La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) viene acumulando tensión en los últimos meses, particularmente desde la polémica de noviembre de 2025 cuando absolvió de responsabilidad al presidente de ASSE, Álvaro Danza, pese a que los propios servicios jurídicos del organismo habían advertido que el jerarca violaba la Constitución y el Código de Ética de la función pública por trabajar en varias mutualistas a la vez que ejercía el cargo
Desde aquel episodio, la oposición no ha dado tregua en acusar de "partidización" al directorio del organismo, integrado por Ana Ferraris y Alfredo Asti (en representación del Frente Amplio) y Luis Calabria (por el Partido Nacional). El clima político escaló a tal punto que en diciembre pasado desembocó en la interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, promovida por el diputado Pablo Abdala.
En medio de este clima tenso, la institución resolvió archivar en los últimos meses algunos expedientes de alto perfil. Entre ellos figuran la denuncia contra el exrector de la Universidad de la República y actual titular de la OPP, Rodrigo Arim, por una presunta omisión de información sobre obras en su casa de veraneo de Solís, y el caso del intendente frenteamplista de Lavalleja, Daniel Ximénez, acusado de supuesto nepotismo. El año pasado había determinado que el intendente de Salto, Carlos Albisu, incurrió en actos de corrupción por tener contratado al hijo del secretario general de la comuna, pero la intendencia impugnó el dictamen y el Ministerio de Educación y Cultura terminó anulando la resolución por fallas de procedimiento.
En carpeta
Pero la Jutep mantiene sobre la mesa un conjunto de casos sensibles. Entre las causas pendientes sobresale una denuncia anónima contra la totalidad de los ediles de Montevideo por el uso de partidas destinadas a asesores. El tema saltó a la palestra tras destaparse el caso del edil blanco Gonzalo Gómez, quien mantenía contratado a un asesor por 52.000 pesos mensuales sin que prestara tareas en la Junta, y que posteriormente terminó condenado por lavado de dinero. En paralelo, el exsenador y actual director del Puerto, Jorge Gandini, afronta una denuncia por omitir en su declaración jurada un activo en Conexión Ganadera, la cartera de inversiones actualmente en concurso. Asimismo, en un caso que ha quedado ya bastante lejos en el tiempo, la exministra de Vivienda Irene Moreira espera resolución en el expediente iniciado tras haber adjudicado viviendas sin cumplir los requisitos legales, conducta por la que fue destituida por el expresidente Luis Lacalle Pou.
la Jutep mantiene sobre la mesa un conjunto de casos sensibles. Entre las causas pendientes sobresale una denuncia anónima contra la totalidad de los ediles de Montevideo por el uso de partidas destinadas a asesores. la Jutep mantiene sobre la mesa un conjunto de casos sensibles. Entre las causas pendientes sobresale una denuncia anónima contra la totalidad de los ediles de Montevideo por el uso de partidas destinadas a asesores.
Las sospechas también salpican a varios gobiernos departamentales del interior. El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, está bajo la lupa por gastos en reparaciones de la flota vehicular municipal en un taller emplazado en el predio de un edil suplente de su propia colectividad. A su vez, el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, suma un segundo frente judicial tras la denuncia de la edil Carol Aviaga, quien lo acusa de integrar la sociedad de una mutualista que firma contratos con la comuna.
Para completar el panorama, el “caso Danza” reabrió un nuevo foco de conflicto en los últimos días. La oposición cuestiona que el presidente de ASSE firmó un contrato con la mutualista Asociación Española cuando aún tenía prohibiciones por no haberse cumplido un año de su renuncia a la institución.
El hecho provocó reclamos de renuncia no solo para Danza, sino también para el vicepresidente de la Jutep, Alfredo Asti, a quien acusan de “prejuzgamiento”. El origen de esa acusación radica en declaraciones que Asti a El País, donde admitió que Danza “no respetó” una “sugerencia” previa de la Junta, aunque adelantó que si el jerarca logra “recomponer la situación previa a la firma de esa adjudicación, se habrá actuado correctamente”.
Finalmente, la Jutep tiene pendiente el capítulo dedicado al presidente Yamandú Orsi por la adquisición de una camioneta pocos días de asumir, obteniendo un descuento de 25.000 dólares. Esta causa que comenzó a examinarse en mayo pasado. No obstante, el mandatario arrastra otras denuncias planteadas por el entonces diputado Alfonso Lereté desde su época al frente de la Intendencia de Canelones. Una de ellas, radicada en 2024, cuestiona la permanencia durante años de un funcionario municipal que registraba antecedentes penales por tráfico de estupefacientes, armas y municiones. Otro reclamo del propio Lereté, efectuada en julio de 2024, apunta a presuntas contrataciones directas irregulares de más de 500 funcionarios -algunas concretadas en pleno período electoral- con probables prácticas de clientelismo. Del conjunto de denuncias contra Orsi, la Jutep solo archivó una el 8 de agosto de 2025, cuando el directorio funcionaba únicamente con sus integrantes oficialistas, Ferraris y Asti. Aquella causa databa de 2023 y señalaba una supuesta presentación incompleta de la declaración jurada de bienes e ingresos de Orsi, respecto a la cual el organismo concluyó que de la documentación en formato papel “no surge que haya contradicciones u omisiones”.
Como colofón de los líos que rodean a la Jutep, este martes el senador colorado Pedro Bordabarry protestó en plena Cámara porque el presidente del organismo le envió un interrogatorio para saber si el director por la oposición en el directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), asistió a una reunión encabezada por el líder colorado. Los directores de entes tienen prohibida las actividades político partidarias.
Bordaberry dijo que se trataba de un simple asado y arremetió contra Asti. “Es una rata rastrera”, soltó. Blancos y colorados denunciarán al vice de la Jutep ante la Justicia por “perseguir opositores”.
