Galería de los caídos: tres integrantes del FA renunciaron en lo que va del gobierno

El 2017 estuvo marcado por el caso del exvicepresidente Raúl Sendic, que terminó renunciando luego de un demoledor fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio por el uso que hizo de las tarjetas corporativas de ANCAP. Pero, tras ese episodio, la ética en la gestión pública permaneció en el centro del debate político y fueron varios los dirigentes, de casi todos los partidos, que fueron cuestionados por distintas irregularidades. Las reacciones en las colectividades han sido disímiles y los dirigentes suelen apurarse a pedir la cabeza de los rivales que cometen irregularidades, pero son mucho más precavidos y lentos para actuar en la interna de su partido.

A pesar de que el oficialismo no llegó a expresarse sobre el caso de Sendic y respaldó a la expresidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz –que fue removida este miércoles–, la mayoría de los dirigentes cuestionados del partido de gobierno ya no están en sus cargos, mientras que los dirigentes del Partido Nacional acusados por distintos asuntos continuan en sus puestos y, en algunos casos, obtuvieron el respaldo del sector al que pertenecen. En las puertas de una campaña electoral que ya parece estar lanzada, la ética en el desempeño de la función pública promete ser uno de los temas principales en el futuro debate político.

La renuncia del exvicepresidente, Raúl Sendic, fue una de las principales marcas del tercer período de gobierno del Frente Amplio. El gasto con las tarjetas corporativas de ANCAP, divulgado por Búsqueda, que no pudo justificar ante el Tribunal de Conducta Política del oficialismo, derivaron en la renuncia de Sendic presentada el 9 de setiembre ante el Plenario Nacional del Frente Amplio. Ese fue el último hecho de una serie de irregularidades que transformaron al Frente Amplio en una olla a presión que empujó a Sendic a la renuncia. Las mentiras sobre un título de licenciado en genética humana que decía tener pero no existía –que fue publicado por El Observador en febrero de 2016–, golpeó al exvicepresidente, que ya estaba bajo la lupa por su gestión al frente de ANCAP (2010 – 2015). Esa gestión derivó en una capitalización de la empresa por parte del gobierno de más de US$ 600 millones a fines de 2016. Tras conocerse el asunto de las tarjetas, Sendic se quedó con muy pocos apoyos dentro del Frente Amplio y se vio obligado a dar un paso al costado.

La falsificación de firmas fue lo que la sentenció. La primera legisladora transexual de la historia uruguaya tuvo que abandonar su banca en representación del Partido Comunista, apenas dos meses después de haberla asumido. Una pericia caligráfica confirmó que la primera abogada trans, redactora de la ley de matrimonio igualitario, falsificó al menos tres firmas –en un caso en el que un padre perdió la patria potestad–, haciéndose pasar por su socia y abogada de la contraparte, Rosario Sánchez. Esa fue la denuncia que la llevó a abandonar su banca en el Senado a pedido del Partido Comunista y por la que habrá audiencia el próximo miércoles 21. Pero antes Suárez había sido objeto de otras acusaciones. Un informe del programa Santo y Seña de canal 4 recogió diversos testimonios en los que exclientes de la abogada la acusaban de estafa.

El intendente de Soriano, Agustín Bascou (Partido Nacional), fue acusado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) de obtener beneficios económicos y violar varias normas por permitir que vehículos de la intendencia cargaran combustible en estaciones de su propiedad. El Comité de Ética del Partido Nacional entendió que le correspondía un apercibimiento, la más leve dentro de las sanciones previstas. La Justicia investiga su caso.

El senador Leonardo De León (Lista 711) es investigado por la Justicia por uso irregular de las tarjetas corporativas de ALUR. El Observador publicó en octubre de 2017 que, mientras estuvo al frente de ALUR (2011-2015), De León gastó más de $ 850 mil y de US$ 30 mil con las tarjetas. Entre los gastos figuran compras en el exterior en fechas en las no estaba en misión oficial. Su caso es analizado por la Jutep. El Tribunal de Conducta Política del FA no analizó el caso.

El nepotismo en el Estado se instaló en el centro del debate político a raíz del caso del intendente de Artigas, Pablo Caram (Partido Nacional). La contratación de cinco familiares en cargos de confianza, divulgados por Canal 12, fue cuestionada desde varios bandos e, incluso, el intendente deberá comparecer ante el directorio blanco para dar explicaciones. Caram integraba el sector encabezado por Jorge Larrañaga, pero a fines de 2017 se pasó al grupo que lidera Luis Lacalle Pou y este lo respaldó.