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Ministerio del Interior dice que policías solo deben disparar cuando están en servicio
El anuncio del Ministerio del Interior de prohibir a los policías que estén armados mientras realizan otro trabajo fuera de servicio generó rechazo en el sindicato policial de Montevideo y abrió un debate sobre la interpretación de la ley orgánica policial.
El director de la Policía Nacional, Mario Layera, que anunció este lunes que la cartera de seguridad está "estudiando la normativa" para definir si deben hacerse cambios legislativos, dijo a El Observador que, en su opinión, los efectivos "no están obligados a intervenir, (sino que) están obligados a denunciar".
Ante la consulta de si constituye una omisión al deber de policía no intervenir para detener a un delincuente que está cometiendo un delito, el jerarca agregó que entendía que "es omisión si (el policía) está de servicio", pero que "si está en un supermercado de reponedor de góndola, no".
La situación del multiempleo policial es un problema que el gremio policial ha denunciado en varias oportunidades, y volvió a hacerlo la semana pasada, luego de que el agente Rodrigo Souza fuera asesinado en Piedras Blancas cuando quiso evitar un asalto del que fue víctima mientras se desempeñaba como repartidor de bebidas.
La presidenta del sindicato policial, Patricia Rodriguez, dijo a El Observador que la mayoría de los uniformados que trabajan fuera de hora son contratados para realizar tareas como guardias de seguridad encubiertos, ya que esa actividad está prohibida. El denominado servicio ilegal "223" es un remanente del viejo servicio 222, que fue limitado con la ley de Presupuesto de 2011. Según la dirigente esa situación pone en riesgo la vida de los efectivos, ya que estos, para evitar que las autoridades los sancionen, no usan su uniforme (lo que podría disuadir a algunos delincuentes), ni tampoco chalecos antibalas.
De todos modos, Layera insistió en que los policías no tienen obligación de actuar si están fuera de servicio, por lo que desarmarlos cuando no estén cumpliendo funciones no constituye una vulneración de su seguridad. "Estando disminuidos de capacidad de respuesta, no tienen por qué actuar; tienen la obligación de informar lo más pronto que sea posible", aseguró.
Sin embargo, para Washignton Abdala, abogado del gremio de funcionarios policiales, la ley contradice al jerarca.
"No se pueden decir cosas desde la superlativa ignorancia. El estado policial es permanente. Lo que dice este señor es un disparate", dijo el abogado a El Observador.
El artículo 41 de la ley orgánica policial establece que "la autoridad y el grado jerárquico que inviste el policía son permanentes, no se limitan al tiempo de servicio ni a la repartición a la que está adscripto, está obligado a desempeñar sus funciones por iniciativa propia o por orden superior, a cualquier hora y en cualquier parte del territorio de la República, si fuera necesario y sin perjuicio del respeto de las disposiciones sobre jerarquía a que se refiere esta ley".
Abdala, que escribió en su cuenta de Facebook diez críticas contra el anuncio del Ministerio del Interior, reiteró el argumento de Rodríguez de que "la intención de desarmar a la policía implica desarmar a la mayoría".
"Implica también violentar el principio de que el arma es imprescindible para la propia defensa del policía, que debe desempeñar sus funciones a cualquier hora y en cualquier parte de la República", opinó.
Comunicado
El gremio publicó un comunicado, también en su cuenta de Facebook, donde calificó de "lamentables" las declaraciones de las autoridades sobre este tema.
"Cuando estábamos esperando autocrítica y legalizar la prohibición de trabajar en seguridad fuera de la órbita del ministerio, lejos de aceptar que fue inviable y que expone a nuestros compañeros dicha prohibición se les ocurre redoblar, querer desarmar a los policías en sus trabajos", criticó el sindicato.
Esta situación, según los policías, "solo desprotege al funcionario sino también a la población", y se trata de una medida que es "a favor del delincuente".
"Con estas declaraciones le dan la espalda a sus policías, se alejan aún más de lo que estaban y por otro lado creen que pueden pasar por arriba de un Estado de derecho como si nada", siguió diciendo el sindicato, y concluyó que para llevar adelante el anuncio deberá modificarse la normativa en el Parlamento.
"¿Qué político estaría dispuesto a votar esa sentencia de muerte hacia los trabajadores policiales?", se preguntaron los uniformados.
