En el caso que relató la testigo, afirmó que el director de la ONG, Juan Carlos Vega, que tenía su cargo el tratamiento grupal “lo hacía llorar delante de todos”. “Estuve presente en más de una ocasión, cuando Vega se acercaba a alguno de los asistentes a hablarle mal, le pegaba un bofetazo para que no lo mirara cara a cara. Ellos tenían que tener la cabeza hacia abajo, ya que el era quien mandaba y era un dios y había que respetarlo, y si quería pegarles, podía hacerlo... un día sacó un arma, y les apuntaba, y decía que si mataba a alguno no pasaba nada, porque ellos no servían para nada".
Los siete hombres iniciaron el juicio en 2022 luego de que el programa Santo y Seña, que emitía canal 4 hasta el año pasado, denunciara la violencia física y psicológica que sufrían los hombres derivados a Dominó luego de haber sido responsabilizados por cometer violencia doméstica por jueces de Familia Especializado en el marco de la Ley de Género 19.580.
Los demandantes representados por los abogados Daiana Abracinskas, Adrian Arias y Federico Ravera, señalaron que Vega se hacía llamar "Zeus", rompía vasos y platos, y les propinaba insultos como "escorias", "lacras sociales", "cornudos", "...tu mujer está encamada con otro", etc., denigrándolos de forma constante. Además se les encomendaba la limpieza de las instalaciones, pintura, servir café, y se les exigía realizar aportes económicos, ya que dependía del supuesto informe que el titular del Proyecto enviaba a la Justicia.
Si bien los reclamantes pedían una indemnización de entre U$S 31.000 y U$S 50.000 más $ 150.000 por lucro cesante (lo que dejaron de percibir por haber dejado de trabajar), el juez Ohanian fijó los montos en entre US$ 2.500 y US$ 3.500 para cada uno dependiendo del tiempo que concurrió al tratamiento y rechazó el lucro cesante, principalmente porque la sesión era los sábados.
Luego de que se emitiera el programa de televisión, la Suprema Corte de Justicia dispuso una investigación administrativa que concluyó que las derivaciones al centro “carecían de formalidad, análisis, estudio, control o seguimiento", y que los magistrados "se enteraban de la existencia del Proyecto por el boca a boca sin conocer quién era el responsable y cómo era su funcionamiento".
Sin embargo, la investigación desestimó el inicio de sumarios, y afirmó que el Poder Judicial "no tiene entre sus competencias o cometidos el control de los organismos como Proyecto Dominó y que no se habían constatado anormalidades", incluso señaló que "muchos de los que acudían obtuvieron resultado beneficioso".
El Poder Judicial al contestar la demanda, rechazó los argumentos y planteó que para hacerse responsable del actuar de un juez en función jurisdiccional, la conducta del mismo debe ser contraria a Derecho y con dolo, fraude, error inexcusable o demora injustificada en resolver, en este caso no se configuró nada de eso.
Sin embargo, el juez entendió que existían amenazas directas o veladas dirigidas a resaltar la incidencia de Vega en el proceso judicial ya que les hacía entender que de él dependía el levantamiento de las medidas que les había impuesto el juez de familia.
Otros testimonios: insultos, manoseos y obligaciones
"El me contó que les hablaban con insultos, que ellos tenían miedo, que les decían que mientras estaban ahí sus mujeres los estaban "cagando" en otro lado y ese tipo de expresiones”, relató otro testigo.
“Las propuestas eran raras, inusuales, muchas veces yo le dije que no dejara de ir por el tema judicial porque podría perjudicarlo pero me manifestaba que quería dejar de ir por las cosas a las que estaba expuesto: malos tratos, amenazas, extorsión, burlas, acoso y creo que hasta abuso psicológico y físico", contó otra testigo en el juicio.
El familiar de otro de los hombres dijo que “lo habían obligado a limpiar el baño, la cocina, pintar el baño, lo ponían mirando un punto fijo en la pared, lo insultaban, le decían que mientras él estaba ahí la mujer estaba con otro…cuando volvía de esa sesión, volvía destrozado, él se empezaba a sentir mal desde el jueves". Los tratamientos eran los sábados.
En otro caso relató que “lo obligaba a dejar plata, mínimo de $ 300 cada sábado, era un tema de maltrato psicológico, y lo amenazaban que si dejaba de ir iban a informar que era violento, como que iba a ser delincuente, si el se iba de ahí".
"Se que iba los sábados, porque los viernes ya empezaba con bajón, depresión, no quería ir, me contaba que lo hacían cocinar, limpiar, que lo trataban mal, lo amenazaban con que si no hacía lo que ellos querían, lo iban a denunciar como que se estaba portando mal", declaró otra persona citada en la sentencia.
Las denuncias también hacían alusión a acoso sexual y así lo relató un testigo: "Le tocaban el bulto, le decían ´qué linda anaconda tenés´, que no fuera así porque si no lo iban a toquetear, y de hecho lo tocaban en las partes íntimas y le decían que se le notaban los genitales".
“El tenía un crucifijo colgado y le decían que ni Dios lo iba a poder salvar de ahí, amenazaban con su familia, sobre todo con su madre y tía como que le iba a pasar algo. También se metía con el miembro de él, le hacía bromas", afirmó otro.
Los relatos son coincidentes en que los hombres no dejaban de ir porque tenían miedo que eso los perjudicar en las causa por violencia doméstica. También en cuanto a que se trataba de personas de bajos recursos y escasa formación, por lo que eran susceptibles de ser sometidos a “conductas totalmente abusivas, vejatorias de la dignidad humana, que atentaron decididamente contra la personalidad moral”, afirmó el juez.
Ohanian consideró que los hombres que entablaron la demanda “se encuentran en una marcada posición de sujeción a los mandatos de la autoridad judicial” por lo que “cobran especial relevancia las amenazas de Vega respecto de la incidencia de su informe" ante el juzgado”.
“Las amenazas, entonces, no eran simples bravuconadas del director del Proyecto, sino que tenían incidencia concreta”, evaluó y agregó que eso los llevaba a que no dijeran nada y siguieran participando.
Por todo ello concluyó que existe responsabilidad del Estado – Poder Judicial en las desviaciones vividas en los cursos de "rehabilitación" del Proyecto Dominó que “lisamente constituyen conductas delictivas (independientemente de que hayan o no sido imputadas por el Fiscal competente)”.
