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El empresario Giuseppe Cipriani.

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El grupo Cipriani criticó proyecto del gobierno para juego online en casinos

Representantes del inversor italiano Giuseppe Cipriani reclamaron igualdad de condiciones para empresas que participan en el negocio de los juegos de azar

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07 de mayo de 2022 a las 05:04

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores comenzó a tratar esta semana el proyecto de ley que faculta al Poder Ejecutivo a explotar directamente  el juego online en casinos y a autorizarlo en concesionarios que ya tienen licencias para juego presencial, tanto en el sistema mixto como en el privado.

Durante la sesión, los representantes del grupo Cipriani definieron  la iniciativa como “incompleta”. Además, insistieron en la necesidad de una normativa integral que ordene todo el sistema de juegos de azar online y otorgue igualdad de condiciones para las empresas participantes. El empresario italiano, Giusseppe Cipriani, lidera el proyecto de construcción de un hotel de lujo con casino privado en el predio del exhotel San Rafael de Punta del Este, con una inversión piso de US$ 200 millones.

El abogado Pablo Monsuárez, explicó que el proyecto de ley solo regula los juegos online y no los juegos de azar online. En ese sentido, expresó que al regular los juegos de casino online, los pone en manos de la Dirección Nacional de Casino, y deja el resto de los juegos de azar online en manos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas “que no tiene competencia para hacerse cargo”, según dice la versión taquigráfica de la sesión de la comisión a la que accedió El Observador.

Resoluciones ilegales

Monsuárez añadió que a esto se suman tres resoluciones “ilegales” de 2020, que a su juicio hay que derogar y que completan “un panorama que no le va a hacer bien al sistema de juego”. Esas resoluciones dictadas por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas “dan el juego online entero” a la empresa Banca de Quinielas, “gratis” y “sin una inversión a cambio”.

También subrayó que uno de esos decretos le da la posibilidad de explotar el canal presencial de apuestas, cuando la ley de Turismo dice que debe haber licitación pública.

“No tengo nada en contra de la Banca, lo aclaro por las dudas, salvo el hecho de que no paga canon de nada. Como uruguayo no estoy de acuerdo con eso. ¡No paga canon! Factura US$ 500 millones, pero no paga canon. (…) El Enjoy paga canon, Cipriani lo va a pagar, Codere paga canon. Todo el mundo paga canon, como corresponde”, afirmó el abogado.

“Si esto, que es un avance parcial, queda como está  va a haber un sistema que es hemipléjico, rengo e injusto. Lo que va a generar es que haya jugadores o participantes en el mercado que tengan ventajas comerciales claras y no infraestructuras grandes a mantener. No es nada en contra de esta empresa específica; sería lo mismo si fueran una, dos o tres empresas. Acá hay que ser claro con la igualdad de condiciones para quienes participan, cosa que no se da”, insistió.

Por su parte, la abogada Andrea Oliva afirmó que el grupo Cipriani quiere hacer la inversión, pero a veces se “hace difícil explicar cuál será la situación en el futuro si todo esto se mantiene”.  También dijo que en enero de 2022 se firmó el contrato de concesión a pesar de que el tema no estaba resuelto, como “señal del grupo de avanzar y de respetar su palabra”.

Un nuevo socio

En febrero, Cipriani presentó como socio inversor  a Naguib Sawiris, un empresario multimillonario egipcio fuertemente vinculado al rubro de la construcción, el turismo  y las telecomunicaciones  que está al frente del holding Weather Investment.

Antes, en diciembre de 2021, el grupo firmó en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el contrato de concesión para la explotación de un casino privado por 20 años, que está condicionada a la construcción de un hotel de lujo. Junto con la firma del contrato, la empresa Fosara —el nombre de la empresa del italiano Cipriani— depositó una garantía que asciende a US$ 7,8 millones.

El nuevo proyecto consta de  tres torres horizontales de diferentes alturas detrás del tradicional hotel. Primero se comenzaría por la reconstrucción del hotel y por el basamento en donde estará ubicado el casino privado –clave del negocio– y el resto de los servicios.

Y recién después con esa parte ya operativa se pasaría a la segunda etapa en la que levantaría la primera de las tres torres, en la medida que exista demanda.

El nuevo plano está a estudio de la intendencia que deberá aprobarlo y enviarlo a la Junta Departamental para su votación.

La inversión base que hoy se maneja es de unos US$ 200 millones. Ese es el piso para la primera etapa de hotel, casino y amenities que está incluido en la licitación. Para la etapa dos la inversión dependerá de qué tipo de torres se construya.

“Uno tiene enfrente, como en este caso puntual al posible inversor y a distintos asesores que le preguntan cómo está el tema de las habilitaciones para el edificio, para el casino y qué tipo de licencias se necesitan. Ahí es donde uno empieza a patinar feo, porque no hay forma de explicarlo.  Cuando uno dice que el juego online está pero no está y habla de las tres resoluciones, bueno, es muy difícil que la gente, los inversores, vengan. Se hace muy difícil, muy complicado”, afirmó Monsuárez.

Bergara: el esquema legal “es un mamarracho”

El senador del Frente Amplio, Mario Bergara, afirmó que su fuerza política presentará en breve un proyecto integral que propondrá una modernización de todo el esquema legal y organizacional del tema de los juegos de azar en el Estado. Según consideró Bergara, hoy la estructura organizacional del juego en Uruguay “es un mamarracho”, porque a nivel del MEF hay dos direcciones que “confunden” la regulación y la operación de los juegos.
En ese sentido, explicó que hay una segmentación “arcaica” —los casinos para un lado y loterías y quinielas para otro— y con dos estatus jurídicos  diferentes, a tal punto que la Dirección General de Casinos ni siquiera está integrada en el Presupuesto nacional. Bergara es partidario que a nivel del MEF haya un organismo que sea de regulación y fiscalización, y un servicio descentralizado que se encargue de la actividad estatal en materia de operación de juego. 
“En ese proyecto también pensamos en encomendar al Poder Ejecutivo dos cosas principales: la regulación para lo que era incipiente y hoy es una realidad más flagrante, me refiero a los juegos online, y también la regulación de las máquinas tragamonedas, que pululan en el país en decenas de miles, con la contrapartida lógica de la tipificación de delito en caso de actuación ilegal”, afirmó.
 

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