Embed - El lamentable caso Danza: un Frente desprolijo, una oposición desacatada y a una Jutep pintada
Aunque no da para el escándalo ni se trata de un caso de corrupción, la renuncia del presidente de ASSE, Álvaro Danza, a sus trabajos en la actividad privada constituye en principio un triunfo de la oposición al gobierno de Yamandú Orsi, -que ahora quiere ir por más de forma desaforada-, expone un manejo desprolijo del Frente Amplio y deja a la Junta de Transparencia poco menos que pintada.
No se salva casi nadie en esta historia. Porque durante semanas, la izquierda se encargó de justificar sin fisuras el doble empleo de Danza sin siquiera abrir la puerta para descomprimir una situación que, sin constituir un asunto grave, le explotó en la cara al oficialismo cuando el jueves 6 el jerarca renunció a su trabajo en tres mutualistas privadas porque la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, le pidió que lo hiciera. Y eso después de defender su doble empleo sin dejar lugar a dudas. Al igual que lo hizo el presidente Yamandú Orsi quien en tantos otros temas había mostrado tener la marcha atrás bien aceitada para reconocer designaciones desacertadas (como fue el caso de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, o del presidente de Colonización, Eduardo Viera).
“Los informes son contundentes. Acá lo que hay que resolver son los problemas de salud de la gente, si (los integrantes de la oposición) quieren seguir entretenidos con eso, que sigan", dijo el presidente Orsi. En tanto que Danza declaraba que lo tenían “totalmente sin cuidado” los pedidos de renuncia de la oposición.
Como se sabe, o no tanto porque es un tema que a la mayoría de los uruguayos seguramente le resulta lejano, Danza ocupaba al mismo tiempo la titularidad de ASSE donde gana unos 130 mil pesos, al tiempo que era médico en tres mutualistas donde percibía unos 500 mil pesos más. La oposición sostenía y sostiene que este doble empleo viola el artículo de la Constitución que prohíbe que los directores de entes y servicios descentralizados ocupen cargos en el sector privado que se relacionen con el organismo que dirigen.
El pecado del Frente Amplio no fue tanto sostener lo contrario, para lo que exhibía el visto bueno de informes jurídicos, sino la soberbia con la que encaró las críticas opositoras. La izquierda se enfrenta, entonces, no a un caso de corrupción sino a uno de obcecación y de falta de coherencia política.
¿Qué los llevó a abroquelarse de tal manera que, ahora, la marcha atrás de Danza mete un ruido que es imposible de ignorar? ¿por qué Danza no dio antes ese paso? Las respuestas pueden ser múltiples, pero la impericia política manejada es indesmentible.
En tanto, el fallo de la Jutep a favor de Danza votado por los dos representantes del Frente Amplio -Alfredo Asti y Ana María Ferraris -se impuso no solo a la opinión del integrante de la oposición, Luis Calabria, sino al informe técnico del organismo que señalaba incompatibilidades en las tareas del jerarca.
La actitud de los integrantes del Frente Amplio en la Jutep avalan la idea de que sus miembros actúan por conveniencia política, por pura camiseta partidaria
Porque en estos tiempos de polarización, mostrar fisuras puede ser también una forma de decencia. Y cuando los organismos creados para cuidar la ética necesitan calcular el costo político de ser éticos, ya empezaron a dejar de serlo.
Del lado de la oposición, se podrían dar por satisfechos. Presionaron hasta que lograron su objetivo. Pero ahora no solo quieren continuar adelante con la interpelación a Lustemberg sino que le sumarán otro llamado a sala al ministro de Educación, José Carlos Mahía, por su vínculo institucional con la Jutep. Ya hablan de “gravedad institucional” y el diputado del Partido Independiente (PI), Gerardo Sotelo tuiteó “no somos Venezuela”. La insistencia de la oposición se parece más a la intención de ganar réditos políticos que de corregir una inconstitucionalidad en el Estado.
Detrás de la incompatibilidad de funciones del caso Danza planean preguntas que requieren una respuesta honesta. Porque aquellos uruguayos que vieron como el presidente de ASSE recibía el 75% de sus ingresos de la actividad privada tienen todo el derecho a preguntarse a qué intereses estaba respondiendo el funcionario.
Pero también habría que preguntarse si está bien que un cargo de esa relevancia se pague en el Estado con un salario que en la actividad privada se retribuye con mucho más dinero. Es un tema que la clase política debe resolver en conjunto.
En un ambiente enrarecido por las chicanas, las acusaciones de maniobras espurias para perjudicar al adversario y los señalamientos de debilidades ajenas para fortalecer las propias, tal vez convenga que el caso Danza pase a un piadoso olvido para que los políticos puedan dedicarse a otros asuntos que de verdad aquejan a los uruguayos.
Pero, a esta altura, la esperanza de que los políticos tiren parejo para el mismo lado, aunque sea un ratito, ya parece formar parte del mundo de los sueños.
