18 de mayo 2024
26 de marzo 2024 - 5:58hs

Después de seis años y medio en Bélgica eludiendo a la justicia española, Carles Puigdemont planea regresar a España en virtud de una cuestionada amnistía a los encausados por el procés, condición entre otras para la investidura presidencial de Pedro Sánchez.

Y resulta que ahora también es candidato de Junts a la Generalitat para las elecciones del 12 de mayo.

Con más razón aún, las concesiones económicas negociadas en su momento ya vuelven a plantearse ahora, resuelta la más espinosa y costosa exigencia de la amnistía. 

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Sánchez renunció a los Presupuestos de 2024 y ordenó trabajar directamente en los de 2025 después del adelanto electoral en Cataluña, que complicaba mucho las negociaciones para sacarlo adelante. 

Esta prórroga del Presupuesto implica la no actualización de las entregas a cuenta que reciben los gobiernos autonómicos del sistema de financiación, alrededor de 10.000 millones de euros de ingresos que las comunidades ya habían incluido en sus presupuestos y que generan un bache a cubrir. 

Una situación que ya se había dado en 2019 y de la que no está exceptuada Cataluña, a la que corresponden 1.800 millones de ese total. 

A su vez, la vigencia del viejo Presupuesto congela los planes de reforma de sistema de financiación autonómico, esto es, cómo dar un trato justo al resto de las comunidades (considerando las que estaban infra-financiadas) luego de la condonación del 20% de la deuda de los catalanes. 

A Cataluña ya se le perdonaron 15.000 millones de euros, más 1.300 millones en intereses.

Posee, según el Banco de España, una deuda de 86.800 millones de euros, pero el grueso (casi el 85%) corresponde al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un mecanismo de asistencia del Estado. 

Su ratio de endeudamiento sobre su PIB es del 33,4%, sólo superado por Comunidad Valenciana (44,4%).

En el extremo opuesto está Madrid (13,5%).

El punto es que más allá de la condonación, en esta próxima legislatura Cataluña tendrá que enfrentar los intereses más altos de la década, un total de 30.000 millones de euros, a un ritmo de 8.000 millones anuales.

No es de extrañar que rápidamente hayan puesto sobre la mesa la discusión sobre la reforma tributaria. 

Cómo funciona el famoso cupo

La Generalitat, presidida por Pere Aragonès, propone recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en la autonomía, con lo que pasaría a gestionar 52.000 millones de euros.

Hoy la recaudación representa el 9% del total.

Un cambio básico en este nuevo régimen, que Cataluña ya había exigido hace una década, es que en vez de ser el Estado el que transfiere parte de algunos impuestos a las autonomías, en este caso sería viceversa. 

De todos modos, aún debe formarse una comisión con el Gobierno para definir el tema, tal como se acordó al momento de la investidura. Pero no se dará cabida al resto de las autonomías en la discusión. 

Al igual que en el modelo vasco, que suele tomarse como referencia porque también recauda y gestiona el 100% de sus impuestos, los catalanes contemplan una transferencia al Estado por los servicios centralizados prestados en materias como la acción exterior, la defensa y la justicia.

Ahora, el Estado le transfiere a Cataluña hasta unos 25.616 millones de euros. 

El cambio de financiación no implicará que Cataluña pase a ingresar de manera neta 52.000 millones, pues a esta cifra se debería restar las transferencias al Estado, más la aportación a la administración central y el mecanismo de solidaridad.

Navarra también está bajo un régimen foral como al que aspiran los independentistas catalanes: recaudan sus propios tributos y pagan una cantidad a la administración central por las cargas que asume.

Las regiones forales recaudan todos los impuestos y tienen autonomía a la hora de configurar su sistema fiscal con la salvedad del IVA (armonizado a nivel de la UE).

El dinero que el País Vasco abona al Estado recibe el nombre de cupo y, en el caso navarro, se denomina aportación.

La principal diferencia es que prevé un mecanismo de solidaridad con otras comunidades. Aunque no se precisaron cifras si se habló de un 3% o un 4%, poniendo como ejemplo la región de Alberta en Canadá, que ostenta el mayor déficit con un 3,9%. 

Si se mantiene en esos niveles los expertos calculan que podría derivar en un ahorro fiscal de 13.000 millones de euros. Nada mal para una comunidad que, según los últimos datos disponibles, tiene un déficit, de 9,6% del PBI.

La caja común

Los expertos impositivos, remarcan lo siguiente: Euskadi apenas supone el 8% del PIB español cuando Cataluña representa el 20%. Y es, junto con Madrid y muy lejos, Baleares, la única que registra una aportación a la caja común.

Son las tres únicas aportadoras netas, con unos 9.000 millones de euros en total. Mientras Madrid contribuye con más de 6.300 millones al sistema, Cataluña lo hace con 2.168 millones y Baleares con 334 millones.

Según el centro de estudios Fedea, por el otro lado existen comunidades receptoras por encima de sus ingresos tributarios por un importe de unos 20.000 millones de euros. 

Algo más de la mitad de esta cifra, unos 11.000 millones, procede del Estado, y el resto —9.000 millones— de Madrid (24%), Cataluña (9%) y Baleares. 

En estos territorios beneficiarios netos, los importes recibidos por esta vía suponen en muchos casos más del 20% de sus propios ingresos tributarios y en algunos casos como el de Extremadura superan el 40% o son más de la mitad como en Canarias.

El gran riesgo es, por eso mismo, poner en juego la prestación de los servicios públicos fundamentales en las regiones con menos recursos. De ahí que los tributaristas hablen de hacer estallar el mecanismo de solidaridad interregional.

Habrá que ver qué tan en serio van los catalanes con su propuesta de un fondo solidario o qué tan firme es capaz de plantarse Pedro Sánchez ante la posibilidad de desestabilizar una delicada arquitectura que recorre toda España. 

 

 

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España Cataluña deuda ley amnistía

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