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¿Con la misma piedra?

Columna del politólogo sobre la negociación presupuestal entre el gobierno y los gremios de la enseñanza

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02 de septiembre de 2015 a las 05:00

Lo que sospechaba hace una semana se confirmó poco después: el Poder Ejecutivo equivocó la estrategia y debió retroceder ante la presión combinada (y, en parte, concertada) de los sindicatos de la enseñanza y de la mayoría de las fracciones del partido de gobierno (especialmente del MPP y del PCU). Sin embargo, el lunes pasado, luego de verse forzado a levantar la esencialidad, volvió a tomar por el peor de los caminos posibles: anunció que la propuesta de incrementos salariales enviada al parlamento es innegociable. Es probable que, por este camino, nos esté condenando a tres meses de movilizaciones sindicales y de enfrentamientos. Es como si el Poder Ejecutivo se obstinara en no admitir datos muy básicos sobre la realidad institucional y política del país, y se empeñara en tropezar con la piedra que lo hizo trastabillar la semana pasada.

En primer lugar, el Poder Ejecutivo parece no estar tomando en cuenta un dato básico de economía política del presupuesto. Los tres meses de discusión parlamentaria, que se iniciaron recién ayer, son los que generan las mayores oportunidades para que la presión de los sindicatos públicos tenga efecto. No es casualidad que las movilizaciones de los sindicatos públicos tiendan a incrementarse entre setiembre y noviembre del primer año de gobierno. Este timing es consecuencia directa del diseño institucional. No es realista pretender frenar la movilización sindical con una declaración altisonante.

En segundo lugar, el Poder Ejecutivo parece no haber registrado el significativo cambio en la correlación de fuerzas que acaba de experimentar el escenario político en la arena educativa. El paso en falso de la declaración de esencialidad fue percibido por los sindicatos como una victoria. De hecho, lo fue. Vázquez y Muñoz, presidente y ministra, muy a su pesar, debieron retroceder. Dicho de otro modo: el gobierno acaba de enviarle un ultimátum a sindicatos que se sienten fortalecidos y que, además, han constatado que el presidente es sensiblemente más frágil de lo que parece.

En tercer lugar, el Poder Ejecutivo parece seguir olvidando que existe una brecha importante, ideológica y política, entre el gabinete y la bancada parlamentaria frenteamplista. De hecho, en el mismo comunicado en el que el MPP cuestionó la declaración de esencialidad (emitido el jueves pasado), este sector anunció que sus legisladores harán el mayor esfuerzo “para asegurar una mejor educación pública". El “buen entendedor” precisa pocas palabras. En el parlamento, el “ala izquierda” del FA buscará mejorar la propuesta del Poder Ejecutivo.

No es muy difícil encadenar lógicamente los tres párrafos anteriores. Es poco probable que los sindicatos acepten el ultimátum del presidente y su gabinete. Acaban de ganar una batalla. Sienten que el Ejecutivo es más débil de lo que parece. Saben que tienen aliados con mucho peso en el parlamento. Se vienen preparando para dar la batalla entre setiembre y noviembre hace meses. En este escenario, ¿por qué habrían de suspender la presión y aceptar las condiciones del Ejecutivo?

Podría suponerse que, dada la intransigencia que caracteriza a los sindicatos de la enseñanza, al Poder Ejecutivo no le queda otro camino. Es evidente que los sindicatos de la educación, especialmente Fenapes, son huesos duros de roer. Dicho sea de paso, esto no es fruto de la casualidad: es obvio que los sindicatos de la educación no hacen más que repetir lo que los líderes de la izquierda uruguaya, durante décadas, les enseñaron a pensar y a hacer. Pero, volviendo al argumento: compartir el diagnóstico (la intransigencia sindical) no implica avalar la estrategia (la confrontación). El gobierno no podrá asegurar el funcionamiento normal de la enseñanza durante este año negando realidades políticas básicas. No puede volver a ir al enfrentamiento. Está obligado a negociar. No está en condiciones de seguir lanzando amenazas. En vez de eso debería cerrar filas dentro del FA y, al mismo tiempo, convocar a un gran diálogo nacional, apoyándose en la buena voluntad que, en este tema al menos, han mostrado muchos dirigentes de los partidos de oposición. En ese marco el gobierno podría no solamente discutir sobre presupuesto y salarios, sino también sobre las reformas institucionales que requiere el sistema educativo. Las inexorables tensiones redistributivas no deberían impedir la elaboración y puesta en práctica de las innovaciones que el FA prometió durante la campaña electoral. Pero no habrá ni paz ni reformas en la enseñanza sin un cuidadoso esfuerzo previo de blindaje político.

Ojalá me equivoque, pero no creo que Vázquez vaya a cambiar de estrategia. Hace mucho tiempo que eligió el camino de la confrontación. Lo había anunciado en la campaña electoral y lo confirmó cuando optó por María Julia Muñoz como ministra de Educación y Cultura. En teoría, José Mujica, que ha sabido ser uno de los grandes formadores de opinión en la política uruguaya de los últimos años, podría tener un papel constructivo para jugar. Es sabido que no simpatiza con los sindicatos públicos, en general, y con los de la enseñanza, en particular. Es evidente que, al menos por ahora, viene avalando la línea de “mano dura” preferida por Vázquez y sus colaboradores.

Me pregunto cómo reaccionará cuando el conflicto con los sindicatos vuelva a subir de tono. También él tiene una oportunidad.

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