El río Atoyac, en el corazón industrial de México, pasó de ser un recurso vital a un riesgo de salud pública. Mientras la comunidad local enfrenta enfermedades crónicas, las autoridades prometen cambios, pero deben superar la resistencia de gigantes industriales.
A las afueras de la ciudad de Puebla, en el centro de México, se encuentra un área sobre el río Atoyac conocida como Nueva Alemania. Rodeada de fábricas y viviendas en construcción, las calles de esta área llevan nombres como Frankfurt, Hamburgo, Kiel, Hannover y Berlín.
Nueva Alemania es parte de una región industrial que ocupa aproximadamente 4.000 km². Desde los años 60, ha sido un centro industrial de multinacionales mexicanas y globales, en especial de conglomerados alemanes.
“Ahora huele, pero a veces no se puede ni estar”, comenta Maribel Rojas, quien pastorea en la zona desde hace seis años. A lo largo del tiempo, ha observado cómo el río adquiere distintas tonalidades: azul, rojo, morado y negro. “Cuando viene negro, los animales ni se acercan”, asegura.
La región atravesada por el Atoyac abarca 47 municipios en el estado de Tlaxcala y 22 en el de Puebla. Alberga a 1.1 millones de personas. "Antes, la gente lavaba ropa allí porque el agua era cristalina, incluso se bañaban en el río", recuerda María Ocotlán, dueña de un puesto de comida en la calle Múnich. "Ahora, ni siquiera puedes lavarte las manos allí. El deterioro lleva 20 años", agrega.
La Cuenca del Alto Atoyac (CAA) es una de las 30 regiones de México que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador identifica como en estado de emergencia socioambiental y sanitaria.
A través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conahcyt), el gobierno de México observó que esta región, y las otras 29, presentan focos y procesos contaminantes que han provocado profundas y graves consecuencias en la salud de sus poblaciones.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha prometido limpiar el Atoyac, así como los ríos Lerma, Santiago y Tula, como una de las 100 prioridades de su gobierno recién asumido.
Pero para cumplir su compromiso, Sheinbaum, científica ambiental de formación, tendrá que enfrentar a las multinacionales acusadas por activistas de contaminar el río.
Desde 2021, una coalición de ONGs y expertos ha denunciado la devastación ambiental del Atoyac a la altura de Nueva Alemania, culpando a empresas como Volkswagen, Bayer, BASF y Thyssenkrupp, entre otras, de “dejar su marca en el territorio y en los cuerpos de las personas”.
El “Toxi Tour México” fue una iniciativa impulsada por organizaciones sociales mexicanas que recorrió más de 2.500 kilómetros en diciembre de 2019, involucrándose directamente con cerca de 50 organizaciones de personas afectadas en seis regiones y acercando a veedores internacionales a lo que el ex ex secretario de Medio Ambiente de México, V.M. Toledo, denominó “infiernos ambientales”.
En octubre de 2023, el Conahcyt reconoció en un informe que los contaminantes de la región representan graves amenazas para la salud pública. Allí declaran: “uno de los argumentos reiterados para invisibilizar las justas demandas de las comunidades afectadas (…) ha sido la falta de evidencia científica de los procesos contaminantes y el deterioro de la salud que se han reportado. Este primer informe para la CAA constituye un instrumento que puede servir para respaldar científicamente”.
El informe mostró que la tasa de mortalidad por enfermedades renales crónicas en personas de entre 15 y 49 años en Tlaxcala, dentro de la cuenca alta del Atoyac, es casi cinco veces mayor que el promedio nacional. También se registran tasas altas de mortalidad por leucemias agudas en personas menores de 19 años en el sur de la cuenca, particularmente en Puebla y Tlaxcala, donde los niveles de metales y arsénico en el río son significativamente altos.
“En las últimas décadas, los habitantes de la cuenca alta del Atoyac han sido testigos de un aumento constante de asentamientos industriales, como la llegada de Volkswagen en 1965, la creación del Complejo Petroquímico Independencia en 1969 o la instalación de la empresa Audi en 2016, entre otros”, señala el documento.
Y sigue: “La región experimentó un desarrollo económico de aparente prosperidad, pero la organización de procesos mercantiles globales que priorizaron la rentabilidad de las empresas transnacionales promovió ‘externalidades’ de salud, sociales y ambientales con graves efectos para las comunidades locales”.
Alejandra Méndez, que dirige el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local, ha pasado 20 años denunciando la contaminación causada por multinacionales en el distrito industrial. “El olor es terrible: tóxico, dulce pero picante en la noche. Marea o provoca vómito”, dice, refiriéndose a la región donde VW y Pemex, la petrolera estatal mexicana, operan desde los años 60.
En 2011, las comunidades locales presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, que en 2017 recomendó a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala implementar medidas para garantizar el derecho a un medio ambiente saludable.
Entre 2015 y 2017, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó 945 inspecciones que llevaron al cierre de 27 industrias por el manejo inadecuado de residuos peligrosos, e inició acciones legales contra 38 municipios por su responsabilidad en la contaminación. De 2022 a mediados de 2023, la fiscalía implementó otros 13 cierres, principalmente en San Martín Texmelucan y Puebla.
Un informe de la Conagua de 2022 muestra que de 18 puntos de muestreo en el Atoyac, solo uno no presentaba contaminación. Según el inventario de plantas de tratamiento de aguas residuales, la cuenca sigue recibiendo descargas de 219 empresas diariamente, siendo muchas de las mayores de origen alemán.
En 2022, Puebla fue el principal exportador mexicano a Alemania, con bienes por valor de 3,660 millones de dólares. Un informe de la Secretaría de Economía mostró que entre enero y junio, Puebla recibió 942 millones de dólares de inversión alemana, solo superado por Ciudad de México, con 1,450 millones de dólares.
Conahcyt sostiene que los metales pesados, metaloides, compuestos orgánico-sintéticos y pesticidas vertidos en el Atoyac por la industria son la causa de las altas tasas de enfermedades relacionadas con la contaminación en la población local, tasas que superan el promedio nacional.
“Según datos del registro de liberación y transferencia de contaminantes, el área con mayores emisiones es Zahuapan, una subcuenca del Atoyac en Tlaxcala”, dice el informe. “En esta subregión, hay importantes industrias químicas y de otros tipos que también son altamente contaminantes”.
Otro informe, esta vez del Registro Público de Derechos de Agua, señala que solo en Puebla, BASF extrae aproximadamente 1.750 metros cúbicos de agua al día y descarga casi 194.000 metros cúbicos de aguas residuales anualmente directamente en el Atoyac.
BASF afirma que opera en “pleno cumplimiento de las leyes locales y federales y mantiene un fuerte compromiso con la gestión ambiental en todas sus ubicaciones”. La empresa destaca que desde su establecimiento, la planta de Puebla cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales operando las 24 horas y ha mantenido el Certificado de Industria Limpia, emitido por Profepa, desde 2015.
“Operamos en línea con las leyes locales y federales que nos aplican y con el Objetivo Corporativo de Introducción a la Gestión Sustentable del Agua”, dice BASF.
Las plantas de ensamblaje de Volkswagen junto al Atoyac extraen 1.5 millones de metros cúbicos de agua anualmente desde 1996, el mismo volumen que la empresa reporta como descargas residuales desde 2004. Ante las consultas sobre las aguas residuales en el Atoyac, la empresa dice cumplir con “todas las mediciones requeridas por la normativa mexicana aplicable”.
Bayer asegura que su planta de producción en Tlaxcala está dedicada a biofungicidas “sin producir productos químicos”. Afirma que ha sido inspeccionada por las autoridades mexicanas, incluidas Conagua y Profepa, y no ha recibido sanciones. Añade que el sitio no descarga aguas residuales directamente en el Atoyac, sino “aguas residuales pretratadas” de acuerdo con la comisión estatal de agua y saneamiento de Tlaxcala, que se encarga de la descarga final.
Thyssenkrupp afirma que “no tiene conocimiento de ninguna queja relacionada con la salud de la población local, ni se han llevado a cabo inspecciones por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente”. La empresa añade que las aguas residuales “se tratan en plantas de tratamiento de agua y son monitoreadas por las autoridades competentes para asegurar el cumplimiento de los límites oficialmente establecidos” y reitera que sigue “estándares a nivel de toda la empresa”, tales como la ley alemana de debida diligencia en la cadena de suministro y los principios de cumplimiento de los derechos humanos y de diligencia ambiental.
Durante los últimos 60 años, los activistas e investigadores denuncian que México ha tomado decisiones políticas basadas en el crecimiento económico sin considerar las consecuencias ambientales. Rodolfo Omar Arellano-Aguilar, investigador de la UNAM, arguye que la legislación mexicana permite niveles altos de contaminación y no especifica criterios para verificar quién contamina.
“Las industrias deben mantener sus contaminantes por debajo de ciertos niveles, pero esos límites son absurdamente altos”, dice. “Pese a ello, las descargas se realizan en desagües comunes, lo que hace imposible saber quién es responsable”.
Del río al otro lado del océano
Además de enfrentar una creciente oposición de las autoridades y comunidades afectadas en México, las corporaciones europeas y alemanas señaladas serán sometidas a mayor escrutinio por la UE.
En abril, el Parlamento Europeo aprobó la directiva de debida diligencia en sostenibilidad corporativa, una nueva regulación que aspira a reforzar la responsabilidad de las empresas europeas en sus prácticas ambientales fuera de las fronteras comunitarias y a lo largo de sus cadenas de valor.
La directiva fue aprobada tras dos años de presión por parte de grupos industriales para suavizar su alcance, a fin de “reducir el impacto potencial de la ley”, según el Observatorio Corporativo Europeo. “Los grupos de presión alemanes han hecho todo lo posible para usar la legislación alemana como una palanca para contener las ambiciones europeas”, afirma Friends of the Earth.
En la última sesión plenaria en Estrasburgo antes de las elecciones de la UE, los eurodiputados aprobaron un texto que entró en vigor en julio y afectará a empresas con más de 1.000 empleados y una facturación anual superior a 450 millones de euros.
A partir de 2027, los conglomerados alemanes en el Atoyac deberán integrar la debida diligencia en sus políticas empresariales para cumplir con la directiva. BASF ha manifestado públicamente su bienvenida a las nuevas regulaciones, mientras que Bayer se unió a un grupo de empresas que criticaron públicamente las maniobras del canciller Olaf Scholz -mediadas por el que era su socio conservador en la coalición de gobierno- para atenuar la directiva.
La eurodiputada Heidi Hautala sostiene que estas empresas ya no se oponen a la nueva normativa “en parte debido a las concesiones acordadas entre los estados miembros”. “De algún modo”, concluye, “vamos en la dirección que ellos querían”.
Tanto BASF como Bayer forman parte del lobby de la industria química en Europa. No sólo presionan desde sus equipos acreditados en el Parlamento Europeo. También lo hacen mediante grandes grupos de lobby como Business Europe, CropLife Europe, European Chemical Industry Council (Cefic) o VCI (Verband der Chemischen Industrie), entre otros.
Tan solo Cefic declaró gastar más de 10 millones a ejercer presión en las instituciones europeas. Mientras, VCI destinó cerca de cinco millones de euros a estas actividades.
La propia BASF declaró haber gastado cerca de cinco millones de euros anualmente en pugnar que las políticas públicas europeas favorezcan sus intereses comerciales, según consta en el Registro de Transparencia de la UE.
Sin embargo, los vigilantes del poder corporativo en Europa, entidades como Corporate Europe Observatory (CEO) o LobbyControl, estiman que el gasto en cabildeo es mucho mayor del que declaran las empresas, pues hay actividades que pueden no estar recogidas en el registro oficial.
BASF, en particular, apuesta por incidir en las primeras etapas del proceso legislativo, en lo que denominan la non-paper phase, según muestra un documento interno de esta multinacional alemana filtrado hace años al CEO. El documento refleja que a la compañía le resulta más eficaz intervenir en una fase muy temprana de la toma de decisiones que hacerlo una vez la Comisión Europea haya formulado una propuesta. Es lo que llaman “co-diseño” de la legislación.
Hautala explica que el bloqueo de Alemania e Italia de un acuerdo para la directiva en el Consejo surge de un intercambio de favores entre ambos países. A Italia, principal productor de envases, le convenía el apoyo de Berlín para “descafeinar” la nueva directiva de embalajes, y a Alemania –aduce Hautala– le interesaba pisar el freno en la de diligencia debida, posición que marcaba el partido FDP.
Esta relación con su entonces socio de gobierno ha paralizado a Alemania como estado miembro importante, recalca Hautala. “Que su socio minoritario se opusiera a la directiva bastaba para que Alemania no pudiera apoyarla en el Consejo. Pero entonces llegó Italia, que tenía un problema con la directiva de embalajes, así que lo que hubo fue un toma y daca genuino”.
Los lazos de la política germana con sus empresas químicas son conocidos desde hace 20 años. En un reportaje publicado en 2005, el medio alemán Stern citaba el caso de parlamentarios como Marianne Hürten y Karl Kress, de Renania del Norte-Westfalia –donde Bayer tiene su sede–, que simultáneamente recibían un salario de esta empresa química.
Por su parte, el liberal Jürgen Creutzmann, de FDP, ejerció hasta 2006 como vicepresidente del parlamento de Renania-Palatinado y al mismo tiempo como contable asalariado en BASF. En 2009 dio el salto al Parlamento Europeo. El reportaje de Stern documentó que BASF afirmaba tener conocimiento de 235 mandatos políticos de sus empleados.
Según Hautala, los que por parte del sector privado más rechazaron la medida de diligencia debida fueron, por un lado, la asociación industrial alemana BDI –en el que está también el lobby químico VCI (al que a su vez pertenecen BASF y Bayer)– y, por otro, Business Europe, organización que también incluye a estas dos empresas.
BDI ha sido una de las cinco organizaciones que más reuniones tuvieron con los eurodiputados para abordar el desarrollo de esta legislación, junto a Shift Project Limited, la European Coalition for Corporate Justice, la European Trade Union Confederation y Global Witness, según el registro de transparencia de la UE.
Esta historia fue apoyada por Journalismfund Europe y producida por LATE.
