Con el conteo prácticamente cerrado, tras haberse escrutado el 99,98% de las actas todo luce decidido en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú. Keiko Fujimori, la candidata de derecha, y Roberto Sánchez, por una mínima diferencia respecto al ultraderechista Rafael López Aliaga, serán quienes pasen al balotaje.
Fujimori concentra el 17,1% de los votos, mientras Roberto Sánchez, que repuntó en el escrutinio a medida que se incorporaron las regiones más apartadas y pobres, alcanza el 12%. Rafael López Aliaga queda apenas detrás con 11,9%. La diferencia —unos 20.000 sufragios— parece ya insalvable con lo poco que resta por contar.
El presidente del Tribunal Electoral, Roberto Burneo, indicó en una rueda de prensa que el proceso electoral peruano sigue en curso y que durante la mañana del domingo 17 de mayo se “procederá a proclamar las fórmulas que pasarán a la segunda vuelta”.
Keiko Fujimori, hija del líder autoritario de los años noventa Alberto Fujimori, ha dejado en claro su intención de sumar a Perú a la ola de gobiernos de derecha en América Latina, acercarse a Estados Unidos, reinstaurar jueces sin rostro para combatir el crimen y atraer inversión extranjera.
Sánchez representa al partido de izquierda Juntos por el Perú y reivindica la figura de Pedro Castillo, de quien fue ministro de Comercio Exterior y Turismo. Castillo, un maestro de escuela que en 2021 derrotó en segunda vuelta a Keiko Fujimori con la promesa de acabar con la desigualdad, fue destituido y arrestado cuando, en medio de una caótica presidencia, intentó disolver el Congreso.
La Fiscalía
La fiscalía peruana acusó el martes de esta semana a Roberto Sánchez por el presunto delito de declarar información falsa ante autoridades electorales respecto a supuestos aportes monetarios de sus partidarios entre 2018 y 2020.
El fiscal general Tomás Gálvez dijo en conferencia de prensa — por el aniversario de la fiscalía — que Sánchez está beneficiado por la presunción de inocencia, pero que esta condición cambiaría si es condenado en un juicio.
“Él hace su vida normal, sigue como candidato, sigue su actividad política sin ningún problema, ahora si concluyera el juicio y lo condenan, ahí sí ya es otra cosa”, dijo Gálvez sin aportar más detalles del proceso. Aún no se sabe cuándo podría iniciarse el juicio.
Juntos por el Perú fue fundado en 2017 como una coalición de partidos de izquierda. La acusación se basa en presuntas inconsistencias detectadas en los informes financieros del partido correspondientes a 2018 y 2020 cuando se realizaron comicios regionales, municipales y legislativos.
El abogado de Sánchez, Carlos García, negó las acusaciones en declaraciones a la emisora de radio RPP bajo el argumento de que los informes financieros del partido fueron elaborados por el tesorero y no por el candidato.
La bandera del fraude
López Aliaga ha señalado que desconocerá el resultado en vista de que hubo “un fraude único en el mundo”, pero hasta el momento no ha presentado pruebas. Junto a miles de sus seguidores ha protestado en varias ocasiones a las puertas del organismo electoral.
El domingo 12 de abril la jornada arrancó con fuertes demoras en la apertura de varios centros de votación en Lima por falta de material electoral, mientras otros no estuvieron operativos durante todo el día. En esos locales, que finalmente no abrieron, debían sufragar 52.000 ciudadanos. El Jurado Nacional de Elecciones autorizó que la votación se realizara el lunes.
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Protesta de seguidores de Rafael López Aliaga
AP
Si bien la votación adicional se cumplió, López Aliaga —quien ha hecho del mote de “Porky”, nacido en las calles de Lima, su distintivo de campaña— sostiene que el retraso en la apertura de mesas del domingo tuvo un impacto elevado, pues hubo votantes que optaron por abstenerse y no regresaron cuando los centros estuvieron operativos.
Crisis política
Las estadísticas de la primera vuelta evidencian la magnitud de la crisis política que atraviesa Perú, no solo por tener el récord de cuatro presidentes en los últimos cinco años, sino por la debilidad de los partidos, la fragmentación extrema del voto y el poco apoyo popular de los candidatos al balotaje.
La candidata más votada, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez con quien todo apunta a que disputará el balotaje, no suman entre los dos un tercio de los votos, una cifra precaria que implica un piso frágil para gobernar.
Otro signo de la inconformidad de los peruanos es la elevada cantidad de votos nulos y en blanco. Las cifras registran 3,4 millones de sufragios en esa condición, una cantidad que supera los 2,8 millones obtenidos por Keiko Fujimori, la candidata que encabeza la elección.
Poder en rotación
El poder en Perú se ha transformado en un asiento efímero. En febrero de este año, el Congreso votó a favor de la censura y destitución del presidente José Jerí, acusado de ocultar reuniones con empresarios chinos bajo investigación gubernamental. En su lugar asumió el congresista de 83 años José María Balcázar, quien estará al frente hasta que concluya el proceso electoral.
Jose Jeri, presidente de Perú. AP
La salida de Jerí llegó apenas cuatro meses después de que el Congreso destituyera a Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”, en medio del aumento de la delincuencia en las principales ciudades y la caída en barrena de su popularidad. Boluarte había asumido la presidencia en 2022, tras la captura de su antecesor Pedro Castillo —de quien era vicepresidenta— luego de que intentara disolver el Congreso.
Estos episodios son pequeños eslabones de una larga cadena de turbulencias. Casi todos los expresidentes vivos de Perú han terminado bajo procesos judiciales. Alejandro Toledo, que gobernó entre 2001 y 2006, recibió una condena de 20 años por sobornos; Ollanta Humala, presidente entre 2011 y 2016, fue hallado culpable de lavar fondos de campaña vinculados a Odebrecht.
Pedro Pablo Kuczynski pasó tres años bajo arresto domiciliario, mientras que Alan García se suicidó en 2019, momentos antes de que un fiscal llegara a su casa para detenerlo. Alberto Fujimori, el líder autoritario de los años noventa, pasó más de una década en prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción, antes de obtener un polémico indulto en 2023. Murió al año siguiente, a los 86 años.
