Tanto en 2015 ante la Comisión Investigadora del Senado por la situación económica y financiera de ANCAP, como este lunes y martes en un juzgado de Crimen Organizado, el ente y la Armada Nacional dejaron claras las diferencias que existen entre ambos organismos por la construcción de dos barcazas y un empujador para transportar crudo, a partir de un contrato firmado en 2009 por US$ 12,5 millones. Hubo contradicciones por la puesta en funcionamiento del remolcador Ky Chororo, por cambios solicitados por ANCAP, por incumplimientos en puntos del contrato y por cómo se llegó al contacto con la empresa argentina RN Consultores, encargada de diseñar la ingeniería del remolcador y contratada por asignación directa.
Mientras el comandante en jefe de la Armada, Leonardo Alonso, aseguró que RN Constructores comenzó a participar por recomendación de ANCAP, el gerente de Logística de ANCAP, Eduardo Lurner, afirmó que fue la Armada quien lo recomendó. Y en ese punto, Lurner también marcó diferencias con el vicepresidente Raúl Sendic, integrante del directorio de ANCAP cuando la empresa argentina apareció en el negocio.
Durante su comparecencia del 15 de diciembre de 2015 ante la Comisión Investigadora, Sendic fue consultado por el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, sobre "si le advirtieron que estaba firmando un contrato de asignación directa" y quién se lo había informado.
"Cuando se firmó pregunté el porqué de esto y se me dijo que respondía a una decisión de la Armada, que tenía un acuerdo con esta empresa para la provisión de la ingeniería y el diseño del empujador", dijo Sendic, según consta en la versión taquigráfica, y agregó: "Fueron nuestro gerente Lurner y los propios representantes de la Armada que participaron de la firma".
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El lunes, durante la indagatoria en Crimen Organizado, Gloria Gary -una de las abogadas que representa a Mieres en la denuncia presentada por cuatro partidos de la oposición-, le consultó sobre ese punto a Lurner. "De acuerdo a lo declarado por Sendic (en la Comisión Investigadora) usted fue la persona que le dio noticia por la cual figuraba dentro del contrato con la Armada la firma RN. ¿Qué explicación le dio al respecto?", le consultó, según consta en el acta a la que accedió El Observador. La respuesta de Lurner sorprendió a la abogada.
"Yo no hablé específicamente con Sendic de ese tema", respondió el gerente, a lo que Gary repreguntó: "¿O sea que niega haber informado a Sendic la razón por la cual estaba la empresa RN en el contrato?" "Sí, de ese tema en particular no hablé con él", dijo Lurner.
A su vez, el gerente de Logística recalcó que el seguimiento del contrato era responsabilidad "básicamente de dos personas". Por un lado, el ingeniero Ricardo Lemes, quien integraba la Jefatura de Operaciones Marítimas, que dependía de la gerencia de la que era responsable Lurner. Por el otro, el ingeniero Eduardo Goldstein, jefe de mantenimiento de la División Marítima.
"Reportaban a través de una planilla mensual y se enviaba al directorio y al presidente Sendic, con informes respectivos, mail, etc", indicó Lurner en el juzgado.
Este martes, la jueza Beatriz Larrieu consultó a Lemes el porqué de la "convenciencia de construir (las barcazas y el remolcador) y no importar". "No sé. Esa decisión vino tomada por el directorio y se lo comunicaron al gerente de Logística (Lurner)", respondió.
Tanto en el Parlamento como ante Crimen Organizado, el comandante en jefe de la Armada indicó que el contacto con la firma RN Consultores fue a través de ANCAP. Para probarlo presentó un correo electrónico en el que el dueño de la empresa argentina, Ricardo Núñez Carmona, indica que llegó al proyecto del remolcador "por ANCAP".
El fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, consultó a Alonso el lunes sobre si efectivamente había existido un contrato con RN. "Sí, soy consciente de que existió un contrato", respondió el jerarca y agregó que el monto "era de US$ 866 mil aproximadamente", que "supone" fueron abonados por la Armada.
El remolcador en cuestión comenzó a funcionar un año y medio después de que fuera entregado por la Armada, que debía pagar una penalidad por incumplimientos contractuales. ANCAP debió desembolsar US$ 5 millones para arrendar otro a un privado.
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