¿En qué está la construcción del hotel y casino de Cipriani en Punta del Este?

Ese permiso es clave para dar comienzo a la construcción del complejo y hotel de lujo en el predio que ocupaba el ex San Rafael, demolido el año pasado. Fuentes vinculadas al grupo empresarial dijeron a El Observador que se está esperando a contar con la licencia de casino para luego iniciar las obras.

Mientras varios hoteles están bajando la cortina golpeados por los efectos de la crisis desatada por la pandemia, el proyecto del empresario italiano Giuseppe Cipriani prevé una inversión de alrededor de US$ 450 millones. “El proyecto sigue todo en pie y sigue adelante”, dijo a uno de los consultados. La misma versión se tiene en el MEF. Hasta la fecha nadie comunicó un cambio de planes respecto a la ejecución y concreción del emprendimiento inmobiliario.

El nuevo complejo diseñado por el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly incluye un hotel, un casino –piedra angular del negocio–, un área residencial con servicio de hospedaje y condominios. El inmueble tendrá 160 suites, tiendas de lujo en un área de 6.000 metros cuadrados y el estacionamiento en 2,5 hectáreas en el subsuelo.

“Se está analizando todo el tema de garantía y cumplimiento. Está en la etapa final de poder otorgar la adjudicación, pero se está estudiando la fuente de financiamiento, el negocio presentado, los flujos de ingresos”, dijo a El Observador el subsecretario de Economía, Alejandro Irastorza.

A comienzo de 2019 la firma Fosara S.A presentó una iniciativa  para operar un nuevo casino privado en el complejo denominado Cipriani Ocean Resort and Club Residences Punta del Este que se proyecta construir en el departamento de Maldonado. En junio de 2019 el Poder Ejecutivo aceptó la iniciativa del grupo Cipriani, y en octubre aprobó los estudios de factibilidad. Luego se inició un proceso de licitación abierto, pero no hubo nuevos oferentes.

¿Por qué se llamó a licitación?  La normativa vigente establece que las licencias para este tipo de establecimientos deben otorgarse por llamado público que puede impulsar el Poder Ejecutivo, o a partir de iniciativas privadas que reciba el Estado, según lo establece la ley de reactivación económica (17.555) de setiembre 2002.

También se tomó en cuenta la cláusula que existe a favor de  Baluma SA (propietaria del casino privado Enjoy -ex Conrad-) en el contrato vigente con el Estado. Allí se le otorga la exclusividad para salas de juego, salvo que la inversión y el canon de  un nuevo emprendimiento sean como mínimo iguales a las del referido hotel.

En las bases del llamado se estableció que el monto a invertir en la construcción y alhajamiento del nuevo hotel de lujo deberá ser igual o superior a US$ 160 millones, ello sin considerar el valor de la tierra donde se asiente la infraestructura.

Además, como contraprestación, el adjudicatario deberá abonar al Estado un canon anual, que consistirá en un porcentaje de los ingresos brutos del casino y con un monto mínimo anual. Desde el primer año de la concesión hasta 2026 el canon será equivalente a 7,2% de los ingresos brutos, y de 7,95% a partir de 2027 y hasta el final de la concesión.

El monto mínimo anual a pagar será de US$ 7,8 millones el primer año, con un incremento anual de US$ 100 mil hasta 2026 inclusive. Luego de esa fecha el piso anual será un valor fijo que debe proponer el oferente en su propuesta económica y que debe ser equivalente o superior a US$ 8,4 millones.

La concesión para explotar la licencia de casino se otorgará por un plazo de 20 años contados a partir de finalizadas las obras y puesta en marcha del hotel y del casino. La nueva licencia se sumará a las otras dos de gestión privada ya operativas en el país: una el hotel Carrasco en Montevideo y la otra en el hotel Enjoy de Punta del Este.

Casino online

A comienzo de año la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas otorgó a la Banca de Quinielas un permiso para  “administrar” los juegos de azar realizados en internet.

En ese entonces el grupo Cipriani presentó dos recursos solicitando revocar tres resoluciones administrativas, todavía vigentes. Entre otros puntos, el grupo considera que los juegos de azar online con la legislación actual en Uruguay son ilegales, por lo que esas resoluciones deberían quedar sin efecto. Se entiende que una vez cumplido ese paso, se debería elaborar una regulación de los casinos online para transitar hacia el otorgamiento de licencias, mediante licitación pública y con pago de canon al Estado, como ocurre con los casinos físicos.