El 1 de julio llegó al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid un informe en el que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) pedía averiguar si Begoña Gómez cometió un delito de "apropiación indebida" al patentar un software financiado en parte por esta universidad.
Las sospechas que han llevado a la UCM a enviar este informe se sustentan en una investigación interna promovida para "averiguar si se han causado perjuicios al patrimonio de esta administración universitaria".
Dado que "las actividades de investigación realizadas" no han permitido a la universidad "alcanzar una conclusión definitiva", la institución ha solicitado al órgano judicial que averigüe si Begoña Gómez ha cometido "conductas no ajustadas a derecho que hubieran podido causar un daño al patrimonio" de la UCM, tal y como indica el informe
La universidad sitúa este "perjuicio patrimonial" como la clave y motivo de la investigación interna sobre la cátedra extraordinaria que co-dirige Begoña Gómez. Un prejuicio que se concreta en tres contratos diferentes que suman un total de 102.848 euros que la Universidad desembolsó para la cátedra en cuestión.
Todo este dinero iba destinado a poner en marcha y desarrollar "una plataforma tecnológica digital concebida como una herramienta para la medición de impacto social y su cuantificación".
