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Informe reservado de la Cancillería señala nueve retos de Uruguay para poder entrar al Acuerdo Transpacífico
Un informe reservado del Ministerio de Relaciones Exteriores da cuenta de todas las acciones de la Cancillería en el “acercamiento exploratorio” al Acuerdo Transpacífico (CPTPP) y en el que se presentan nueve desafíos que debe sortear Uruguay para poder suscribir.
El Observador accedió al informe, compuesto por más de sesenta páginas, y que incluye comentarios de Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, y de Reino Unido –que está negociando su adhesión–, obtenidos en el marco de consultas “oficiosas, técnicas y reservadas” realizadas por diplomáticos.
Con un gesto diplomático del canciller Francisco Bustillo, Uruguay pidió formalmente el 1° de diciembre sumarse al CPTPP, un selecto club de libre comercio compuesto por 11 países que representan el 13,3% del PIB mundial e integran una población de 480 millones de habitantes.
El pedido había sido anticipado por Luis Lacalle Pou en una reunión con líderes de todos los partidos políticos, en la que mencionó que el gobierno contaba con tres informes realizados por la Cancillería, el Ministerio de Economía y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que señalaban que la adhesión tenía más beneficios que perjuicios.
El informe identifica “sensibilidades” para Uruguay por ciertas disposiciones del acuerdo y señala algunas medidas que el país aún no cumple, y que debería, si la intención es ingresar.
En este sentido, uno de los capítulos analiza específicamente los retos para el país en cuanto a los amplios compromisos de acceso a mercados de bienes y servicios como al abordaje en “plazos precisos” de las propuestas de reformas de carácter normativo que son necesarias para ingresar.
“Los estándares alcanzados por el CPTPP claramente se ubican en un nivel de vanguardia, lo que se denomina generalmente como OMC+. Esta situación, si bien plantea un interés sistémico positivo y puede atender intereses ofensivos históricos de Uruguay, no por ello está exenta de retos para cualquier país que evalúe su adhesión”, comienza el capítulo.
Los nueve retos
En cuanto a la liberalización arancelaria, los integrantes del CPTPP se comprometen a eliminar el 99% de los aranceles en plazos que van desde la aplicación inmediata en algunos países como Singapur hasta períodos de transición de 21 años como Japón.
Esta situación hará que Uruguay deba rebajar sus aranceles a la importación “al momento de entrada en vigor del tratado” para poder alcanzar el mismo acceso vigente entre los países miembros.
Respecto a las cuotas de ingreso, los países mantienen contingentes arancelarios para el acceso a sus mercados, que en su mayoría afectan productos de interés para Uruguay, como son los lácteos, el arroz y la carne.
El documento explica que los países que en la Ronda Uruguay hayan establecido contingentes arancelarios los mantendrán, con lo cual el acceso a mercados en esos productos, como por ejemplo la carne bovina en Canadá, “no necesariamente sería mejorado”.
En el preámbulo del CPTPP, los países afirman que las empresas propiedad del Estado pueden jugar un rol legítimo en las economías, pero reconocen que otorgar ventajas “injustas” a esas empresas menoscaba el “comercio justo y abierto” y las inversiones.
Pese a esto, las disposiciones no impiden que un país establezca o mantenga una empresa del Estado o designe un monopolio, aunque tienen que fijar reglas que promuevan la “igualdad de condiciones con las empresas de propiedad privada, nacionales o extranjeras”. “Las empresas públicas no pueden recibir determinadas ventajas que distorsionen el comercio y discriminen en la compra y venta de bienes y servicios”, subraya.
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El documento menciona que los recursos que se logran en actividades monopólicas no pueden utilizarse para apoyar la actividad comercial de esas empresas que están en competencia y detalla que hay excepciones y normas mínimas que “ameritan un estudio en profundidad para determinar si el régimen de las empresas propiedad del Estado uruguayas y los respectivos monopolios que estas administran pueden ampararse a las mismas”.
“Se trata de estándares regulatorios que probablemente requerirán la reforma de ciertos aspectos de la normativa nacional, con el consiguiente debate interno que esto implica”, advierte.
Otro de los desafíos está en las telecomunicaciones, ya que el capítulo incluye obligaciones para los proveedores de servicios públicos en materia de interconexión, portabilidad numérica y acceso a números de teléfono, y disposiciones sobre la flexibilidad en la elección de tecnologías, los servicios de roaming y la aplicación.
“Algunos rubros de la actividad comercial de Antel, por ejemplo el monopolio de la telefonía fija, deberían ser evaluados, así como los referentes a la fijación de tarifas”.
También hay un capítulo dedicado al comercio electrónico, que señala que hay “disposiciones de vanguardia” que Uruguay deberá demostrar que está en condiciones de “garantizar las exigentes disposiciones de este capítulo”. “El régimen uruguayo actual de compras de comercio electrónico en mercados extranjeros podría presentar algunas medidas consideradas restrictivas”.
Acerca de las medidas sanitarias y fitosanitarias, el acuerdo mejora las condiciones de acceso entre los miembros y establece una serie de procedimientos que Uruguay deberá evaluar tomando en cuenta sus capacidades institucionales.
Otro de los puntos refiere a los “obstáculos técnicos al comercio”, una situación que “puede plantear desafíos” para Uruguay porque aún no ha alcanzado una “aplicación óptima” de las disciplinas OMC.
Respecto a los servicios, el acuerdo contiene normas “modernas” que eliminan las barreras de acceso a los mercados y “garantizan” que los servicios y proveedores de un país no recibirán un “trato menos favorable” que los servicios locales.
En la reunión con los líderes políticos, Lacalle Pou reconoció que Uruguay tenía varios deberes para hacer en materia de propiedad intelectual, ya que no es parte del Tratado de Cooperación en materia de patentes. En este sentido, el informe señala que los países se comprometen a ratificar o adherirse a este y varios más antes de la fecha de entrada en vigor del tratado, por lo que Uruguay deberá sumarse.
