¿Debe ser obligatoria en Uruguay la vacuna del covid-19?

Durante las administraciones del Frente Amplio se tomaron dos decisiones que cambiaron la forma en que vivimos. Primero, a impulso del presidente Tabaré Vázquez, dejamos de fumar en espacios cerrados públicos. La medida, que levantó todo tipo de críticas, fue adaptada con mucho más acatamiento que rebeldía y ahora, incluso quienes fuman protestan si a alguien se le ocurre hacerlo dentro de una oficina. Hace 20 años yo trabajaba en una redacción embarazada y todo el mundo fumaba alrededor mío.

Un poco más acá en el tiempo, una ley definió que no se podía manejar luego de tomar alcohol, nada de alcohol. Ni 0.1 ni 0.2 ni 0.3. Cero. Esta medida levantó mucho más resistencia, hasta el punto que ahora se discute su modificación. Mientras tanto, la mayoría de los uruguayos la acatamos y, sin meternos en la discusión de fondo, la realidad es que la generación de los más jóvenes se acostumbraron a salir, tomar y no manejar, Uber y conductor designado mediante.

En estos casos hubo obligación legal, hubo multas y hubo acatamiento mayoritario.

Con respecto a las vacunas, los uruguayos –o al menos, la mayoría– estamos acostumbrados a someternos a un estricto calendario obligatorio de vacunaciones, el famoso Certificado Esquema de Vacunación que tanto aquí como en el exterior se considera un gran ejemplo de control sanitario. Más del 90% de la población está vacunada con todas estas vacunas obligatorias que previenen 18 enfermedades infecciosas. Un buen porcentaje también se vacunó con otras que son recomendadas por médicos, pero que deben ser pagas.

Desde hace ya muchos años, pero con crecimientos preocupante en los últimos, cada vez hay más “padres antivacunas”. Digo padres, porque los hijos no son los que deciden si vacunarse o no . El Ministerio de Salud Pública sigue de cerca la evolución preocupante de estos grupos “antivacunas”. Cada vez son más, me comentó un experto, y desde la administración pasada se decidió que, a diferencia de lo que pasaba antes, ya no se les exigiría a esos niños las vacunas para ir a la escuela. Las autoridades de la época, con las que concuerdan las actuales, consideraron que la educación era prioritaria, porque dejar afuera del sistema educativo a estos niños era condenarlos a un futuro incierto y robarles una socialización vital en esas edades.

Así que, algunos niños en las escuelas de Uruguay no tienen las vacunas obligatorias que la mayoría de los padres uruguayos corremos a darle en tiempo y forma a nuestros hijos cuando el pediatra lo indica. La realidad es que como la mayoría de los niños están inmunizados, es poco probable que los no vacunados se puedan contagiar con enfermedades que están –relativamente– controladas. O sea: nuestro Certificado de vacunación es obligatorio, pero no siempre. Si un niño de “padre antivacuna” se enfermara de alguna de estas 18 enfermedades, la responsabilidad legal le coresponde a sus padres.

La primera vacuna obligatoria que se dio en Uruguay fue la antivariólica, en 1911. Esta enfermedad se considera erradicada del planeta. Algo similar había sucedido en las Américas con el sarampión, pero en 2018 volvió a aparecer. Desde 1982 los uruguayos tenemos, por ley, la obligación de vacunarnos con 8 vacunas. La obligación va acompañada de la gratuidad. Las autoridades sanitarias saben que cualquier vacuna que haya que pagar, no importa el precio, es un punto de partida de desigualdad difícil de combatir. Durante un tiempo la vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV) no era obligatoria y había que pagarla. Los pediatras la recomendaban y muchos padres se las dimos a nuestras hijas primero y nuestros hijos después. Ahora forma parte del certificado.

Algo diferente ha sucedido con la vacuna de la gripe o, debería decir, las vacunas de la gripe, porque cada año son diferentes en busca de atacar a las cepas que más se diseminaron en el norte en el invierno anterior. Si bien no es obligatoria es gratuita y está recomendada para ciertos grupos de riesgo que incluye a los niños y adultos mayores, entre otros segmentos de población. Durante años el porcentaje de uruguayos que se dio esta vacuna fue relativamente bajo. En 2020, al influjo de un covid-19 que nos atemorizaba, 1 millón de uruguayos se vacunaron contra la gripe, un récord.

Estas vacunas que nos ayudan a enfrentar la influenza, enfermedad por la que mueren muchas personas todos los años en Uruguay en el mundo (con la excepción de 2020, año en que todos usamos por primera vez tapabocas y extremamos los cuidados), no son obligatorias además porque enfrentan a una enfermedad estacional. La influenza tiene su pico entre mayo y agosto en este hemisferio y luego desaparece.

La o las vacunas del covid-19 que se comenzarán a dar en Uruguay en marzo, tampoco serán obligatorias por decisión del gobierno y en particular del presidente, un liberal que se basó en esa misma filosofía para no obligar tampoco a un confinamiento ni toque de queda ni medidas demasiadas restrictivas a las que sí recurrieron y recurren otras democracias como las europeas, con discutida eficacia.

A diferencia de las de certificado único de vacunación (obligatorias), que buscan inmunizar a la mayoría de la población para eliminar enfermedades o minimizar sus efectos en caso de que una persona se contagie, y a diferencia de la de la influenza/gripe que es estacional (no obligatoria), la del covid-19 se ubica en un limbo extraño de no obligatoriedad que sin embargo pretende alcanzar la famosa “inmunidad de rebaño”: más de 75% de la población inmunizada.

Los estudios de opinión pública con los que se cuentan señalan que solo el 56% de los uruguayos estaría dispuesto a vacunarse. Es posible que este porcentaje vaya subiendo. Mientras tanto, ya son varios los colectivos que piden prioridad para vacunarse: construcción, transporte, periodistas, odontólogos, deportistas, judiciales, Rivera, Flores y más.

El plan del gobierno prevé que en marzo se vacunará en primer lugar al personal de la salud, seguido o al mismo tiempo de los cuidadores de residenciales de adultos mayores y de los propios adultos mayores. Todos sin obligación de hacerlo.

Muchos médicos no están de acuerdo con la ausencia de obligatoriedad específicamente para el personal de salud. “Éticamente se me hace imposible imaginar que un médico o enfermero no se vacune, porque podés contagiar a un paciente. Pero hay muchos médicos que no se quieren vacunar”, me comentó un jerarca de la salud.

El presidente Luis Lacalle Pou hizo referencia esta semana a la condena social que puede surgir ante personas que decidan no vacunarse, y señaló que “el mundo va a ir” hacia un “pasaporte sanitario para muchísimas cosas” y que incluso puede ocurrir que establecimientos privados dentro de Uruguay apliquen derecho de admisión. Si esto lo llevamos al extremo, ¿un prestador de servicios de salud privado podría negarse a atender a una persona no vacunada? ¿Podría incluso priorizar a los vacunados para la atención? Si estos puntos no se deciden desde la autoridad sanitaria central, todo es posible.

Por todo lo anterior es posible que la no obligatoriedad de ahora se convierta en el futuro en obligatoriedad. Las vacunas ya aprobadas todavía están siendo testeadas en fase 3 en poblaciones de millones (como Brasil, en el caso de la china Sinovac) y siguen apareciendo modificaciones del virus que son más contagiosas, como la de Gran Bretaña, o más agresivas como la de la Amazonia brasileña. Seguramente aparecerán más y las vacunas irán probando su eficacia o saldrán nuevas. Los científicos creen que es bastante probable que debamos vacunarnos todos los años.

Mientras tanto podemos pensar que somos más libres al poder optar. Y lo somos, objetivamente. O podemos pensar que hay libertades demasiado peligrosas, que terminan afectando ya no a quien elige, sino a quienes los rodean. En ese tira y afloje de libertad personal y responsabilidad social transitaremos en los próximos meses y tal vez años. Al final, siempre depende de cada uno.