La Constitución obliga al presidente electo a jurar ante el Congreso, ceremonia que históricamente se ha realizado en la sede legislativa de Bogotá. El próximo 7 de agosto, para cumplir con la legalidad, De la Espriella pretende trasladar a los parlamentarios hasta el Cauca, en el sur del país, donde grupos armados mantienen control sobre parte del territorio. La operación requerirá la aprobación de las dos cámaras del Parlamento.
Disidencias de las Farc en el Cauca
EFE
“Hago un llamado directo y patriótico al nuevo Congreso para que el 20 de julio tomen la decisión correcta y cumplan el mandato del pueblo”, dijo De la Espriella. Por su parte, Diego González, secretario general del Senado, señaló que, si el Congreso da luz verde, no sería necesario que los 296 parlamentarios viajen al Cauca: bastaría con que la mitad más uno se traslade para cumplir con el quórum exigido.
El presidente Gustavo Petro, aún en ejercicio, se opone a la juramentación en una guarnición militar y ordenó que “ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia”. El pulso deja a las Fuerzas Armadas en una situación incómoda: deben acatar las órdenes de Petro como comandante en jefe hasta el final de su mandato y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad y mantener el puente con el nuevo presidente.
El gesto de resaltar lo militar juramentándose en una guarnición es una señal inequívoca del giro que De la Espriella pretende dar a la política de seguridad.
Su estrategia se condensa en cinco puntos: ultimátum a los jefes de los grupos armados y fin de la “paz total”, reestructuración de las Fuerzas Armadas, revisión del acuerdo firmado en 2016 por el expresidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla que protagonizó el conflicto armado durante cinco décadas, y la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas, la alianza militar de Washington con países de la región.
El ultimátum
En la campaña electoral, De la Espriella, el abogado penalista que irrumpió como outsider de derecha, insistió en la mano dura contra los grupos armados: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las facciones de las FARC que no se plegaron al acuerdo de 2016 y el Clan del Golfo.
Del gobierno de Petro, quien intentó desarmar a narcoguerrillas y estructuras criminales mediante acuerdos en mesas de negociación bajo el plan de “paz total” —un proceso desgastado y con avances mínimos—, Colombia pasa a una administración que exige rendición incondicional y clausura el diálogo.
La semana pasada, en un acto público, De la Espriella lanzó un ultimátum: “Declaro a alias Alfred, del frente nororiental del ELN, y a alias Andrey, del frente 33 de las FARC, objetivos militares. Tienen un mes para entregarse; de lo contrario iremos por ustedes y les caerá todo el peso de la ley y del Estado de derecho”.
De esta manera, el presidente electo apuntó directamente a dos jefes de la narcoguerrilla que concentran gran parte del control armado en el Catatumbo, la región fronteriza con Venezuela considerada el mayor enclave de cultivos de coca del planeta.
En esa línea, tuvo un gesto para dejar aún más explícito el fin de los intentos de diálogo al referirse a la figura del comisionado para la paz, el funcionario encargado de impulsar las mesas de negociación: “Se acaba el comisionado para la paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”. En su lugar, designará a un comisionado nacional de seguridad.
El acuerdo
De la Espriella también tiene entre sus objetivos dos organismos que gravitan alrededor del acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC, que permitió la desmovilización de unos 13.000 guerrilleros. En esa línea, afirmó que eliminará la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, la estructura creada para dar cumplimiento a lo pactado.
Asimismo, se refirió con dureza a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional que procesa a excombatientes y exmilitares por los delitos cometidos durante el conflicto armado, y lanzó una amenaza directa contra Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, quien firmó el acuerdo de 2016 y está sometido a esta instancia.
Acusó a la JEP de pretender “lavar sus crímenes con el disfraz de un tribunal” y respecto a “Timochenko” afirmó que “merece estar preso de por vida; voy a trabajar en ello”. No luce fácil este camino. La JEP nació de una reforma a la Constitución e intentar desconocerla podría generar una fuerte resistencia en los sectores de Colombia que llaman a respetar el acuerdo.
La reestructuración
Para dirigir el cerco contra los grupos armados, De la Espriella nombró ministro de Defensa al general retirado Jorge Mora, uno de los 80 oficiales que dejaron el servicio activo durante el gobierno de Petro, señalado de haber impulsado “purgas” en el Ejército.
El plan contempla reintegrar a otros oficiales. “Estamos revisando las hojas de vida de generales, coroneles y tenientes coroneles retirados injustamente por el gobierno anterior”, adelantó Mora a Blu Radio. Añadió que se dispone a reforzar la inteligencia, la aviación y la tecnología aplicada al combate. Asimismo, insistió en que el Estado debe recuperar el control de las zonas donde operan estructuras criminales: “Hasta el último centímetro de nuestro territorio debemos recuperarlo”, dijo.
Mora defendió el recurso de los bombardeos contra organizaciones armadas, una práctica que el gobierno de Petro aplicó con menor frecuencia y que ha sido blanco de críticas por derivar en la muerte de menores reclutados a la fuerza: “Son una herramienta eficaz en la lucha contra el terrorismo en Colombia”, indicó.
De la Espriella y el general Jorge Mora
Escudo de las Américas
La afinidad con Trump abre paso a una nueva etapa con Estados Unidos. Durante la campaña electoral, De la Espriella se declaró admirador del mandatario republicano y recibió su apoyo explícito. Ahora, Washington se dispone a iniciar una nueva fase en la relación con Colombia.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, invitó a De la Espriella a “trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición de las Américas contra los Carteles, para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países”.
La Coalición o Escudo de las Américas es una iniciativa de la administración Trump en la que se han alineado distintos países de América Latina para atacar al crimen organizado en todo el Hemisferio Occidental, bajo el objetivo de Washington de reafirmar su dominio en la región.
De la Espriella no dudó en señalar que tan pronto asuma la presidencia se sumará a la iniciativa. “A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas. Colombia no será más gobernado por un gobierno complaciente con el narcoterrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde”, aseguró.
Pete Hegseth secretario de Defensa
AFP
Enemigo fortalecido
Para el presidente electo lograr la rendición de la narcoguerrilla y estructuras criminales como el Clan del Golfo, aun con el apoyo de Estados Unidos, supondrá una lucha cruenta y prolongada. La Fundación Ideas para la Paz, dedicada al estudio del impacto del conflicto armado, precisa en su último informe que los grupos ilegales se han fortalecido, aumentando su número de combatientes y afianzando su control territorial.
“A diciembre de 2025, estas estructuras sumaban más de 27.000 integrantes, entre hombres en armas y redes de apoyo, lo que representa un crecimiento del 23,5% respecto a diciembre de 2024. En solo un año, más de 5.000 personas se incorporaron a estas organizaciones ilegales”, señala el documento.
Los grupos armados ya no solo disputan corredores estratégicos: ejercen gobernanza criminal, capturan instituciones locales y diversifican sus economías ilícitas, que mueven recursos equivalentes al doble del presupuesto de Defensa. A ello se suma la ventaja tecnológica —con cerca de 500 ataques con drones explosivos registrados desde 2023— y el debilitamiento del Estado, cuya Fuerza Pública perdió 60.000 integrantes desde 2021 y apenas conserva el 46% de su capacidad operativa.
La rendición de estas estructuras exigirá mucho más que los ultimátum y el simbolismo de un presidente juramentándose en una guarnición militar.
