tras Cataluña, la Comunidad que más tasa nuclear cobra. Esto da munición a Vox para arremeter contra el PP.
Entre tanto, Junts se abstiene en el Parlament catalán en la propuesta para cerrar Ascó y Vandellós, mientras ERC vota sí. Todas las trifulcas políticas eclipsan otro problema del sector. Las centrales están contabilizadas en libros en 12.000 millones, y falta mucho por amortizar, con lo que se abre otro agujero.
Vista aérea de la central nuclear de Almaraz
FUENTE: RIPE - EXPANSIÓN
