Uso de armas en delitos creció más aún que las rapiñas: ¿es posible un plan de desarme?

Según dijeron a El Observador fuentes policiales, la mayoría de las armas que participaron de estos delitos ingresaron al país legalmente, pero de alguna forma acabaron en las manos equivocadas. ¿Cómo se puede evitar que las armas de fuego lleguen a manos de delincuentes?

El precandidato del Frente Amplio, Mario Bergara, dijo este viernes en una entrevista al programa En Perspectiva que Uruguay debería ir hacia una política de prohibición de tenencia de armas en manos de civiles, de la misma forma que lo hizo Australia o Escocia en la década del 90. “Muchas situaciones que implican resultados muy desagradables en materia de seguridad tienen que ver con que el Uruguay es un país lleno de armas (…) Voy hacia una prohibición de tenencias de armas. Recorta una libertad, pero es una libertad que no deberíamos tener porque es negativa”, señaló Bergara.

Según la organización suiza Small Arms Survey, Uruguay es junto con Canadá- el quinto país a nivel mundial con más arma de fuego en manos de civiles (34,7 cada 100 habitantes). El ranking lo lidera Estados Unidos con 120 armas cada 100 habitantes.

La mitad de las 1,19 millones de armas que hay en Uruguay no están registradas, a pesar de que una ley de 2014 aumentó las restricciones para la tenencia. De hecho, esta normativa castiga con pena de multa de entre 10 UR y 1.000 UR  la tenencia no autorizada, y penaliza el Delito de tráfico interno de armas, con una pena de seis meses de prisión a seis años de penitenciaría, a quien preste, alquile o venda, fabrique o tenga en depósito, armas sin autorización. 

Según el director de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, William García, la norma fue “un antes y un después”, al convertirse en una herramienta clave para poder llevar ante la Justicia a personas que tienen armas en su poder sin la debida autorización, muchas de las cuales podrían ser utilizadas para cometer delitos.

Sin embargo, y a pesar de las restricciones para hacerse de armas en el mercado legal, los delincuentes han logrado equiparse de pistolas y armas de gran calibre a través del robo a civiles que tienen armas legalmente registradas, o no, y también a la policía.  

Entonces, ¿es posible pensar en una política de desarme total siguiendo el modelo australiano? Para el doctor en ciencias sociales y experto en seguridad y control de armas, Diego Sanjurjo, la medida propuesta por Bergara sería “impracticable”, dado la importante cantidad de armas que ya circula, y “fomentaría el tráfico ilegal”. 

Si bien Sanjurjo consideró que restringir el acceso de armas puede contribuir a la mejora de la seguridad, consideró que “no es una buena idea” la restricción total. “No estamos en Australia. Hay personas en Uruguay y en América Latina a las que el Estado no es capaz de asegurar”, por lo que no debería prohibir que se armen si consideran que es necesario, explicó.

El especialista señaló que cuando Australia decidió prohibir las armas no sufría una escalada delictiva como la que hoy tiene Uruguay, sino que se trató de una respuesta a un ataque masivo ocurrido en 1996 perpetrada por un hombre  en una atracción turística de Tasmania y que dejó un saldo  de decenas de muertos. En Escocia, en tanto, la prohibición se debió a otro tiroteo masivo, esta vez en una escuela.

Entregar armas  

Bergara dijo en En Persectiva que para lograr la prohibición se debería buscar maneras de que la población entregue voluntariamente sus armas. Esta medida, de entrega voluntaria de armas es la misma que apoya Casa Grande del Frente Amplio.

El asesor en materia de seguridad de este sector, Rafael Paternain, dijo a El Observador que el sector propone un aumento de las restricciones para adquirir armas, un plan de desarme de la población y un mayor control para perseguir la tenencia ilegal.  

Paternain, que se manifestó contrario a la prohibición total de la tenencia de armas por considerar que podría impulsar un mercado negro, dijo ser “favorable al desarme”, porque las armas que en ocasiones son vistas como elemento de seguridad, acaban favoreciendo la inseguridad, ya que muchas veces acaban en manos de delincuentes. Para eso, hay que buscar mecanismos para que las personas entreguen las armas que tienen en su poder voluntariamente, agregó.

En 2013 el Ministerio del Interior lanzó un programa bajo el nombre “armas por la vida” mediante el cual se invitaría a que las personas entreguen sus armas y a cambio reciban una bicicleta y una tablet. A pesar de que la cartera llegó incluso hasta tener un banner en su puerta de entrada anunciando esta campaña, lo cierto es que nunca se aplicó.

Sanjurjo dijo que, a diferencia de lo que cree Paternain, las políticas de entrega voluntaria de armas “no suelen tener un impacto sobre la criminalidad”. Quienes entregan sus armas son aquellas personas que las tienen porque la heredaron o porque está rota, sin embargo, quienes podrían utilizarla para un delito o se sienten más seguros portándolas, nunca las desecharían, explicó el especialista.

La política de entregar dinero (o una bicicleta o computadora) tampoco resulta adecuada, según Sanjurjo, puesto que los delincuentes podrían desechar armas de menor valor, y utilizar el dinero que reciben para comprar armas de mayor calibre.

Por eso, los casos de éxito de desarme de la población ocurren solamente en aquellos países que ya tienen niveles bajos de inseguridad, puesto que la población solo se deshace de sus armas si consideran que no están en riesgo y por lo tanto no son útiles. Si bien es conveniente reducir el número de armas en manos de la población, el impacto de esta medida en mejorar las condiciones es nulo, señaló el especialista. 

Para el especialista, lo que sí puede tener un impacto es realizar patrullajes y llevar ante la Justicia a aquellas personas que circulen en lugares públicas armadas sin una debida autorización. 

“Las políticas de desarme son el fetiche de la izquierda, así como lo es para la derecha las posturas de mano dura. Está absolutamente probado que ninguna de estas alternativas  tienen impacto en el crimen”, concluyó Sanjurjo.