Dos votos del Frente Amplio contra uno del nacionalista Luis Calabria fueron el saldo de la discusión del Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) resolvió por dos votos a uno –con mayoría de representantes del Frente Amplio– que no existe incompatibilidad en el doble empleo del presidente de ASSE, Álvaro Danza.
El único que votó en contra de esta decisión fue el vocal de la oposición, el representante del Partido Nacional Luis Calabria.
La resolución adoptada este jueves en el Directorio de la Jutep establece que "no existe incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ASSE y el desempeño en cargos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, así como en funciones profesionales en las instituciones de Asistencia Médica Colectivas del sector privado".
Ana María Ferraris, la presidenta de la Jutep, fue la encargada de fundamentar la decisión en rueda de prensa. Aseguró que se había entendido que "no existe incompatibilidad" en la actuación de Danza como "consultante en el sistema privado de salud", ni tampoco como docente grado 5 de la Facultad de Medicina.
Y afirmó que el exhorto a abstenerse de tomar decisiones que pudieran suponer un conflicto de interés en realidad es una "exhortación para todo el Directorio" de que "siempre tengan en cuenta eso". Y argumentó que, de todas formas, en el prestador estatal está "delegada esa atribución en distintas áreas, como la Gerencia General, la Gerencia Administrativa y las unidades ejecutoras".
Consultada sobre cuál había sido el fundamento para determinar que no existía incompatibilidad, Ferraris respondió: "Es una cuestión interpretativa de la disposición de la Constitución del inciso tercero y la ley orgánica de ASSE".
Danza es el centro de críticas de la oposición desde las últimas semanas, dado que además de estar al frente del prestador público ejerce como médico en tres mutualistas privadas: la Asociación Española, la Médica Uruguay y CAMS de Soriano.
Además, superpuso horas ejerciendo tareas como presidente de ASSE y como docente de la Universidad de la República (Udelar).
Por estas cuestiones es que la oposición reclama su renuncia y resolvió interpelar a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.
En la resolución de este jueves la Jutep exhortó al presidente de ASSE y a los miembros del Directorio a abstenerse de tomar decisiones desde el prestador estatal ante la "duda" sobre la "existencia de un conflicto de intereses" y la posibilidad de que se afecte la "objetividad e imparcialidad, en particular en la tramitación de contratos".
La resolución de la Jutep señala que Danza recibió venia del Senado, la cual fue aprobada de forma unánime. “El Senado tenía la potestad de rechazar esta propuesta si hubiera considerado incompatible el desempeño del doctor Danza como docente y como consultante en el sector privado de la salud, sin que conste que el acto de otorgamiento de la venia hubiera estado sujeto a la condición de que renunciara a dichas actividades”.
A su vez, menciona que tanto el artículo 200 de la Constitución como la ley que creó ASSE deben ser interpretados “en forma restrictiva”.
“Se entiende procedente ensayar el enunciado interpretativo que sostiene que la limitación constitucional no alcanza al ejercicio de la profesión médica en el ámbito privado ni la docencia universitaria”, establece.
Agrega que se entiende que como Danza trabaja en las mutualistas como dependiente o subordinado no puede configurarse una "conjunción de interés público y privado". "Por lo que no existe margen para que la incompatibilidad se configure (principio de racionalidad o razonabilidad) y en consecuencia, implica concluir que el trabajo como médico que Danza realiza en la actividad privada, no constituye una relación indirecta con ASSE, capaz de generar una ‘...peligrosa conjunción de intereses públicos y privados’”, como señala Cassinelli Muñoz.
También menciona que “la prohibición alcanza a nuevos nombramientos" y no a los que Danza "ostentaba antes de su designación en ASSE”.
Por último, plantea que "un profesional de la salud no puede ni debe suspender por cinco años el ejercicio de la medicina, docencia e investigación, porque supondría en este caso, una pérdida en la actualización profesional permanente que solo el ejercicio de la profesión puede brindar".