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¿Cómo se protegen los altos ejecutivos en Uruguay?

Un proyecto de ley crea la figura del guardaespaldas y varias empresas ofrecen el servicio a demanda, mientras los ejecutivos uruguayos dicen que no sienten la necesidad de custodia

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05 de septiembre de 2018 a las 05:02

Me estás preocupando” y “¿debería preocuparme?” fueron las respuestas de dos altos ejecutivos uruguayos cuando El Observador les preguntó si alguna vez fueron custodiados por un guardaespaldas para asistir a algún evento, para viajar a otro mercado donde operara su empresa o para llevar a cabo sus actividades cotidianas.


La pregunta surgió luego de constatar que el servicio es brindado por varias empresas de seguridad en Uruguay y que, además, según una de ellas, su demanda viene en aumento.
Pero, del otro lado apareció una respuesta casi unánime entre los ejecutivos uruguayos. “Hasta el momento no me lo había cuestionado de una manera real”, dijo uno de ellos acerca de la necesidad de custodia. “No tomo más recaudos que los normales que cualquier persona en la calle toma con los problemas actuales que tenemos en el país”, señaló otro. El presidente de una cámara empresarial consignó que se está lejos de llegar a tomar ese tipo de medidas para la seguridad personal. “Conozco ejecutivos de multinacionales que andan solos en la calle”, declaró.
El servicio de guardaespaldas no está amparado por ninguna reglamentación en Uruguay. Pero, como es corriente en otros ámbitos, aparece el servicio, bajo distintos nombres, antes de que la ley establezca el marco. Eso genera que en Uruguay las empresas lo estén brindando con una limitación: los escoltas no llevan arma, ya que la última normativa sobre seguridad privada –el decreto 275/999, de 1999– autoriza al personal de seguridad a portarlas solo durante el horario y en el lugar donde el funcionario cumpla el servicio de seguridad contratado, “no pudiendo circular en la vía pública portando armas excepto en caso de remeseros y guardias armados asignados al transporte y traslado de valores en circulación”.


Es por esto que, por el momento, las empresas de seguridad se rebuscan para brindar custodia ejecutiva sin caer en lo prohibido por ley, aunque sin un marco normativo. Lo hacen, por ahora, solo a demanda y sin promocionar el servicio. “Hay una zona gris. Hasta que no salga la nueva ley de seguridad no van a estar detallados ni establecidos los requisitos para dar ese tipo de servicios” indicó el gerente de Prosegur, José Díaz.

 Muchas personas lo piden en Uruguay. Es un país al que vienen inversiones de todo tipo y esas personas están acostumbradas a que ese servicio sea común en todo el mundo. Aquí se necesita darles esa protección y hay que hacerlo bajo el marco legal correspondiente”. Hernando Hernández, Presidente de la Asociación de Profesionales de Seguridad (ASIS)


Por otro lado, los altos ejecutivos uruguayos, como quedó de manifiesto en sus respuestas, se perciben a sí mismos como personas del montón y están lejos de considerarse el público tipo o target de los delincuentes en Uruguay. 


“Hay clientes nuestros, gerentes de multinacionales, que se han trasladado a países como Guatemala y no circulan sin auto blindado y sin escolta”, señaló un empresario que no ve que ese sea el caso de Uruguay. Por su parte, el presidente de una cámara empresarial señaló que tener un guardaespaldas y auto blindado implica gastos a los que las empresas en Uruguay no están en condiciones de hacer frente.


Según el gerente de Prosegur, José Díaz, en Uruguay no hay demanda comercial de ejecutivos que quieran seguridad permanente. “No están desarrollados este tipo de servicios. Las amenazas y los riesgos que se analizan no tienen un nivel para que las personas anden todo el día con guardaespaldas. No estamos a la altura de Colombia u otro país”, subrayó.
Actualmente, el servicio de las empresas uruguayas se brinda en su mayoría a extranjeros. En el caso de los ejecutivos, se utiliza cuando, por ejemplo, un CEO o directivo de una multinacional llega al país por unos días.


Porte de armas


El Ministerio del Interior –con el apoyo de las empresas de seguridad– impulsó en 2015 un proyecto de ley sobre seguridad privada que apunta a la formalización del sector y que tiene entre sus puntos la creación de la figura del guardaespaldas. 

“A los efectos de la ley, se considerará escolta personal o guardaespaldas a toda persona que sea contratada a los efectos de proteger a otra”, dice el proyecto que actualmente es tratado por Comisión Especial de Deporte. Según uno de sus integrantes, Juan Castillo, hace un mes se comenzó con la votación y, luego de hacer algunas críticas, se volverá a votar. 
“Está en la etapa final. En la próxima convocatoria ya se aprobaría”, señaló. La ley habilitaría el porte de armas de los guardaespaldas. Según el proyecto, se prohibirá su porte en la vía pública a excepción del patrullaje dinámico para entidades bancarias, funciones de guardaespaldas y transporte de valores.

Oferta y demanda

Para el presidente de la Asociación de Profesionales de Seguridad de Uruguay (ASIS), Hernando Hernández, el servicio de guardaespaldas “es necesario”: “Muchas personas lo piden en Uruguay. Es un país en al que vienen inversiones de todo tipo y esas personas están acostumbradas a que ese servicio sea común en todo el mundo. Aquí se necesita darle esa protección y hay que hacerlo bajo el marco legal correspondiente”.


Según Hernández, la necesidad en Uruguay tiene que ver “con un marco de inseguridad real” y “no una sensación”. Apuntó que el servicio también podría ser elegido para casos muy puntuales, como adultos mayores que tengan que salir a cobrar la jubilación. Entre otros temas, contextualizó que existe el prejuicio de que la seguridad privada “la pagan los más pudientes y solo mejoran su seguridad”, pero que, en realidad, cuando hay más seguridad privada y se logra prevenir, la policía puede encargarse de sus tareas y eso “beneficia a los menos pudientes”. “Si la seguridad privada se logra reglamentar, mejora la seguridad pública ciudadana. Eso que lo paga un privado termina favoreciendo al menos pudiente, mejora también su seguridad”, indicó.

"El problema está en cómo está evolucionando el crimen en Uruguay. Es cuestión de tiempo”. Ruy Rodríguez, director de Sigma Seguridad. 


Según Díaz de Prosegur, cuando la ley habilite el servicio, las empresas buscarán los targets y tratarán de comercializarlo, aunque recalcó que tiene un costo “bastante elevado”. 
Por esto, el director de Sigma Seguridad –otra de las empresas que da el servicio–, Ruy Rodríguez, aseguró que “hay un segmento muy chico de mercado que puede acceder”, refiriéndose a los gerentes de banca, de multinacionales y CEO que vienen de visita a conocer las filiales de Uruguay y forman parte de la clientela a la que se da el servicio ocasionalmente.
Opinó que con la ley “posiblemente aumente la demanda” ya que eso está “atado a la situación de miedo de la población”.


“El problema está en cómo está evolucionando el crimen en Uruguay. Es cuestión de tiempo. Hay una escalada de crimen que a la larga va a generar una demanda incrementada; la situación tiende a empeorar”, acotó.


Los servicios


El jefe de Operaciones de G4S, Diego Fernández, comentó que comenzaron a dar el servicio de forma “muy suave” en el año 2000 y que desde ese momento la demanda aumentó “significativamente”, hasta el punto de tener actualmente entre 50 y 100 custodias por año. Por su parte, la gerenta general de la empresa, Sandra Rodríguez, dijo hace un mes a Café & Negocios que para brindar el servicio “se analizan cuidadosamente los riesgos potenciales y sus consecuencias y luego se los mitiga a través de acciones concretas”.


El cliente que llega de multinacionales proviene en su mayoría del sector bancario. El gerente de Prosegur señaló que este año, la empresa lo dio solo una vez. Detalló que la custodia ejecutiva, dada la falta de reglamentación, se traduce en la figura de un chofer –capacitado en conducción defensiva– que oficia de ambas cosas. “No es clara la situación desde el punto de vista conceptual, si es un chofer o un secretario o un guardaespaldas”, apuntó. 

 Hasta que no salga la nueva ley de seguridad no van a estar detallados ni establecidos los requisitos para dar ese tipo de servicios”. José Díaz, gerente de Prosegur.


Indicó que si bien los trabajadores son entrenados por Prosegur España con una capacitación completa, “la parte de armas” se dejará para cuando la ley lo autorice.
Cuando un cliente solicita el servicio, la empresa de seguridad debe tener toda la información sobre la estadía del custodiado: desde el hotel donde se alojará hasta la emergencia médica y los restaurantes o eventos por los que pasará.


Según Fernández, ya no sorprende que ejecutivos uruguayos pidan el servicio de custodia. “Ahora te llaman gerentes nacionales”, indicó. 
Señaló que generalmente son directores de multinacionales que lo hacen por política de la matriz. “Lineamientos del norte o de Europa lo exigen, por más que seas un gerente de una compañía en Uruguay”, apuntó. Agregó que quienes más se contactan para solicitar el servicio son los asesores de seguridad de las empresas.

Ser guardaespaldas

Fernández de G4S explicó que para ser custodia ejecutiva se necesita no solo de habilidad, sino también de un fuerte compromiso. Estos trabajadores, además de exponerse para proteger la vida de sus custodiados, deben estar capacitados para trabajar hasta unas 12 horas de continuo. “Está el factor cansancio y estrés y, por más que la persona tenga ganas de seguir trabajando, llega un momento en que el cerebro y el físico ya no son los suyos”, indicó. Agregó que por eso, para quienes exigen una custodia las 24 horas, deben organizarse por turnos. En la mayoría de los casos un ejecutivo o grupo de ejecutivos es custodiado por tres o cuatro guardaespaldas. El director de Sigma Seguridad señaló que para estos casos no alcanza con ser un militar o policía, ya que los guardaespaldas necesitan otro conocimiento.

Zona gris

El titular de la Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe) del Ministerio del Interior, Juan Rodríguez, dijo que el servicio de guardaespaldas –seguridad protectora, custodia VIP– por parte de empresas privadas está previsto en el proyecto de ley de seguridad privada y que, una vez que se apruebe, deberá reglamentarse. “La ley lo puede establecer pero después hay que hacer un estudio de alcance, ver de qué forma se puede dar, si va a ser solo una empresa o alguien independiente”. Dijo que como hoy no está habilitada la actividad bajo ninguno de los nombres que se le dan comercialmente. Sin embargo, aseguró que “no sería una forma de ver la realidad” el discutir que existan casos, ya que el servicio existe y en la realidad, en caso de extranjeros, se traslada la seguridad de la persona a Uruguay, aunque sin armas. 


En caso de que llegue una autoridad del extranjero, dijo, es la policía la que tiene la potestad para dar la seguridad.
Agregó que “en ningún caso” justifica que se dé servicio de seguridad VIP. “Podrá ir al lado de un ejecutivo una persona que sea de una empresa de seguridad pero no está amparada en la legislación para cumplir esa actividad” cuando se trata de custodiar, señaló.

Antes que la custodia

Uno de los ejecutivos uruguayos consultados aseguró que, pese a que nunca se vio en la necesidad de tener un guardaespaldas, es “muy cuidadoso”. No pone foto de perfil suya o de alguien de su familia en Whatsapp y no publica en redes el lugar donde está ni permite que lo hagan sus hijos. 

Con carné, sin uniforme


El proyecto de ley establece que los trabajadores de la seguridad privada tendrán la obligación de portar carné en lugar visible y usar uniforme. En el caso de los guardaespaldas, portarán carné en lugar no visible y se exceptúa el uso del uniforme. La capacitación de guardias privados y escoltas personales o guardaespaldas, según el proyecto, tendrá una vigencia de cinco años. 

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