Economía y Empresas > Polémica previa
¿Cómo fue el reclamo de Claro y por qué el juez dio la razón a la Ursec?
La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) otorgó este jueves espectros para internet móvil por US$ 65 millones, que se dividieron entre Movistar, Claro y Antel, las tres operadoras de internet móvil que tiene el país, pero la instancia no estuvo exenta de polémica.
Unos días previos a la subasta la empresa Claro presentó ante la Justicia un recurso de amparo pidiendo que se suspendiera la instancia, al entender que el sistema de asignación de frecuencias está establecido en “claro beneficio a favor de Antel porque se le otorga la posibilidad de elegir en primer lugar las frecuencias que le interesan y reservarlas”.
Según informó El País este viernes, la visión de Claro es que a Antel se le da “una posición de preferencia y privilegio sobre los dos operadores privados que afecta los principios de constitucionalidad, igualdad, proporcionalidad y protección de la libre competencia; actuando con clara ilegitimidad manifiesta”.
La empresa alegó que se crean condiciones que favorecen a Antel “desmedidamente” y se imponen condiciones comerciales altamente más ventajosas para la fijación de precios que pagará Antel, además de disponerse que los bloques no asignados sean entregados a la estatal por un precio mucho menor.
Sin embargo, el juez Pablo Eguren dictó sentencia un día antes de que la subasta fuera llevada a cabo, el 11 de diciembre, cuando desestimó el pedido de amparo por parte de Claro.
El juez argumentó que no veía una ilegitimidad y menos aún manifiesta. “Nos afiliamos al criterio sustentado respecto a que debe ser patente, ostensible, indiscutible, evidente notorio tal como lo define Emilio Biasco… Un criterio laxo podría determinar la disminución de la caracterización de ‘manifiesto’ a un punto tal que alcanzaría tan solo con la ilegitimidad. Eso no es lo que establece la norma”, sostuvo.
Eguren además señaló que no se daban los presupuestos normativos aplicables al recurso de amparo y que las empresas privadas juegan con las cartas vistas, “conociendo la situación de la empresa estatal en cuanto a sus requerimientos de espectro antes de comenzar la subasta”.
“En cuanto al mercado y a las reglas del procedimiento competitivo para la asignación del espectro radioeléctrico ‘trae como consecuencia que la empresa estatal no pueda participar de los mismos, con el fin de proteger a los operadores privados del riesgo de falta de transparencia que implica que el propio Estado sea quien convoque al procedimiento competitivo y además participe del mismo. Por lo tanto, se parte de la imposibilidad de aplicar una misma regla para todas las empresas por ser jurídicamente diferentes”, señaló Eguren en la sentencia, en referencia a que Antel está impedida de participar de la subasta generando una asimetría que es necesaria compensar.
Prosiguió explicando que las empresas conocen el “riesgo de falta de transparencia” que implicaría “que el propio Estado sea quien convoque al procedimiento competitivo y además participe del mismo. Por lo tanto se parte de la imposibilidad de aplicar una misma regla para todas las empresas por ser jurídicamente diferentes”.
En este sentido, la posición de la Ursec es que en una subasta no se pude hacer competir a Antel con empresas privadas porque sería injusto, dado que la estatal podría empujar los precios hacia arriba y hacer pagar sobreprecios a las privadas. Esto implica, a su vez, que los precios que pagará Antel dependerán de la voluntad de las empresas privadas en caso de pujar por los espectros que fueron reservados por el Poder Ejecutivo.
El objetivo de la subasta es mejorar las capacidades y prestaciones de las telefónicas, con el fin de optimizar alcance de las redes a través de frecuencias bajas y altas que permitan aumentar los anchos de banda.
La adquisición implicó el uso de bloques de espectro en las bandas 2600 MHz, 1800 MHz Y AWS 1700/2100.
Antel pagará US$ 22,5 millones por cuatro frecuencias, aunque se hizo de un total de seis dado que dos de ellas no tuvieron costo por falta de otros oferentes. Por su parte, Movistar es la que mayor importe abonará con un desembolso de US$ 28 millones por cuatro bloques. En tanto, Claro abonará US$ 15 millones por dos.
Estas frecuencias asignadas tienden a solucionar dos cuestiones: una es brindar mayores capacidades en redes LTE y 4G, además de otras que permiten pensar ya en la tecnología siguiente, la 5G.
