La precandidata del Frente Amplio, Carolina Cosse, ratificó su posición a favor del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un proyecto que ella misma promovió en 2016 cuando era ministra de Industria y que el actual gobierno impulsa como un requisito clave para acceder –como se ha propuesto el gobierno de Luis Lacalle Pou– al Acuerdo Transpacífico.
"Yo creo que de verdad es necesario para el Uruguay", afirmó Cosse a El Observador durante una recorrida por el asentamiento Los Milagros y el barrio Santa María a la altura de Piedras Blancas. "De la otra manera, lo que está sucediendo hoy es que los científicos cuando necesitan tener la chance de que su invención o descubrimiento pueda acceder a una patente, se terminan asociando con un científico de otro país que sí tiene un Tratado de Patentes", explicó.
La precandidata añadió: "Los estamos empujando a encontrar la vuelta por otro lado". "Uruguay tiene que adherir a ese tratado. No es lo único que tiene que hacer, pero me parece que sería un error no apoyarlo", concluyó, y ratificó: "Yo lo votaría".
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Carolina Cosse de recorrida por la zona de Piedras Blancas
Su posición choca con lo resuelto semanas atrás por la bancada del Frente Amplio en Diputados, que este martes tratará el proyecto en el plenario. Tal como adelantó El País, el sector Asamblea Uruguay pedirá en la bancada que se "reconsidere" y que en última instancia puedan otorgarle libertad de acción a sus cuatro legisladores en la cámara.
También ha argumentado a favor de este tratado el diputado de Fuerza Renovadora, Gustavo Olmos.
En cambio, el informe contrario en minoría será brindado en sala por la diputada del MPP, Lilián Galán, quien machacará contra el oficialismo por el "momento político" en que pretenden tratar la iniciativa y remarcará que este gobierno debilitó las políticas sobre propiedad industrial.
En setiembre del año pasado también se pronunció en contra el senador del MPP, Charles Carrera, quien aseguró en una columna de opinión en Montevideo Portal no tener "dudas" de que el tratado "tiene por finalidad defender los intereses de los países y las empresas más poderosas del mundo", lo que promueve "a favor de ellos una serie de derechos monopólicos a nivel mundial que podrían cercenar nuestras posibilidades de desarrollo".
Carrera agregó entonces que "no queda clara la conveniencia de hacer una cesión de soberanía a favor de las disposiciones" de dicho tratado "en perjuicio de nuestra legislación nacional".
De todos modos, el proyecto aún debe sortear las diferencias dentro de la propia coalición gobernante. Si bien durante el fin de semana el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo a El País que estarían los votos de su partido para adherirse al CTP, el líder Guido Manini Ríos adelantó este lunes que pedirán "posponer el tratamiento" para garantizar una mayor protección de "ciertas industrias" en el país.
"Claramente hay posibilidades de que haya patentes que inviabilicen el desarrollo de determinados productos de nuestra industria", aseveró el líder de Cabildo Abierto, quien también negocia por estas horas con los socios los proyectos de financiamiento de partidos –los cabildantes rechazan un acuerdo de la coalición sobre los minutos gratuitos de publicidad electoral– y de la ley de medios.
Tratado de Patentes
El Poder Ejecutivo fundamentó en el proyecto de ley que adherir al PCT supone la "cooperación en la presentación, búsqueda y examen de solicitudes de protección de las invenciones", en tanto ya hay 157 países que lo integran, "por lo que su ratificación es de alcance mundial".
El gobierno detalló que los únicos estados que ya adhieren al Convenio de País –un tratado sobre protección de la propiedad industrial suscrito varias décadas atrás– pero que aún no se han integrado al PCT son Argentina, Brasil, Guyana, Paraguay, Surinam, Venezuela y Uruguay.
A entender del Ejecutivo, eso supone "un procedimiento técnicamente complejo que puede resultar extremadamente costoso, en particular, cuando se trata de empresas nacionales" que intentan registrar su invención. El propio Luis Lacalle Pou había transmitido en 2022 a líderes de todos los partidos políticos que Uruguay tenía aún varios deberes pendientes en materia de propiedad intelectual.
"El plazo del Convenio de París puede resultar claramente insuficiente, con la consecuencia de que en aquellas jurisdicciones en que no se solicita protección, el objeto de la patente puede ser libremente explotado por otros competidores con la pérdida de oportunidades de negocios y ganancias para las empresas uruguayas", sostiene el proyecto que este martes ingresa al Plenario de Diputados, y agrega que los plazos del actual convenio "resultan muchas veces exiguos y se plantean problemas prácticos como el idioma de presentación y los costos", requiriéndose un "sistema más sencillo y rentable para el solicitante" como el que supone el PCT.
"Por tratarse de disposiciones procedimentales estas no interfieren ni limitan la soberanía nacional ya que desde el punto de vista sustantivo cada oficina aplicará su normativa interna y de acuerdo con las mismas concederá o denegará el registro. Esto por cuanto se trata de un sistema de presentación de solicitudes y no de concesión internacional", afirma el gobierno.
Un estudio de los expertos Juan Dubra y Néstor Gandelman –citado en una columna escrita por el asesor en tecnología Fernando Brum en Montevideo Portal– pronostica que en 20 años la adhesión al tratado significará "una caída de las ventas internas de productos sin patente (asociados a producción nacional) de US$ 6,6 millones, correspondientes aL 1,2% del total de las ventas (...)".
"Esto genera una caída en el empleo del -0.5%, lo que representaría 23 puestos de trabajo del total de los 4.500 asumidos inicialmente La contracara es un aumento de las ventas de productos patentados de US$ 7,9 millones (...), la cuota de mercado de las empresas multinacionales aumenta del 23% inicial a 24,4% y el precio promedio de los medicamentos aumenta 1% pasando de US$ 3,57 a US$ 3,61".
