Bélgica ha dado un paso histórico al reconocer, por primera vez, a una empresa como empleador legal de trabajadoras sexuales, en aplicación de la pionera ley que, desde 2024, autoriza a ejercer esta actividad con un contrato de trabajo formal. Este reconocimiento garantiza a los trabajadores sexuales derechos laborales como las bajas por enfermedad o prestaciones por desempleo.
La primera autorización
El Ministerio de Trabajo de Bélgica ha concedido esta primera autorización a un club ubicado en la provincia de Namur, al sur del país. Desde la entrada en vigor de la ley en diciembre de 2024, el ministerio ha recibido nueve solicitudes, de las cuales dos fueron rechazadas y una fue considerada inadmisible. Actualmente, se están evaluando otras cinco solicitudes, lo que refleja un interés creciente en adaptar la legislación laboral al sector.
Celebrado por las travajadoras sexuales
El sindicato UTSOPI, que representa a las trabajadoras sexuales, ha acogido esta decisión como un "señal positiva". Según su portavoz, Marianne Chargois, esta autorización demuestra que algunos empleadores están intentando cumplir con la nueva legislación, lo cual debería ser apoyado. La ley establece que los trabajadores sexuales ahora pueden tener un contrato laboral con condiciones estándar que incluyen derecho a la seguridad social, seguro médico, prestaciones por desempleo y jubilación, vacaciones anuales y baja de maternidad.
Derecho a rechazar clientes
La nueva legislación otorga a los trabajadores sexuales el derecho de rechazar clientes, negarse a actos sexuales, interrumpirlos y poner fin a la relación laboral en cualquier momento. Para los empleadores, la ley impone la obligación de garantizar la seguridad y autonomía del personal. Esta normativa fue bien recibida por los sindicatos, que consideran que ayudará a erradicar situaciones precarias y peligrosas en las que los trabajadores sexuales se ven forzados a aceptar servicios o continuar trabajando hasta edades avanzadas o en condiciones de embarazo debido a la falta de acceso a prestaciones sociales.
Los desafíos de la nueva legislación
No obstante, la implementación de la ley ha encontrado obstáculos. Algunos empleadores han sido rechazados por bancos y aseguradoras, y ha sido difícil encontrar espacios comerciales adecuados para este tipo de actividad, lo que ha ralentizado el proceso de legalización. Además, en marzo de 2025, nueve organizaciones de la sociedad civil presentaron un recurso constitucional contra la ley, alegando que podría "legitimar prácticas de explotación" al reconocer a los propietarios de burdeles como operadores empresariales legítimos. La sentencia de este recurso se espera para finales de 2026.
Este avance legislativo, aunque prometedor, sigue siendo objeto de debate y evaluación en el país, con miras a garantizar tanto los derechos de los trabajadores sexuales como la lucha contra la explotación.
