Si bien la reforma laboral busca flexibilizar la relación laboral para adaptarse a las necesidades de las empresas, es esencial que se garantice que las personas con discapacidad puedan mantener sus empleos sin ser discriminadas.
Descubre que podrán hacer las empresas con las personas con incapacidad en España.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz
La reforma laboral aprobada recientemente en España introdujo cambios relevantes en la regulación del despido de empleados con incapacidad permanente.
Concretamente, según consigan el sitio El Economista, a partir de la implementación de esta normativa, las empresas podrán despedir a los trabajadores que presenten una incapacidad permanente si los costos de adaptar su puesto de trabajo se consideran excesivos.
El despido de trabajadores con incapacidad permanente será permitido bajo ciertas condiciones, en particular, si la empresa no puede adaptarse a las necesidades del trabajador sin que esto suponga un coste elevado, el empleador podrá justificar el despido.
Esto incluye situaciones donde la adaptación del puesto de trabajo, por ejemplo, en términos de accesibilidad o de ajustes tecnológicos, supera los recursos disponibles de la empresa.
El concepto de "coste excesivo" se vuelve clave en esta reforma, y la ley establece que, si dicho coste resulta mayor que la indemnización correspondiente o la cantidad equivalente a seis meses de salario del trabajador, se podrá proceder al despido.
En primer lugar, las empresas deberán ofrecer adaptaciones razonables al puesto de trabajo del empleado con incapacidad, siempre que ello sea posible. Esto incluye reubicar al trabajador dentro de la misma empresa en un puesto que sea compatible con su nueva situación.
Sin embargo, si la empresa considera que no puede afrontar el coste de la adaptación ni encontrar un puesto alternativo viable, podrá proceder con el despido, siempre bajo las condiciones previamente descritas.
Si bien la ley establece que las empresas deben priorizar las adaptaciones y reubicaciones antes de recurrir al despido, este enfoque ha generado preocupación entre organizaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Si bien las empresas pueden justificar el despido si el coste de la adaptación es elevado, los críticos de la reforma temen que esto abra la puerta a despidos injustificados.
El impacto sobre los derechos laborales de las personas con discapacidad es una cuestión central. Las personas con incapacidad pueden ver sus derechos reducidos en función de la capacidad económica de la empresa para realizar adaptaciones, lo que podría ser un obstáculo en términos de inclusión laboral.