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Recarey pidió al MSP y a Pfizer información sobre las vacunas y los contratos para su compra y venta

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Vacunas: el juez que intimó al MSP ya se había cruzado con el Ejecutivo por desaparecidos

En 2003, Alejandro Recarey pidió información a varios organismos del Estado y llamó a declarar a varios militares por la muerte de Elena Quinteros, pero su actuación fue recurrida por el Poder Ejecutivo; en ambos casos actuaba como juez suplente

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04 de julio de 2022 a las 14:02

El juez Alejandro Recarey llegó al Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo el pasado viernes 1º de julio, como subrogante por la Feria Judicial que comenzó ese día. Solo esa jornada le bastó para dar lugar a un pedido de amparo del abogado Maximiliano Dentone, que busca suspender la vacunación contra el coronavirus a los niños, y pedir información hasta ahora no revelada sobre esta inyección al Ministerio de Salud Pública (MSP) y la empresa Pfizer.

Recarey es titular del Juzgado Civil de 9º Turno, pero cambió de oficina por la feria. En la resolución 1189/2022, a la que accedió El Observador, pidió al Ministerio y a la empresa farmacéutica estadounidense los contratos de compra y venta de vacunas firmados, información sobre efectos adversos de la vacuna, cantidad de muertes desde el inicio de la campaña de vacunación, y cómo están conformadas las dosis contra el virus, todo en un plazo de 48 horas hasta el miércoles 6 de julio a la hora 9, cuando los actores fueron citados a una nueva audiencia.

La decisión fue celebrada por el excandidato a la presidencia y exponente antivacunas de covid-19, Gustavo Salle Lorier, quien calificó la decisión como un "maracanazo judicial".

No es la primera vez que este juez se cruza con el Estado como juez subrogante (suplente). En 2003, Recarey prohibió que se continuaran las excavaciones en una dependencia militar y pidió información a varios ministerios sobre la desaparición de Elena Quinteros en la última dictadura cívico militar.

En esa ocasión, Recarey había sustituido al juez penal Eduardo Cavalli en la causa sobre Quinteros, desaparecida en 1976, y su sentencia fue recurrida por el Poder Ejecutivo.

Cruce con la ley de Caducidad

El 6 de noviembre de 2003, Recarey ordenó detener "cualquier tipo de obra que altere el terreno de las dependencias del Batallón de Infantería N.º 13", donde en dictadura funcionó un centro de detención y tortura, con la intención de "impedir perturbaciones a cargo de personal dependiente de ambos organismos", según se recoge en un informe de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de 2018.

Una semana después, el letrado pidió información al Ministerio de Transporte (MTOP) sobre la utilización de maquinaria en ese batallón.

El 17 de noviembre, tras una comparecencia del periodista de La República Gabriel Mazzarovich, quien presentó datos sobre la desaparición, pidió a la Dirección Nacional de Catastro, a la Intendencia de Montevideo y a la Fuerza Aérea Uruguaya todas las fotografías aéreas que se hayan disparado sobre la zona ocupada por el Batallón 13 entre los años 1974 y 1987. Luego pidió a la Dirección Nacional de Minería y Geología del Ministerio de Industria un informe geológico del predio.

En su corta estadía en la causa testificaron ante él más periodistas, dos personas que habían estado detenidas en el centro de tortura 300 Carlos, dentro del predio del Batallón 13, y el entonces senador Rafael Michelini, quien dijo que en ese predio estaba el cuerpo de 13 personas desaparecidas, entre ellos el de Quinteros.

Recarey llamó a declarar a los exmilitares Jorge Tróccoli, Ricardo Medina, Jorge Silveira, Manuel Codero y José Nino Gavazzo por la causa, y denunció a Juan Carlos Blanco por homicidio muy especialmente agravado.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo recurrió el accionar de Recarey en la causa por entender que friccionaba con la ley de Caducidad, debido al llamado a declarar de los exmilitares. El Frente Amplio defendió en aquel momento la actuación del juez subrogante ante el Parlamento, al entender que el procesado era un civil, por lo que no estaba amparado en la norma, dijo el entonces senador frenteamplista José Korzeniak en una sesión de la Cámara de Senadores en diciembre de 2003.

En 2010, Blanco fue condenado a 20 años de prisión como coautor del asesinato de Quinteros. El Informe de las Fuerzas Armadas al presidente de la República de 2005 reconoció que Quinteros fue asesinada en 1976, enterrada en el Batallón N.º 14 de Toledo, Canelones, y luego sus restos fueron exhumados, cremados y esparcidos por la zona.

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