El DACA bajo asedio: detienen a beneficiarios a pesar de tener protección contra la deportación en EEUU
La administración Trump está llevando adelante una ofensiva contra el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), intensificando los arrestos y las investigaciones sobre los dreamers. Mientras el gobierno argumenta que la protección no es automática, grupos de defensa denuncian una "erosión" de derechos.
La administración de Donald Trump está llevando adelante una amplia reforma de las políticas migratorias de Estados Unidos, que incluye una ofensiva contra la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el programa diseñado para proteger de la deportación a los migrantes que llegaron al país de niños. Los beneficiarios de DACA, comúnmente conocidos como dreamers, están siendo objetivo de mayores investigaciones y arrestos que no siguen los procedimientos usuales.
Este patrón, que incluye la revisión de actividad en redes sociales y la revocación de su estatus migratorio, es calificado por grupos de defensa de los derechos de los migrantes como un intento de "erosionar poco a poco" las protecciones, poniendo en riesgo la permanencia de cientos de miles de personas.
El arresto del mecánico filipino Yaakub Vijandre a principios de octubre es un ejemplo de esta nueva postura antiinmigratoria. Cuando Vijandre se preparaba para ir a trabajar, seis vehículos aparecieron frente a su casa en el área de Dallas, agentes federales le apuntaron con un arma y lo detuvieron, según la agencia AP. El gobierno argumentó que el arresto del videógrafo freelance y activista propalestino se debió a publicaciones en redes sociales que "glorificaban el terrorismo", si bien sus abogados insisten en que se trata de discurso protegido por la Primera Enmienda.
Desde 2012, el programa DACA, implementado en la era de Barack Obama, protege de la deportación a cientos de miles de personas que llegaron a Estados Unidos de niños, siempre que se mantuvieran alejadas de problemas. Los dreamers deben renovar su estatus cada dos años, pero tienen la posibilidad de trabajar legalmente en EEUU. Previamente, si el estatus de un beneficiario del DACA estaba en peligro, este recibía una advertencia y tenía la oportunidad de discutir su caso antes de ser detenido e iniciar el proceso de deportación.
Agente de ICE detiene a un ciudadano. AP.webp
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Vijandre se encuentra entre aproximadamente 20 beneficiarios de DACA detenidos desde que Trump asumió el cargo en enero, según Home is Here, una campaña creada por grupos de defensa pro-DACA. Estos arrestos se producen en el marco de una estrategia más amplia de la administración Trump para endurecer la política migratoria, que incluye una serie de modificaciones en los procedimientos de detención. Dichos cambios implican que los inmigrantes enfrentan ahora una mayor investigación, incluso de sus redes sociales, al solicitar visas, tarjetas de residencia, ciudadanía, o al pedir la liberación de sus hijos de custodia federal.
Consultada sobre la política de detenciones, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, emitió una declaración diciendo que las personas "que afirman ser beneficiarias del DACA no están automáticamente protegidas contra las deportaciones", ya que el programa "no confiere ninguna forma de estatus legal en este país". McLaughlin añadió que los beneficiarios pueden perder su estatus "por una serie de razones, incluso si han cometido un delito".
La funcionaria justificó el caso de Vijandre al afirmar que el activista realizó publicaciones en redes sociales "glorificando el terrorismo", incluyendo una que, según ella, celebraba a Abu Musab al Zarqawi, líder de Al Qaeda en Irak que fue abatido en un ataque estadounidense en 2006.
Sin embargo, el abogado de Vijandre, Chris Godshall-Bennett, respondió que la actividad de su cliente es "claramente" discurso protegido y criticó que el gobierno no haya proporcionado detalles específicos de las publicaciones en documentos judiciales. La administración ahora busca poner fin al estatus DACA de Vijandre, lo que podría resultar en su deportación a Filipinas, un país que no visita desde que su familia llegó a EEUU en 2001, a los 14 años.
Manifestantes a favor del beneficio del DACA para los migrantes. AP
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Otros arrestos de beneficiarios del DACA
Otras detenciones muestran la tendencia del cambio de política. En agosto, Catalina "Xóchitl" Santiago, activista de 28 años de El Paso, Texas, fue arrestada a pesar de presentar a los oficiales de inmigración su permiso de trabajo válido obtenido a través de DACA. Días después, Paulo Cesar Gamez Lira, un padre de 28 años, fue detenido por agentes federales al llegar a su casa con sus hijos después de una cita médica, sufriendo una dislocación de hombro durante la aprehensión, según sus abogados.
Ambos beneficiarios permanecieron detenidos por más de un mes. Su abogada, Marisa Ong, denunció que el gobierno nunca notificó a sus clientes sobre la intención de revocar su estatus DACA. "Los beneficiarios de DACA tienen un interés protegido constitucionalmente en su libertad continua", enfatizó Ong, argumentando que "el gobierno no puede quitar esa libertad sin proporcionar alguna razón válida".
El estatus DACA puede ser revocado si los beneficiarios son condenados por un delito grave (felony), delitos menores significativos, tales como aquellos que implican daños a terceros, conducir bajo la influencia o distribución de drogas, por tres o más delitos menores, o si representan una amenaza para la seguridad nacional o pública.
Migrantes cruzando la frontera - AP
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En defensa de las detenciones, el DHS afirmó que Santiago había sido acusada previamente de allanamiento de morada y posesión de narcóticos, mientras que Gamez Lira había sido arrestado por posesión de marihuana. Sin embargo, su abogada, Marisa Ong, refutó la justificación al señalar que el gobierno "no presentó evidencia de ninguna mala conducta pasada por parte de ninguno de los individuos" al solicitar su liberación.
Mientras tanto, Vijandre permanece detenido en Georgia. Sus abogados indicaron que, aunque recibió un aviso sobre la terminación de su estatus DACA dos semanas antes de su arresto, no se le concedió la oportunidad de defender su caso. "Creo que la administración ha trazado una línea muy clara, al menos por ahora, entre ciudadanos y no ciudadanos, y su objetivo es sacar del país a tantos no ciudadanos como sea posible y hacer que sea lo más difícil posible para los no ciudadanos ingresar al país", dijo su abogado.
Los desafíos legales que enfrenta el DACA
Migrantes latinos y el sueño americano. AP
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Aunque el programa DACA sobrevivió el intento de la primera administración Trump de anularlo, luego de que la Corte Suprema dictaminara en 2020 que no se siguieron los pasos legales adecuados, el programa continúa bajo asedio.
Lejos de cesar, los esfuerzos por finalizar o restringir DACA se multiplicaron. Judicialmente, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito emitió este año un fallo que denegaría permisos de trabajo a los beneficiarios de DACA que residen en Texas, y la administración Trump ya presentó sus planes a un juez federal para determinar la aplicación de esta medida.
A nivel regulatorio, la administración emitió nuevas restricciones que impiden a los dreamers y otros inmigrantes obtener licencias de conducir comerciales. La presión también se siente en otros ámbitos: 19 estados republicanos eliminaron el acceso de los beneficiarios al seguro médico bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act), conocida como Obamacare, y el número de estados que permiten la matrícula estatal a estudiantes inmigrantes disminuyó tras las demandas presentadas por el Departamento de Justicia este año.
"Esta administración podría no estar tratando de poner fin a DACA por completo como lo hicieron la primera vez, pero lo están erosionando poco a poco", dijo a AP Juliana Macedo do Nascimento, portavoz de United We Dream, que forma parte de Home is Here.
