Eduardo Bolsonaro se mudó hace más de un año a Estados Unidos, donde estuvo haciendo lobby ante el gobierno de Donald Trump a favor de su padre, Jair Bolsonaro, a quien considera un perseguido político. El Tribunal Supremo (TSF) de Brasil declaró este martes al exdiputado culpable de coacción en relación con el juicio por golpismo que se le siguió al expresidente y lo condenó a cuatro años y dos meses de prisión en régimen semiabierto.
Los cinco magistrados que analizaron el caso coincidieron en que interfirió ilegalmente al cabildear ante el gobierno de Estados Unidos para amenazar a funcionarios brasileños con el fin de detener el juicio. "No es función de un diputado federal brasileño hacer lobby en el exterior contra su propio país", sostuvo el juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes.
Juicio a Bolsonaro - Alexandre de Moraes - AFP
Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema
AFP
A partir de la condena unánime, el hijo del expresidente, que a fines de 2025 fue despojado de su banca en Diputados a partir de sus ausencias en la cámara, quedó inhabilitado para presentarse a elecciones durante un máximo de ocho años. Eduardo Bolsonaro aspiraba a ser suplente de un candidato al Senado en los comicios de octubre.
En una primera reacción, consideró que el juicio se llevó adelante "sin respeto al debido proceso". "Por eso, el verdadero objetivo de este juicio sin sentido es solo uno: eliminar mi nombre de las elecciones", indicó en un comunicado, poco después de que se conociera la sentencia. El texto fue publicado en sus redes sociales junto a una imagen en la que se lo ve con la boca tapada y con la inscripción "me quieren callar".
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El defensor público Esdras dos Santos Carvalho, abogado de oficio designado para representar al exdiputado, negó las acusaciones al sostener que se limitó a ejercer una "interlocución política" ante el gobierno de Estados Unidos. Carvalho recalcó que Bolsonaro "no tuvo ningún poder de decisión sobre la política exterior estadounidense" y tampoco se sirvió de violencia o amenazas graves, circunstancias que son necesarias en el delito de coacción.
Las presiones en EEUU
El exdiputado vive en Texas desde febrero de 2025 y desde entonces ha mantenido reuniones con congresistas republicanos y funcionarios de la Casa Blanca, además de asistir a los encuentros de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el principal foro de la derecha en Estados Unidos. Estrecho aliado del gobierno de Trump, hizo lobby a favor de sanciones contra los magistrados que llevaban el juicio contra su padre, para evitar una condena.
Y en un principio tuvo éxito. Washington sancionó en su momento a De Moraes por llevar adelante lo que Trump consideró una "caza de brujas" contra su aliado, así como por sus acciones para regular las redes sociales, incluido el bloqueo temporal de la plataforma X de Elon Musk y las cuentas de usuarios populares entre voces conservadoras. Por eso, ahora Eduardo Bolsonaro acusó a De Moraes de actuar "simultáneamente como juez y como presunta víctima".
"Fui condenado porque el presidente Trump sancionó correctamente a un violador de los derechos humanos, Alexandre de Moraes", escribió en la red social X.
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La condena de 27 años de prisión contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado en 2022 llevó además a Trump a establecer aranceles del 50% a Brasil.
El gobierno de EEUU dio luego marcha atrás con ambas medidas, después de que el líder MAGA se reuniera con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión se dio, además, en medio del fuerte aumento del precio de productos como el café, del que Brasil es el principal proveedor en Estados Unidos.
La campaña electoral en Brasil
Aunque el vínculo entre ambos gobierno pareció distenderse, y Lula y Trump se mostraron "satisfechos" con el encuentro que mantuvieron en mayo en la Casa Blanca, este mes el mandatario estadounidense acusó a Brasil de prácticas comerciales "desleales" y amenazó con imponer un arancel del 25% a las importaciones de ese país, aunque con algunas excepciones. Los productos considerados estratégicos por Estados Unidos, como la carne, la fruta, el café, las aeronaves y las tierras raras, entre otros, quedaron fuera de la lista.
Donald Trump y Lula Da Silva
Poco antes, la administración Trump había designado a los dos principales grupos criminales de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), como organizaciones terroristas. La decisión generó un fuerte rechazo del gobierno de Lula, que la consideró "arbitraria" y una "injerencia externa". En su visita a Washington, el mandatario brasileño le había expresado a su homólogo su oposición a esta designación.
El gobierno de EEUU defendió la decisión. La medida "hace parte de la estrategia regional del gobierno y no requerimos autorización ni el permiso de otro gobierno", aseguró la portavoz del Departamento de Estado, Natalia Molano, en declaraciones a El Observador USA, que aclaró de todos modos que "no es algo dirigido a Brasil como país ni al gobierno de Brasil".
Flávio Bolsonaro con Trump - EFE
Los anuncios se dieron después del viaje de Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente, a Washington. El senador fue elegido por su padre para disputarle en octubre la presidencia a Lula, que va por su cuarto mandato a los 80 años. Y no sólo consiguió que EEUU sume presión sobre el gobierno de su rival, sino que se llevó una foto con su aliado.
Mientras, en su país, el precandidato del Partido Liberal (PL), enfrenta una crisis a poco más de cuatro meses de las elecciones, tras verse involucrado en un escándalo por sus vínculos con un banquero acusado de fraude, que hizo que cayera en la intención de voto.
La condena "parece claramente una venganza contra Eduardo" del juez Moraes y "no estamos viviendo más en una democracia plena", reaccionó en redes el senador, según recogió la agencia AFP.
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