Representantes del gobierno de Delcy Rodríguez y de un sector de la oposición venezolana cerraron el pasado 13 de agosto el primer ciclo del diálogo impulsado por Estados Unidos con un resultado clave: el pacto para renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Poco después, la confesión de una exmagistrada expuso con crudeza la descomposición del Poder Judicial y evidenció por qué, más allá de designar nuevos jueces, resulta vital desmontar el aparato que condiciona las sentencias.
La revelación provino de Bárbara César Siero, exmagistrada del TSJ, quien ejerció durante una década y ocupó la vicepresidencia de la Sala Político Administrativa hasta 2024. A través de un video difundido en YouTube, denunció que la sentencia con la que ratificó la inhabilitación política de María Corina Machado —la fórmula empleada por el oficialismo para bloquear la candidatura de la principal líder de la oposición en las presidenciales de 2024— fue tomada bajo coacción tras la detención y desaparición forzada de sus familiares.
Afirmó que el 15 de diciembre de 2023, minutos después de que la defensa de Machado solicitara la revisión de su inhabilitación ante la Sala Político Administrativa, comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron e incomunicaron a sus hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique y el mayor Guillermo Henry César Siero, y a su cuñada, la mayor Diana Victora Justo.
Bajo la incertidumbre sobre su paradero, denunció haber sido forzada a firmar los proyectos de sentencia el 22 de diciembre y a ratificarlos el 26 de enero de 2024, tras el anuncio oficial de la supuesta conspiración “Brazalete Blanco” para asesinar al entonces mandatario Nicolás Maduro, un expediente en el que el oficialismo incluyó a sus familiares.
La semana pasada, el Tribunal dictó sentencia y desestimó los cargos más graves —terrorismo, rebelión y magnicidio en grado de tentativa—, pero condenó a su hermano Guillermo Enrique a 12 años de prisión por conspiración política y a tres años por encubrimiento a Guillermo Henry y a su cuñada Diana Victora Justo.
Tras el desenlace, la exmagistrada difundió el video donde sostiene: “La vida de mis seres queridos se usó como rehenes para forzarme a firmar decisiones claves que afectaron el rumbo democrático del país”. La operación Brazalete Blanco fue “un libreto fabricado para perjudicar a mi familia y a muchas otras, para obligarme a renunciar y enviar un mensaje de terror al estamento militar y judicial”, añadió.
Dudas en la reforma
Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico, Delcy Rodríguez asumió el mando como presidenta interina bajo la tutela de Washington.
La Casa Blanca respalda una mesa de negociación encabezada por representantes de dos parlamentos: la Asamblea Nacional elegida en 2015, de mayoría opositora, anulada por el chavismo pero con reconocimiento estadounidense, y el Parlamento surgido en 2025 en unas elecciones legislativas en las que la oposición mayoritaria se abstuvo de participar tras las contundentes denuncias de fraude en las presidenciales de julio de 2024.
Dinorah Figuera, presidenta del parlamento elegido en 2015, encabeza al grupo de parlamentarios que representa a la oposición, mientras Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, lidera la delegación del chavismo.
Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez
EFE
Los delegados acordaron activar un proceso para la renovación y designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El esquema contempla la ampliación del comité de postulaciones y la conformación de un consejo encargado de revisar las credenciales y los requisitos de los aspirantes, con el fin de garantizar transparencia y evitar irregularidades en las designaciones.
Aunque el consejo de revisión de credenciales ya fue designado y está integrado por juristas de amplia trayectoria, sus decisiones no serán vinculantes al tratarse de una instancia no contemplada en la Constitución, un vacío jurídico que despierta incredulidad sobre el peso real que tendrán sus recomendaciones frente a los intereses políticos.
El comité de postulaciones, la instancia que en definitiva evaluará y preseleccionará a los aspirantes a magistrados, también despierta dudas. El órgano estará compuesto por 11 parlamentarios y 12 representantes de la sociedad civil, pero la correlación de fuerzas es evidente: los 11 legisladores pertenecen a la Asamblea Nacional elegida en 2025 —la que ejerce funciones actualmente— y ocho de ellos provienen de las filas del partido de gobierno.
Por su parte, los 12 miembros de la sociedad civil deberán ser elegidos con el voto de las dos terceras partes del Parlamento. Para escogerlos, la ley crea una comisión preliminar integrada por los mismos 11 diputados, encargada de abrir la convocatoria, recibir las postulaciones, preseleccionar a los candidatos y remitir la lista final a la plenaria.
La ONG Espacio Público advierte que “cuando una sola fuerza política domina ampliamente el Parlamento, existe el riesgo de que la selección favorezca la militancia o la afinidad ideológica por encima del mérito y la imparcialidad profesional”.
El sistema
Mariano de Alba, abogado especialista en derecho internacional, señaló a través de su cuenta de X que la denuncia de Bárbara César Siero “pone de relieve las limitaciones que enfrenta el proceso actual de reforma judicial”.
“Es crucial avanzar también en la transformación de las condiciones en las que se administra justicia. Eso requeriría definir garantías y mecanismos para que los jueces no sigan expuestos a represalias por decidir en contra de intereses de poder y para evitar que los demás poderes públicos incumplan fácilmente sentencias sin consecuencias”, sostiene De Alba.
A su juicio, el planteamiento actual se queda a mitad de camino si no aborda la coacción estructural: “La reforma, tal y como está planteada hoy, es necesaria y puede producir mejoras importantes, pero será frágil si se limita únicamente al cambio de los integrantes del TSJ. El relato de la exmagistrada da cuenta del uso de organismos de inteligencia civiles y militares, y de detenciones arbitrarias y procesos penales contra familiares, para condicionar las decisiones judiciales”.
