La banca española seguirá cargando con un impuesto extraordinario, aunque el escenario de tipos de interés haya cambiado radicalmente. La presión del sector no ha impedido que el PSOE, junto con sus socios parlamentarios, haya logrado sacar adelante en el Congreso la continuidad del tributo, concebido ahora con carácter permanente.
La figura impositiva que regirá a partir de 2025 sigue gravando los ingresos (margen de intereses + comisiones), no los beneficios, con lo que hay riesgo de doble imposición fiscal.
La novedad es que el tipo impositivo dejará de ser igual para todos. El impuesto temporal en vigor aplicaba una tasa del 4,8%. A partir de ahora aplicará un tipo progresivo, que oscilará entre el 1% para tramos de ingresos inferiores a 750 millones y el 7% para los superiores a los 5.000 millones.
El rediseño golpea con más fuerza que el anterior a CaixaBank, Santander y BBVA, a pesar de que estarán sujetos al gravamen todas las entidades. Antes solo lo estaban los diez mayores del ránking. Y suaviza las cosas para los bancos medianos, como Kutxabank o Ibercaja.
Según los cálculos de EXPANSIÓN, los tres grandes concentrarán más el 80% del peaje tributario total y pagarán en 2025 más de 1.200 millones con cargo a los beneficios de este año.
La factura de CaixaBank, que el año pasado abonó 493 millones, puede ascender a 540 millones, según cálculos provisionales de expertos consultados por EXPANSIÓN.
En el caso de Santander rondará los 400 millones y en el de BBVA será algo superior a los 300 millones.
Entre los tres abonarán más de 1.200 millones de euros. Se trata de estimaciones preliminares de trazo grueso. Los expertos consultados están a la espera de confirmar si el texto finalmente aprobado recoge la deducción en caso de caída sostenida de la rentabilidad contemplada en uno de los últimos borradores.
Las patronales bancarias arremetieron ayer con dureza contra la continuidad del impuesto y su nueva formulación. "AEB y Ceca denuncian la inseguridad jurídica y los graves efectos económicos de un impuesto que se ha gestado en un proceso caótico y poco transparente, a espaldas de los ciudadanos y sin diálogo con el sector ni valoración de los órganos consultivos", afirmaron ayer en un comunicado.
"Este impuesto no tiene parangón en los países de la UE, por lo que perjudica la competitividad de las entidades de crédito españolas y del conjunto de la economía y carece de justificación técnica, porque la política monetaria ha entrado en un nuevo ciclo de bajada de los tipos de interés", añade.
Según la AEB, está en juego la concesión de 250.000 hipotecas, porque la medida mermará la capacidad de financiación del sector.
Tribunales
Las patronales emprenderán acciones legales contra esta figura impositiva por posible inconstitucionalidad. Fuentes de Santander aseguraron ayer que también pleiterán.
Todos los grandes bancos tienen recurrido en los tribunales desde el año pasado el gravamen anterior. Se trata de batallas legales que pueden alargarse años y no suspenden el pago de las liquidaciones fiscales.
"Este impuesto debería llamarse tasa CaixaBank. La progresividad tiene sentido en los impuestos a personas físicas, pero no a figuras jurídicas. No puede ser que entidades extranjeras con las que competimos estén sujetas a un tipo del 1% y nosotros del 6% [finalmente será un 7%], afirmó Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank hace unos días, durante la presentación de resultados trimestrales.
Con la nueva versión del gravamen, Bankinter estará obligado a abonar unos 52 millones y Unicaja, algo menos de 50 millones. Sabadell, unos 200 millones.
Del centenar de bancos que opera en España solo se librarán aquellos que mueven menos de 100 millones en concepto de ingresos. La mayoría, cajas rurales.
También esquivarán el recargo tributario los neobancos Revolut, MyInvestor y N26, así como una decena de entidades medianas: Arquia (antigua Caja de Arquitectos), Banca Pueyo, Banco Caminos, Pichincha, EBN, Singular Bank, Inversis y A&G.
FUENTE: RIPE-EXPANSIÓN
