Luego de que la denuncia contra el anterior directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) fuera asignada a la fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Gilberto Rodríguez, el presidente del directorio Álvaro Danza y un equipo de profesionales del organismo mantuvieron una reunión con el equipo fiscal el viernes 5.
Según dijeron a El Observador fuentes de fiscalía los representantes de ASSE se ofrecieron a coadyuvar en la denuncia, lo que significa que participarán activamente junto a la Fiscalía para aportar pruebas y apoyar la acusación, en caso de que la investigación avance en ese camino.
Danza asistió a la reunión con el abogado Ramiro Olmos, quien armó la denuncia penal, un contador y dos gerentes del organismo. El fiscal Rodríguez estuvo con su equipo que lo integran las fiscales Gabriela Gómez, Silvia Monzón y Agustín Majó.
Las fuentes afirmaron que en base a lo conversado en esa reunión la fiscalia terminará de leer la denuncia para centrarse en los puntos principales y armar la teoría del caso en la que se identificarán qué delitos pueden indagarse y quiénes serían los responsables para citarlos, en última instancia. Antes, se pedirá más documentación.
Juicio Casa de Galicia/Fiscal Gilberto Rodríguez
Como informó El Observador, la denuncia menciona al anterior presidente de ASSE Leonardo Cipriani así como a los cuatro integrantes del directorio (Marcelo Sosa, Julio Micak, Pablo Cabrera y Natalia Pereyra) y al exgerente general, Eduardo Henderson, luego que una investigación administrativa constatara irregularidades en la gestión del SAME-105 entre 2022 y 2024.
Concretamente menciona irregularidades en la contratación de la empresa de traslados ITHG, convenios con el Casmu y el Círculo Católico para el ingreso de pacientes a CTI y cuidados moderados, y la gestión del Hospital de Treinta y Tres.
Con respecto a ITHG, la empresa privada de traslados constituida en el anterior período y que estuvo en la mira del Frente Amplio, la investigación administrativa afirmó que no hubo “procedimiento competitivo” y que recibió el 96,47% del gasto del SAME 105.
La investigación menciona que se gastaron más de $2.000.000 sin que el directorio “procediera a la regularización correspondiente”, dado que todas las compras fueron observadas por el Tribunal de Cuentas, algo de lo que estaban en conocimiento.
La investigación administrativa también encontró irregularidades en los convenios de complementación firmados con el Casmu y el Círculo Católico por camas de cuidados moderados y CTI.
La auditoría detectó que hubo facturación de estudios sin respaldo en la asignación efectiva de pacientes; horas adicionales correspondientes a camas de cuidados moderados en condiciones no previstas en el convenio; pago de prestaciones que ya estaban en la tarifa plana, y autorización de pagos por traslados que no consignan datos que identifiquen al proveedor ni los móviles utilizados.
Leonardo Cipriani
Foto: Dante Fernandez / FocoUy
El otro convenio que se pide investigar es el celebrado entre ASSE y el Casmu para el Hospital de Treinta y Tres. Señala que la mutualista tenía un número escaso de usuarios en el departamento y que hubo “debilidades en el sistema de contralor del efectivo cumplimiento de las prestaciones”.
“En determinadas ocasiones se comprobó que si bien en la planilla figuraba un especialista determinado, quien se encontraba era otro profesional de la misma especialidad, situación que puede colocar a la administración en un escenario de vulnerabilidad frente a eventuales hechos de responsabilidad médica”, afirmó.
