Un juez reactiva una inusual investigación contra funcionarios de Trump por los vuelos de migrantes a El Salvador
La disputa por la deportación de dos aviones llenos de migrantes venezolanos a El Salvador escaló a una crisis de poder:un juez federal relanzó una inusual investigación por desacato criminal contra la Administración Trump, acusada de ignorar una orden judicial para devolver los vuelos el 15 de marzo. Qué responde el gobierno.
1 de diciembre 2025 - 9:39hs
En febrero llegaron los primeros migrantes deportados a Venezuela
La disputa por los migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador escaló en el ámbito judicial: un juez federal en Washington reactivó una investigación por desacato penal contra funcionarios de la Administración Trump. La indagación busca determinar si el gobierno ignoró deliberadamente la orden judicial de devolver dos aviones llenos de migrantes venezolanos que se dirigían a El Salvador el 15 de marzo, desatando una polémica lucha de poder entre el ejecutivo y el judicial. La reactivación de la investigación incluye una orden directa del juez a los funcionarios involucrados, incluida la secretaria de Seguridad Nacional,Kristi Noem, de presentar declaraciones juradas para determinar si deben enfrentar un procesamiento.
La discusión sobre qué sucedió con los aviones y por qué la orden del juez no se ejecutó, entró en una fase crítica este viernes cuando el juez de distrito de EEUU, James Boasberg, relanzó la investigación. Boasberg había concluido previamente que el gobierno había ignorado la orden judicial y amenazó con que los funcionarios responsables fueran procesados por desacato. Sin embargo, una corte de apelaciones había revocado su decisión y la investigación parecía estancada, hasta que, en un nuevo giro, un panel más amplio de jueces de la misma corte dictaminó el 14 de noviembre que la pesquisa podía proceder.
Las investigaciones por desacato criminal contra funcionarios gubernamentales, como la reactivada por Boasberg, son un último recurso "extremadamente raro", según explicó el exjuez federal Jeremy Fogel a AP. Fogel, quien sirvió veinte años en el tribunal del norte de California, señaló que este caso, que investiga si a los migrantes se les privó de sus derechos al debido proceso y si se menospreció la autoridad del tribunal, cumple con el estándar requerido: "El juez tiene que creer que se pudo haber cruzado una línea que no se puede ignorar".
Para asegurar un expediente "absolutamente claro" sobre los hechos, el juez Boasberg ordenó a la administración presentar declaraciones juradas escritas antes del 5 de diciembre. Estas deben detallar los roles de todos los funcionarios involucrados en la decisión de no devolver los vuelos a EEUU. Boasberg, quien rechazó la solicitud del Departamento de Justicia de abandonar la investigación, dijo que debe determinar si Noem o cualquier otra persona, "debería ser remitida para un posible procesamiento por desacato". "En otras palabras, el Tribunal debe decidir si: (1) la orden judicial fue 'clara y razonablemente específica'; (2) 'el acusado violó la orden'; y (3) 'la violación fue intencional'", escribió.
En una presentación judicial, los abogados del Departamento de Justicia revelaron la cadena de decisión: la secretaria Noem autorizó la transferencia de los migrantes a El Salvador tras recibir el consejo del asesor legal general interino del DHS, Joseph Mazzara. A su vez, Mazzara había consultado sobre la legalidad de mantener los vuelos en curso con el fiscal general adjunto, Todd Blanche, y el asociado adjunto principal, Emil Bove, según consta en el documento.
La defensa de la administración Trump
El Salvador - Cecot - AFP.jpg
La administración negó cualquier violación y defendió enérgicamente su decisión de no regresar los aviones. En su presentación judicial, los abogados del gobierno sostuvieron que la directiva del juez para bloquear el retorno fue dada verbalmente en el tribunal, pero no fue incluida en la orden escrita.
Además, argumentaron que la orden escrita solo prohibía a la administración expulsar a "cualquiera de los demandantes individuales de Estados Unidos durante 14 días", sin hacer mención a los vuelos que ya estaban en curso. El Departamento de Justicia concluyó que, dado que los dos aviones ya habían salido del territorio y el espacio aéreo de EEUU, los migrantes a bordo ya habían sido "expulsados" y, por lo tanto, quedaban fuera del alcance de la orden judicial.
"En consecuencia, el Gobierno sostiene que sus acciones no violaron la orden del Tribunal —ciertamente no con la claridad requerida para un desacato criminal— y no se justifican o son apropiados más procedimientos", escribieron los abogados.
El juez de la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C, Gregory Katsas, dijo en agosto que la interpretación de la administración de la orden de Boasberg era plausible. La orden "podría haberse leído razonablemente" como que solo prohibía al gobierno "expulsar a los detenidos del territorio de Estados Unidos", dijo el juez.
Trump y Bukele. AFP.webp
Deportación por "Ley de Enemigos Extranjeros" y abusos en el CECOT
Para acelerar la expulsión de los migrantes, la Administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798. Esta ley otorga al presidente el poder de ordenar la detención y deportación de ciudadanos de naciones "enemigas" sin los procesos legales habituales. El gobierno justificó su uso acusando a la banda venezolana Tren de Aragua de "perpetrar, intentar y amenazar con una invasión" en territorio estadounidense. La Ley solo se había utilizado anteriormente durante guerras, siendo su última aplicación en la Segunda Guerra Mundial para encarcelar a personas de ascendencia japonesa.
El uso de esta vieja normativa desató una fuerte polémica, especialmente por la falta de rigor en la identificación de los miembros del cártel. Surgieron denuncias de que muchos migrantes fueron señalados simplemente por tener tatuajes similares a los usados por el grupo criminal.
En mayo, la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión de estas deportaciones mientras los tribunales inferiores evalúan el caso. Aunque el alto tribunal no se pronunció sobre la legalidad de la Ley de 1798, su fallo exige que los migrantes tengan más tiempo y garantías legales para impugnar su expulsión.
Venezolanos en el CECOT en El Salvador - AFP
Venezolanos detenidos en el CECOT
AFP
Por otra parte, el destino de los deportados desató indignación internacional. Un informe conjunto de Human Rights Watch y Cristosal documentó que los 252 venezolanos expulsados y enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) fueron víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos.
El informe acusa a ambos gobiernos de violar el derecho internacional y detalla que los migrantes, muchos de ellos solicitantes de asilo, sufrieron detención arbitraria, tortura y violencia sexual. A pesar de que la mayoría fue acusada de pertenecer al Tren de Aragua, el informe señala que solo el 3% de los deportados tenía condenas por delitos violentos, y cerca de la mitad no tenía antecedentes penales.
A mediados de julio, los detenidos fueron trasladados a Venezuela como parte de un intercambio por diez ciudadanos estadounidenses detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro.
Corte Suprema de Estados Unidos. AP.webp
Presión de la Casa Blanca y el riesgo de encarcelamiento
El enfrentamiento se intensifica por la hostilidad de la Casa Blanca hacia el control judicial. Los funcionarios de Trump cuestionaron repetidamente la autoridad de los jueces para revisar las políticas del poder ejecutivo, especialmente en inmigración. El propio Trump habló directamente de Boasberg, calificándolo de "alborotador y agitador" y pidiendo su destitución. Incluso el Departamento de Justicia presentó una denuncia por mala conducta en su contra en julio.
El juez enmarcó su investigación por desacato como un esfuerzo por defender la Constitución de EEUU, sosteniendo que exige el cumplimiento de las órdenes judiciales. Boasberg acusó a la administración de haber expulsado a los migrantes apresuradamente y ahora exige que al menos 137 de ellos, ya de regreso en Venezuela, tengan la oportunidad de impugnar su designación como miembros de la pandillaTren de Aragua.
Donald Trump - 27-11- 25 - AP
AP
Aunque las conclusiones por desacato pueden conllevar multas y penas de prisión, la historia legal estadounidense muestra que tales castigos rara vez se emiten o se mantienen contra el gobierno. Una encuesta de miles de opiniones de tribunales federales publicada en el Harvard Law Review en 2018 identificó 82 conclusiones de desacato contra funcionarios y agencias desde la Segunda Guerra Mundial; de estas, los tribunales superiores bloquearon casi todas las multas impuestas por los jueces, y solo en cuatro casos se intentó o amenazó con encarcelar a un funcionario federal, siendo la sanción también bloqueada.
Algunos expertos esperan que, de avanzar la investigación, esta pueda influir en el debate público sobre si la administración puede llevar a cabo legalmente su política de deportación masiva.
