La comisión de Salud de Diputados espera por la comparecencia del Ministerio de Salud Pública para cerrar la etapa de recibir delegaciones y así votar el proyecto de ley que regula los llamados “servicios VIP” de las mutualistas. Con el respaldo del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio, el proyecto establece una serie de limitaciones para las instituciones a la hora de cobrar un diferencial para facilitar el acceso a las prestaciones básicas que ofrecen.
El primer intento en este sentido fue un artículo incluido en la Rendición de Cuentas presentada en 2022, durante la administración de Luis Lacalle Pou, que no consiguió su aprobación en el Parlamento por falta de respaldo en el entonces oficialismo. Eso derivó en que la bancada del Frente Amplio, por entonces en la oposición, presentara un proyecto de ley que apuntaba en el mismo sentido y que pese a que reunía cierto consenso no logró avanzar en la Cámara de Diputados.
Este año, ese proyecto fue desarchivado y nuevamente presentado por la bancada oficialista y ahora sí parece contar con los votos necesarios. “Creo que tenemos una paternidad compartida, porque en la Rendición de Cuentas del año 2022 había un artículo muy similar a este proyecto, que se trataba de la prohibición de la venta de servicios PIAS (Plan Integral de Atención en Salud) y de habilitar la venta de servicios no PIAS”, dijo en comisión durante el tratamiento del proyecto José Luis Satdjian, el diputado blanco que se desempeñó como subsecretario de Salud Pública en el período anterior.
La comisión de Salud ya recibió a distintas delegaciones y una vez que vaya el Ministerio de Salud Pública, que reconocen puede demorar hasta después de la interpelación prevista para el 24 de noviembre por el denominado caso Danza, tiene previsto votar el proyecto para que pase al plenario, según las consultas realizadas por El Observador.
El proyecto, que consta de cinco artículos, establece que los prestadores integrales de salud del Sistema Nacional Integrado de Salud “no podrán implementar acuerdo o convenios de carácter oneroso con sus usuarios que otorguen condiciones de acceso preferenciales en cuanto a los tiempos de espera u oportunidad de brindar las prestaciones obligatorias” establecidas en la normativa.
El texto agrega que el Ministerio de Salud Pública podrá aplicar sanciones –que van desde el apercibimiento hasta la clausura, pasando por multas de hasta $ 92 millones– a los prestadores que incumplan esta norma.
Satdjian repasó que esta diferenciación entre usuarios “empezó tibiamente” con la venta de hotelería, televisión por cable, habitación individual y fue escalando. “Honestamente -y lo digo con humildad-, creo que llegamos a límites donde hay necesidades de la población que a nosotros nos toca atender y recepcionar en las que hay extralimitaciones”, apuntó y señaló que hay “algún prestador” que divide la puerta de emergencia en dos o que el triaje –proceso médico por el que se clasifica a los pacientes según su gravedad– se hace de acuerdo a si es Fonasa o tiene contratado algún tipo de servicio VIP.
El diputado del Frente Amplio y uno de los principales impulsores del proyecto, Luis Gallo, dijo en comisión que el proyecto nace a partir de denuncias de usuarios sobre que las mutualistas que estaban “pasando dificultades” empezaron a ofrecer algunos servicios durante el período pasado.
“En una palabra, para que pueda acceder a un especialista equis, a un usuario Fonasa le dan hora para dentro de tres meses. Un usuario que tiene Fonasa y que tiene una sobrecuota accede a ese especialista al otro día, y eso no lo podemos permitir”, apuntó Gallo que asegura que no es correcto llamarle "servicios VIP" a este acceso preferencial a prestaciones básicas.
¿Qué dicen las mutualistas? La Asamblea de Montevideo, un grupo que reúne a todas las instituciones de la capital salvo a la Asociación Española, compareció ante la comisión en setiembre y sus representantes utilizaron dos argumentos para cuestionar el proyecto: que afecta la libre competencia y que las empresas cumplen con la normativa actual respecto a los tiempos de espera para todos los usuarios.
"La norma establece tiempos específicos para distintos tipos de consultas, consultas en medicina general, etcétera. Cada uno tiene su plazo, y el regulador sanitario se encarga de controlarlo. Y yo afirmo hoy que nosotros lo cumplimos, que el sistema mutual lo cumple en términos generales y en una amplísima mayoría de casos”, dijo en la comisión el abogado Antonio Kamaid.
El asesor letrado de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) agregó que las instituciones deben dar las prestaciones básicas y cumplir con los tiempos de espera. “Y para eso, el regulador tiene potestades fiscalizadoras que aplica sistemáticamente, controlando que cumplamos con eso”, apuntó. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública está revisando la normativa porque asegura que no miden lo que dicen medir.
Para Kamaid prohibir la libre competencia "por la vía de que las instituciones mejoren en determinadas circunstancias" lo que ya está "asegurando con carácter general” a todos los usuarios, sin una razón de “interés general que lo fundamente, colide con las normas constitucionales” y afecta la “libertad de empresa y de organización comercial” a empresas que están en un régimen de “absoluta competencia”.
La competencia con los seguros
Otros de los que se expresó como parte de la delegación de Asamblea Montevideo fue José Bonanata, gerente general de la Médica Uruguaya, que catalogó el proyecto de ley como una “injusticia”.
“Y yo estoy de acuerdo en que esto no tendría que haber existido nunca. El problema es que, a mitad de camino, vamos a cometer una nueva injusticia: mientras dos instituciones hicieron un montón de dólares vendiendo los socios VIP, ahora nos encontramos con que el día de mañana, la institución que necesite recurrir a esa fuente de financiamiento, no la va a tener”, dijo en esa misma sesión de la comisión.
Bonanata también reclamó que se incluya en el proyecto qué es lo que “tienen que hacer los seguros privados”, porque, agregó el contador, “hacen lo que quieren y no tienen ningún tipo de control”.
“Eligen qué socio entra y qué socio no entra; después que eligieron, le cobran la tasa moderadora que le quieren cobrar; después de eso, se la suben cuando se la quieren subir, y cuando se pasa a una etapa en la que el socio no puede pagar porque cada escala no tiene relación con un precio, a los cincuenta y pico de años vuelven a las IAMC porque no pueden pagar el seguro privado”, apuntó según consta en la versión taquigráfica.
