Contexto
¿Qué propone el anteproyecto de ley de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera?
La propuesta busca que el Estado asuma parte de la deuda acumulada por las comunidades autónomas de régimen común, sobre todo por el endeudamiento generado entre 2010 y 2013 tras la Gran Recesión. Esto implicaría que el Estado pague hasta 83.252 millones de euros de esta deuda, con el objetivo de aliviar la carga financiera y facilitar a las regiones la vuelta gradual a los mercados de financiación.
¿Cómo se distribuiría esa condonación de deuda entre las regiones?
Andalucía y Cataluña serían las principales beneficiarias, recibiendo 18.791 y 17.104 millones respectivamente, más del 43% del total. Le siguen otras regiones como Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia, con cantidades menores. Euskadi y Navarra quedan fuera del régimen común y no se incluyen en esta distribución.
¿Por qué hay rechazo de algunas comunidades, especialmente del PP?
Las comunidades gobernadas por el PP abandonaron la reunión del Consejo de Política Fiscal porque consideran que el acuerdo se alcanzó bilateralmente con una formación independentista (ERC), lo que consideran injusto. Sin embargo, su voto quedó registrado como abstención, lo que abre la posibilidad de que puedan aceptar la medida una vez aprobada la ley.
¿Qué papel juegan las exigencias parlamentarias en la aprobación de esta ley?
Para aprobar la ley, el Gobierno necesita mayoría absoluta en el Congreso. Algunos socios parlamentarios han planteado la necesidad de condicionalidad, es decir, que la condonación de deuda venga acompañada de compromisos fiscales de las comunidades. La ministra Montero no descarta incorporar estos y otros cambios durante la tramitación.
¿Qué argumentos presenta Hacienda para justificar la medida?
El Ministerio señala que la asunción estatal de deuda reducirá el gasto en intereses de las comunidades, facilitando su regreso a los mercados financieros y mejorando su sostenibilidad financiera. Además, se busca reforzar la responsabilidad fiscal mediante la disciplina del mercado, donde las regiones que mantengan finanzas públicas sanas obtendrán mejores condiciones de financiación.
¿Cuál es la reacción judicial y política?
La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional, argumentando que el acuerdo viola el principio de igualdad y representa un "peaje intolerable" a partidos independentistas sin contar con todas las comunidades autónomas.
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Bandera de Andalucía, otra de las comunidades que sería beneficiada con esta medida de Hacienda.
Cómo sigue
El Ministerio de Hacienda cerrará esta semana la fase de consulta pública para recoger las últimas observaciones sobre el anteproyecto de ley, que se espera sea presentada formalmente para su trámite en el Congreso antes de fin de año.
En esta etapa, la discusión política será clave, dado que la mayoría absoluta necesaria implica negociaciones con grupos parlamentarios que podrían exigir modificaciones, especialmente en torno a mecanismos de condicionalidad para asegurar la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas beneficiadas.
Paralelamente, la presión política desde comunidades opositoras, como Madrid, podría generar fricciones o retrasos mediante recursos judiciales. Finalmente, las comunidades autónomas deberán decidir si se acogen o no a la condonación una vez la ley esté aprobada, marcando un posible cambio importante en la gestión de la deuda pública territorial en España.
