Una semana después de la deportación de más de 200 venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador, donde fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad, el gobierno de Nicolás Maduro anunció el sábado que volverá a aceptar a migrantes expulsados de EEUU. Los vuelos hacia Venezuela habían sido suspendidos temporalmente el mes pasado en represalia por la decisión de Donald Trump de poner fin a la licencia de la petrolera estadounidense Chevron para operar en el país caribeño.
"Venezuela informa que, en el marco del Plan Vuelta a la Patria, y con el propósito del retorno de nuestros compatriotas a su nación con resguardo de sus derechos humanos, hemos acordado reanudar con el Gobierno de los EEUU la repatriación de migrantes venezolanos", dijo en un comunicado el presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez.
Rodríguez anunció que el primer vuelo será el domingo e insistió en que "migrar no es un delito" y que Venezuela no descansará hasta lograr el regreso de "todos quienes lo requieran" y hasta "rescatar" a los venezolanos que permanecen, según denuncia Caracas, "secuestrados en El Salvador".
El presidente de la Asamblea Nacional había denunciado el jueves que el Departamento de Estado de EEUU estaba "bloqueando" los vuelos de repatriación hacia Venezuela.
Pocos días después de asumir, Trump mandó a su enviado para misiones especiales, Richard Grenell, a Caracas para reunirse con Maduro. Uno de los resultados de ese encuentro, que marcó el acercamiento del estadounidense con el gobierno chavista, fue que Venezuela aceptara recibir a los migrantes expulsados desde EEUU, en el marco de la campaña del republicano para llevar adelante la "mayor deportación de la historia".
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El enviado de Trump, Richard Grenell, se reunió con Maduro en Venezuela
AFP
Los vuelos de repatriación a Venezuela
Varios vuelos llegaron a Caracas desde el 10 de febrero con migrantes venezolanos que habían sido expulsados por estar en situación irregular en Estados Unidos, hasta que Maduro los suspendió tras la suspensión de la licencia para Chevron.
En ese momento, el presidente estadounidense dijo su decisión que tenía que ver "con las condiciones electorales dentro de Venezuela, que no han sido cumplidas por el régimen de Nicolás Maduro", pero también criticó al gobierno chavista por no haber acelerado la deportación de los "criminales violentos" que, según él, Caracas envió a Estados Unidos y que debían haber sido repatriados "a un ritmo rápido".
En total, unos 900 venezolanos fueron repatriados desde febrero, casi 400 de ellos procedentes de Estados Unidos y el resto desde México, donde quedaron varados.
El ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró el jueves que "ni uno solo" de estos repatriados pertenece a la banda criminal transnacional Tren de Aragua -nacida en una cárcel venezolana y designada como grupo terrorista por la Casa Blanca-, pese a los señalamientos de Estados Unidos.
La semana pasada, la administración Trump decidió recurrir a la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1798 que se usa en tiempos de guerra, para deportar a decenas de migrantes que dijo eran miembros del Tren de Aragua a la cárcel de máxima seguridad creada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
La polémica por el envío de venezolanos a El Salvador
El gobierno de Maduro cuestionó duramente la decisión de Trump y calificó dicha ley, que permite la expulsión sin un juicio de "enemigos extranjeros", de "anacrónica" y "violatoria de los derechos humanos". Además, niega que entre los migrantes llevados a El Salvador haya miembros del Tren de Aragua.
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Una mujer pide la liberación de los venezolanos encerrados en el Cecot de El Salvador
Juan BARRETO / AFP
Rodríguez aseguró que el gobierno de Maduro, quien en enero asumió un tercer mandato tras su cuestionada reelección, contrató "a los mejores bufetes de abogados en El Salvador para que defiendan" y "logren la libertad" de los deportados al país centroamericano.
Trump negó el viernes haber firmado dicha proclamación, pocas horas después de que el juez James Boasberg, quien suspendió la expulsión de migrantes ordenada por el gobierno, calificara las repercusiones de usar una ley de guerra de 1798 como "increíblemente problemáticas".
"No sé cuándo se firmó porque yo no lo firmé. Otras personas se encargaron", dijo Trump al insinuar que la rúbrica del decreto estuvo a cargo de su secretario de Estado, Marco Rubio, consignó la agencia AFP.
La invocación a la Ley de Enemigos Extranjeros fue cuestionada además por diversas organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos, mientras familiares de algunos de los venezolanos deportados a El Salvador denunciaron que fueron injustamente enviados a El Salvador, ya que aseguran que no pertenecían a ninguna banda criminal. Muchos sospechan que las autoridades identificaron a sus familiares como pandilleros, en parte, debido a sus tatuajes.
